Un hombre de nacionalidad boliviana de más de 40 años de edad que padecía un cáncer terminal usó un DNI de un poblador wichí del municipio argentino de Santa Victoria Este para recibir atención médica en el país. 

Por la gravedad del caso el hombre fue derivado desde el Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en la ciudad de Tartagal, en el norte salteño, al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

El gerente general de este último Hospital, Pablo Salomón, contó que apenas llegó el enfermo se dispuso la atención por Servicio Social para que el paciente, que estaba acompañado por una mujer que decía ser su tía, coordinara una pensión de alimento para ella además de ropa.

Pero ante la gravedad del caso y el hecho de que el paciente estaba en el ciclo del “fin de vida”, quedó en manos del programa de Cuidados Paliativos del Hospital.

El 5 de septiembre se avisó que el hombre ya estaba en sus últimos momentos. Casi en paralelo el Servicio Intercultural del Hospital advirtió que el cacique de la Comunidad indígena Santa María, de donde era la persona cuyo DNI usaba el enfermo, había llamado pidiendo que trasladaran al paciente a ese lugar para permitirle fallecer en su entorno comunitario. Pero el hombre falleció el 6 de septiembre mientras estaba internado. 

Cuando se tuvo que hacer el trámite para obtener el certificado de defunción la mujer que decía ser su tía fue acompañada al Registro Civil. Ella se mostró renuente a entregar el DNI. Pero ante la insistencia “se vio acorralada y se quebró y dijo que el DNI no era el de él y que ella no era su tía, sino su mujer”, contó el gerente. 

“Ya se hizo la denuncia correspondiente”, dijo el médico al indicar que de ahora en más todo quedó en manos de la Justicia. 

Salomón agregó que resta determinar si este paciente ya había sido atendido con el mismo documento el año pasado, dado que existiría una historia clínica que coincide con el nombre y la patología por la cual se lo trató. Por el momento, el cuerpo del hombre sigue en la morgue del Hospital San Bernardo.

Aunque ayer no se pudo determinar fehacientemente la relación del paciente fallecido con la Comunidad Santa María, algunos pobladores indicaron que sería familiar de un cacique, que él también era parte de un pueblo originario y vivía en la misma región pero en el Estado Plurinacional de Bolivia. Santa Victoria Este está en el límite tripartito de Argentina con Bolivia y Paraguay. 

“El extranjero tiene que pagar”

Al ser consultado sobre el caso en particular, Salomón sostuvo que es necesario entender que “el extranjero tiene que pagar”. Advirtió que eso no implica que las personas extranjeras no residentes en el país no accedan a la atención sanitaria en caso de urgencia. Pero insistió en que se debe entender que “somos prestadores de servicios de salud, no un financiador” y por lo tanto “tengo que dar salud, pero alguien me tiene que pagar”, agregó. 

“Ellos (los extranjeros) viven dentro de un Estado que se tiene que hacer cargo sanitariamente”, siguió. 

Anteriormente esta situación se zanjaba con el convenio de reciprocidad rubridado por los estados de Bolivia y Argentina. Pero hubo denuncias de falta de cumplimiento por parte de Bolivia en algunos casos en particular. Frente a ello el gobernador Gustavo Sáenz impuso desde marzo último el cobro de la atención sanitaria a las personas extranjeras con residencia transitoria o precaria en la provincia. 

Sin embargo, en la zona de frontera, sobre todo la del noreste salteño, los límites entre un país y otro, y la nacionalidad de sus habitantes, no siempre son tan claros, más todavía si se tiene en cuenta que sus habitantes son preexistentes a la constitución de los estados de Bolivia, Argentina y Paraguay y los límites internacionales son, en términos históricos, muy recientes. 

Por otro lado, muchos habitantes bolivianos de la zona cercana a la frontera solían recurrir a la atención sanitaria del lado argentino. Es que si bien en Bolivia existe desde 2010 el Sistema Único de Salud (SUS) que garantiza el acceso gratuito a la atención integral en salud, especialistas de salud que conocen la frontera de ambos lados, afirman que hay tratamientos que tienen costos elevados pero sobre todo es muy difícil acceder a especialistas.

En Salta y Jujuy todavía está fresca la historia de Claudia, una mujer que residía en el pueblo de Montero, a 50 kilómetros de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, que en 2018 accedió a pasar droga en un intento por reunir el dinero que necesitaba para pagar el tratamiento de su hijo de 13 años que padecía de leucemia. La madre fue detenida en Ledesma, Jujuy, y fue alojada en la cárcel federal en Salta hasta que la Justicia Federal argentina ordenó su excarcelación por razones humanitarias y la extraditó. Eso posibilitó que se reencontrara con su hijo cinco días antes de que el niño falleciera.