El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció este miércoles a los 86 años en su domicilio en Lima, beneficiado por un indulto que le permitió salir de prisión. La muerte del exdictador significa una fractura en los juicios abiertos en su contra, en los que miles de víctimas siguen esperando reparación.
Dentro de las graves violaciones a los derechos humanos por las que se lo juzgaba a Fujimori están las esterilizaciones forzosas y la masacre de campesinos. También enfrentaba cargos por la venta de armas a las desmovilizadas FARC y un caso de corrupción.
“Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal”, escribió en X la congresista peruana Sigrid Bazán. Para Bazán, el legado de “corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo" no se borran con la muerte del dictador.
Las esterilizaciones forzosas
La política de esterilización masiva fue aplicada en la última parte de la dictadura de Fujimori para reducir el número de nacimientos en las clases pobres, en especial entre campesinos quechuahablantes de provincias andinas, aunque también hubo casos en Lima y otras zonas.
Teóricamente siempre se debía tener autorización, pero los testimonios y las investigaciones dan cuenta de que, en un porcentaje imposible de precisar, el personal médico recurrió a engaños, presiones o simplemente a la fuerza.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo peruana, aproximadamente 30.000 personas fueron sometidas a esta práctica de control de la natalidad sin previa consulta, pero el Ministerio de Salud ubica esa cifra entre 270.000 y 300.000.
La Masacre de Pativilca
En diciembre de 2023, un tribunal de Lima inició un nuevo juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori por una matanza de seis campesinos presuntamente perpetrada por militares y paramilitares bajo su gobierno (1990-2000), por la que el fiscal del caso le solicitó una nueva condena a 25 años de prisión.
El tribunal abrió el juicio por la llamada Masacre de Pativilca, una localidad agrícola y costera, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Lima, donde seis campesinos fueron asesinados el 29 de enero de 1992.
La matanza ocurrió en el marco de la "guerra al terrorismo" que emprendieron las Fuerzas Armadas de Perú contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA, que dejó en total unas 70.000 muertes y 20.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
En esta causa, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el "hombre fuerte" de Fujimori, fue condenado en enero pasado a 19 años y 8 meses. de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La Fiscalía pidió que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.
Otros juicios
Además de los juicios por violaciones a los derechos humanos, la justicia peruana mantenía causas abiertas contra Fujimori por la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999. Por este caso fue acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).
También era investigado por el 'aso Chavimochic. Causa en la que el exmandatario fue acusado de haber autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para la compra de terrenos agrícolas en beneficio de un particular.
Además, Fujimori era reclamado por otros casos como los de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro (1992) y el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo Colina.
