La mayoría automática de la Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió ayer en ley la declaración de emergencia previsional y reforma de la Caja de Jubilaciones que envió el gobernador, Maximiliano Pullaro, en una votación exprés cuya validez fue cuestionada por la oposición, y en medio de la represión policial a la movilización de estatales en la puerta de la Legislatura. Tan desprolijo fue el trámite parlamentario, que sólo se sabe con certidumbre quiénes votaron a favor: los 23 diputados del oficialista Unidos por Santa Fe presentes en el recinto.
El tablero electrónico arrojó como resultado 9 votos negativos y 11 abstenciones, pero tanto los legisladores del PJ como los del bloque Somos Vida, rechazaron que esa haya sido su voluntad. Junto a la bancada del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) plantearon la invalidez de la votación, pero no les alcanzó la fuerza legislativa.
Así, y mientras en el acceso al palacio legislativo la policía arrojaba gases a los trabajadores y jubilados que se oponían a la reforma y que, en algunos casos, lograron ingresar al edificio, Pullaro obtuvo la sanción definitiva de los cambios al sistema previsional que considera justo y progresivo, pero que son rechazados por sus “beneficiarios”.
El radical José Corral, miembro informante del bloque oficialista, fue el primero en fundamentar y dijo que el proyecto “tiene un objetivo muy preciso, salvar la Caja de Jubilaciones y hacerla sustentable en el tiempo”.
El exintendente de Santa Fe admitió que la reforma no es la mejor para activos y pasivos estatales. “Hay que decir las cosas como son: no estamos trayendo buenas noticias, hay que darle sustentabilidad a la Caja y hay que hacer esfuerzos, y tienen que aportar más quienes más ganan”, sostuvo.
Luego fue el turno de Fabián Palo Oliver (FAS), quien consideró el proyecto como “una extorsión: o aprobamos esto, o sepan que la solución es la transferencia a la Anses”. Agregó que con su bloque “no compartimos la emergencia ni el diagnóstico ni la delegación de facultades” al Ejecutivo para subir la edad jubilatoria, y también dijo que “se vulneran derechos adquiridos en nombre del déficit fiscal, de un fiscalismo que tiene mucho que ver con los tiempos que se están viviendo”.
“Dejen de demonizar que el kiosquero paga el déficit de la Caja, porque en realidad ese kiosquero paga el sueldo del gobernador, de los diputados y senadores”, desmitificó Oliver.
Siguieron en el uso de la palabra Emiliano Peralta y Silvia Malfesi (Somos Vida) y cuando fundamentaba su voto negativo el diputado Juan Argañaráz (Inspirar), el socialista Pablo Farías pidió una interrupción.
“Es evidente que están cediendo las puertas de la Legislatura”, dijo mientras se escuchaban en el recinto los sonidos de la represión en la calle. “Es una situación que no le guasta a nadie, pediría pasar a la votación en general y en particular y después seguir el debate todo el tiempo que queramos”, agregó.
La presidenta del cuerpo, la socialista Clara García, pasó rápido a la votación, que se dio en medio de un escándalo de gritos y cuestionamientos, y terminó con la aprobación de la ley por 23 votos afirmativos.
Estuvieron ausentes en la sesión la radical Ximena García; los socialistas Antonio Bonfatti y Sofía Masutti; Omar Paredes, de Somos Vida; y Fernanda Castellani del PRO. Mientras que Sergio Rojas (PS), no votó porque estaba en la puerta tratando de apaciguar los incidentes.
En medio de gritos y cánticos desde las gradas, la sesión pasó a un cuarto intermedio que recién se retomó más de una hora después. García dijo entonces que la votación había “sido reglamentaria”, pero la peronista Celia Arena pidió declararla nula, moción que fue rechazada por la mayoría oficialista.
El PJ, el FAS y Somos Vida insistieron en que sus votos no estaban representados en el resultado. “Estábamos en una situación compleja, no estábamos dispuesto a que los violentos interrumpieran la sesión. Quienes no pudieron votar, y no se abstuvieron y estaban en contra, pueden dejarlo notificado en la versión taquigráfica”, los consoló Farías.
Peralta insistió en que la votación fue nula y apartada del reglamento de la Cámara, y anunció que hará “el planteo de nulidad en la instancia judicial”.
Una vez aprobada la reforma, continuaron las manifestaciones. La justicialista Lucila De Ponti dijo que “no estamos defendiendo ningún privilegio, estamos defendiendo derechos tutelados constitucionalmente” y añadió que la norma implica un “ajuste”. “No vamos a decir que esta reforma la van a pagar los que más ganan, porque es una mentira, la van a pagar todos los trabajadores y jubilados de la provincia”, completó.
Amalia Granata, de Somos Vida, recordó que “no existe una caja de jubilaciones en el mundo que no tenga déficit” y vaticinó que “va a haber una avalancha de juicios porque la ley es inconstitucional”. La diputada dijo que en Santa Fe “sí hay plata” y recordó que, si no fuera así, “Pullaro no le hubiese pagado casi 1 millón de dólares a la señora Susana Giménez para que fuera la cara de la Lotería de Santa Fe”. Por último dijo que “el gobernador está haciendo caja porque lo único que le importa es su reelección".
