El dueño de la plataforma X, Elon Musk, tildó a Australia de fascista por proponer una ley para multar a las redes sociales y las plataformas digitales con el cinco por ciento de sus ingresos globales por difundir noticias engañosas o falsas que causen un daño grave.
"Fascista" escribió Musk en su cuenta en X, al compartir la noticia sobre este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Camberra para combatir el grave daño que causa la distribución de información errónea y la desinformación en la seguridad, salud y bienestar de los australianos, así como a la democracia, la sociedad y la economía del país oceánico.
Sobre la libertad de expresión
Para el asistente del Ministerio del Tesoro de Australia, Stephen Jones, los comentarios de Musk son un disparate, según dijo este viernes a la cadena pública australiana ABC, al recalcar que la propuesta de ley responde al ejercicio de la soberanía de su país, como la de cualquier otro, para mantener a sus ciudadanos a salvo de estafadores y delincuentes.
"No entiendo cómo Elon Musk o cualquier otra persona, en nombre de la libertad de expresión, piensa que está bien tener plataformas de redes sociales que publiquen contenidos sobre estafas (...) noticias ultrafalsas, pornografía infantil o transmitir en directo escenas de asesinatos", señalo.
"¿Esto es lo que él cree que es la libertad de expresión?", agregó Jones al aludir a la reacción de Musk cuando la comisionada de Seguridad Electrónica en Australia, Inman Grant, ordenó en abril pasado a las redes sociales remover los videos relacionados al apuñalamiento de un obispo en una iglesia asiria en Sídney, el cual las autoridades calificaron de terrorista.
X, que consideró que la orden suponía un atentado contra la libertad de expresión, solo geobloqueó las imágenes en Australia, lo que motivó a la comisionada a acudir a los tribunales para que se retire el material a nivel mundial, aunque retiró dos meses después la demanda bajo el argumento de querer centrarse en otros juicios pendientes.
Contra la desinformación
La crítica de Musk se refiere al proyecto de Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la Información Errónea y la Desinformación) de 2024, que fue presentado el jueves ante el Parlamento de Camberra. Con la ley, el Ejecutivo australiano prevé dar más poderes para fiscalizar y regular a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA, siglas en inglés), según un comunicado gubernamental.
Así, la ACMA podrá aprobar un código sectorial obligatorio o elaborar normas en caso de que las medidas adoptadas por las plataformas para regularse no avancen en la lucha contra la desinformación, agrega el texto. Estas medidas, que complementan a los códigos voluntarios que se han impuesto las plataformas digitales y las redes sociales, también obligará a las plataformas digitales a incrementar su transparencia respecto a sus gestiones para luchar contra la desinformación en sus servicios.
Pero, de contravenir las normas, se contemplan multas, entre ellas el cinco por ciento de los ingresos globales de las plataformas digitales como Meta (dueña de Facebook e Instagram), que se negó este año a seguir honrando un acuerdo de 2021 para pagar por los contenidos periodísticos de los medios del país que publica en sus plataformas.
Ahora bien, la ley no dará poderes a la ACMA para retirar contenidos individuales o cuentas de usuarios, dado que las plataformas son y seguirán siendo responsables de gestionar los contenidos en sus servicios de acuerdo con sus propias condiciones de servicio, precisa el texto.
"La información errónea y la desinformación suponen una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los australianos, así como para nuestra democracia, sociedad y economía", indicó la ministra australiana de Comunicaciones, la laborista Michelle Rowland, en otro comunicado. "No hacer nada y permitir que este problema se agrave no es una opción", añadió.
La gobernanza en internet
Esta propuesta se enmarca en una serie de iniciativas sobre la gobernanza en internet que han sido anunciadas o presentadas ante el Parlamento, incluidas una contra el "doxing" (revelar información de una persona en línea sin su consentimiento) y otra para imponer límites de edad para acceder a las redes sociales.
El Gobierno australiano también presentó un plan para imponer millonarias multas a los bancos y empresas de telecomunicaciones, así como a las plataformas digitales y las redes sociales, si no toman medidas para prevenir y evitar fraudes. Las multas ascenderían hasta los 50 millones de dólares australianos (33,6 millones de dólares estadounidenses), según un comunicado publicado por cartera del Tesoro.
El borrador de este proyecto de ley contra las estafas, que será sometido a consultas, contempla la imposición de un código de conducta obligatorio para combatir a los estafadores y que tendrán que implementar mecanismos transparentes de resolución de reclamos.
En virtud del plan, el Gobierno australiano designará inicialmente a los bancos, los proveedores de servicios de telecomunicaciones y una serie de servicios de plataformas digitales relacionados con las redes sociales, la publicidad de pago en motores de búsqueda y los servicios de mensajería directa, de acuerdo al comunicado. Estas empresas estarán obligadas a prevenir, detectar, informar, desbaratar y responder a las estafas, así como a establecer sistemas de gobernanza.
Según datos de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés), los australianos denunciaron que fueron víctimas de más de 601.000 estafas el año pasado, equivalentes a unos 2.740 millones de dólares australianos (1.842 millones de dólares estadounidenses).
