El escándalo nacional a raíz del violento operativo represivo de la policía federal durante la manifestación de los jubilados del miércoles en las inmediaciones del Congreso contra el veto presidencial sigue soplándole en la nuca al gobierno de Javier Milei. Este viernes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad y deberes de funcionario público.
El caso de la niña que resultó herida en medio de las protestas por un policía que le roció la vista con gas pimienta generó un fuerte repudio social esta semana. Sin embargo, la escalada de violencia de la funcionaria continúa hasta ahora, ya que además de haber acusado a la madre de "irresponsable" por acudir a una manifestación con su hija, desde las usinas oficiales filtraron un video falso para engañar a la sociedad y encubrir el accionar de los agentes de seguridad. Sin embargo, como es habitual, Bullrich negó la responsabilidad y se intentó despegar del escándalo.
En este marco, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia para que se investigue a la ministra, autora del protocolo "anti piquete" vigente desde diciembre. La misma fue sorteada y asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 que tiene a cargo al juez Luis Rodríguez.
En la denuncia, el abogado responsabiliza a la ministra por el accionar de un agente de seguridad federal, quien --según se aprecia en un video difundido en las redes sociales-- rocía con gas pimienta directamente en el rostro de la niña, contradiciendo la versión oficial del gobierno que sostenía que una manifestante era la agresora de la niña. Según el letrado, este hecho constituye un caso de “violencia institucional”, así como una violación de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dalbón pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia, que se presentó por el artículo 248 del Código Penal, que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad Alejandra Monteoliva, por presunta violación de deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García, y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
En tanto, Dalbón anunció este viernes en sus redes que será el representante legal de la menor afectada: "Fabrizia ya tiene abogado. Vamos a representarla ante la Justicia a ella y a su madre por la violencia institucional sufrida por ambas", informó.
La Red Federal de Derechos Humanos amplía la denuncia contra Bullrich
En el mismo orden, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Petriagalla Conti, informó este viernes mediante sus redes que la Red Federal de Derechos Humanos amplió "la denuncia contra la ministra Patricia Bullrich" que originalmente presentó el organismo "tras la represión a la marcha de los jubilados" el pasado 4 de septiembre.
"En este nuevo escrito, denunciamos los nuevos hechos sucedidos el 11/9, sobre todo la represión violenta que --además de jubilados y jubiladas-- ahora incluyó niños rociados con gas pimienta", enfatizó Petriagalla.
Asimismo, el titular del organismo de derechos humanos destacó que se "vuelve a hacer hincapié en que las fuerzas federales no tienen jurisdicción para actuar en la regulación del tránsito de las calles de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es competencia del Gobierno de la Ciudad".
"La nueva denuncia remarca que en su presentación inicial se había solicitado una medida cautelar para que se impidiera que las fuerzas federales actuaran y se desplegaran en las calles de la Ciudad", insistió el ex funcioanrio, al tiempo que señaló que "esa medida cautelar no fue atendida por (el juez Marcelo) Martínez de Giorgi y por el fiscal Guillermo Marijuan".
"De haberse hecho lugar a la misma, los nuevos hechos del 11/9 con los daños sobre jubilados y niños, no se hubiesen producido", consignó, y concluyó en su comunicado: "Por eso insistimos con que se inicie una investigación penal por abuso de autoridad y apremios ilegales contra Bullrich y que se le ordene abstenerse de actuar para ordenar las calles de la Ciudad de Buenos Aires, fuera de su competencia".
