El martes pasado el juez federal de General Roca, Hugo Greca, ordenó la detención de las mujeres mapuche Luciana Jaramillo y Romina Rosas con el único argumento de "garantizar que estén presentes en el juicio" por usurpación --un delito excarcelable-- contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu que se desarrollará el 26, 27 y 28 de septiembre en Bariloche. Se trata de territorios que los mapuche reclaman como ancestrales en Villa Mascardi, al sur de esa ciudad, en la causa iniciada por el organismo estatal que administra esas tierras, Parques Nacionales. Los abogados de La Gremial denuncian que las dos mujeres estaban “a disposición y a derecho, pero parece que el Tribunal ya tiene la sentencia firmada y les aplica el derecho penal del enemigo”. Lo mismo sucedió con la detención de Gonzalo Coña en Santa Cruz, otro integrante de la comunidad. Ninguno de ellos estaba prófugo.
Jaramillo permanece detenida en una comisaría de Bariloche, en tanto, Rosas recuperó la libertad el miércoles a mediodía en El Bolsón, luego de haberse presentado voluntariamente en el Escuadrón 35 de Gendarmería antes las versiones en redes de su orden de detención. Al parecer, el fiscal Gabriel Siciliano desconocía que la mujer estaba embarazada de siete meses.
"Sin darnos vista a la defensa, Luciana fue detenida en el pueblito de Cushamen mientras estaba con la responsable de Género del municipio, pero la trasladan engañada diciéndole que tenía que hacerse un estudio médico ordenado por el juzgado", relató a Página12 Laura Taffetani, abogada de La Gremial. La funcionaria es amiga de Jaramillo y por la irregularidad de la detención presentó una denuncia penal por su privación ilegítima de la libertad. Ella sospechó, pero no se negó al traslado y así fue revisada en el hospital de El Maitén, para luego quedar presa en una comisaría de Bariloche. "Es todo trucho, ni siquiera le leyeron sus derechos", apuntó la letrada.
Apenas se conocieron las detenciones, Mauro Millán, lonko comunidad Pillan Mahiuza, denunció que "fueron prácticamente secuestradas, porque sus niños quedaron solos y solas durante muchas horas. Luciana fue detenida en Cushamen donde vive con sus hijos de 4 y 10 años, y en el caso de Romina cursa un embarazo de siete meses. Ni los peores criminales tienen el tratamiento que estos jueces le dan al pueblo mapuche y principalmente a las mujeres".
La fiscalía había pedido la detención de todos los acusados miembros de la Lof Winkul Mapu: Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Joana Micaela Colhuan, “a fin de garantizar la realización de la audiencia de debate”. Sin embargo, el juzgado federal consideró que de todas estas personas, "sólo dos de ellas ameritan la detención al considerar que pueden profugarse". Esto es, Romina y Luciana.
"El fiscal hace cualquier conjetura y pide las detenciones de todas. Como supuestamente no encuentran a Luciana y Romina en su domicilio, el juez acepta detener a ellas dos", explicó Taffetani.
Desde el comité por los Presos Políticos Mapuche de Puelmapu alertaron que “la violencia racista perpetrada por el actual gobierno y su aparato judicial contra el Pueblo Mapuche está cometiendo una aberración en términos de derechos humanos, derechos de género, derecho a la maternidad, derecho de la niñez, absolutamente todos los derechos están siendo violados de manera impune por parte de la Justicia”.
El comunicado recuerda que “ninguna de las mujeres Mapuche estaba en condición de prófuga". "Es dramática la situación que tienen que atravesar nuestras hermanas que ya han sido reprimidas en el gobierno anterior, torturadas, encarceladas. Sus infancias, sus hijos, sus niñeces, han sufrido terribles traumas debido a esta violencia institucional y ahora vuelven a cometer el mismo crimen. Cambian los gobiernos, pero la intención de exterminar al pueblo mapuche se sostiene", agrega.
Luciana y Romina ya habían pasado ocho meses privadas de su libertad junto a otras mujeres de la comunidad y sus niñes. Fue tras un violento operativo de desalojo de la Lof de Villa Mascardi por parte del Comando Unificado del ministerio de Seguridad, en octubre de 2022, que motivó la renuncia de la ministra de las Mujeres, géneros y diversidades Elizabeth Gomez Alcorta. En ese momento, Romina cursaba la semana 40 de embarazo y fue llevada a parir al Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde no se respetó su cosmovisión ni voluntad de cómo hacerlo, y sufrió violencia obstétrica. Por eso lo sucedido esta semana pareció un deja vu
Las mujeres recuperaron su libertad recién en junio de 2023. Desde entonces cumplen con presentarse el primer lunes del mes ante la Justicia. En cambio, el Estado incumplió los acuerdos a los que se había comprometido en poco antes de la liberación de las compañeras de quien en vida fue Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura el 25 de noviembre de 2017, dos días después de un violento intento de desalojo a esa comunidad.
Hace menos de un mes, la Cámara de Casación anuló el fallo que homologaba un acuerdo alcanzado por una mesa por parte del Estado, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y una delegación de autoridades mapuche vinculadas a la Lof Winkul Mapu. Incluía un acuerdo conciliatorio ante la Justicia para que cesara la causa que mantenía privadas de libertad a las mujeres mapuche -entre ellas Romina, Luciana, Betiana- y les concedía un territorio de la Administración de Parques Nacionales para relocalizarlos. Sin embargo, el actual presidente de Parques, Cristian Larsen, desde que asumió venía anunciado que iba a desconocer el acuerdo y mantiene una postura de no negociar. El acuerdo firmado también reconocía el rewe (espacio ceremonial) de las tierras de donde había sido desalojada la comunidad Lof Lafken Winku Mapu, pero ese lugar tampoco fue devuelto y sigue militarizado.
