El reciente anuncio de Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, sobre la prohibición de cobrar tasas indirectas en las facturas de servicios públicos generó una fuerte controversia que se esecenifica en la Provincia. La medida afecta especialmente a los municipios, ya que pone en riesgo una fuente clave de recaudación para financiar servicios esenciales. Frente a esta situación, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) se pronunció con un comunicado oficial mientras que intendentes bonaerenses, funcionarios y el propio gobernador interpelaron el decreto que podría ser judicializado, según indicaron.
La Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio anunciada por Caputo fue percibida por los intendentes como un intento de "desfinanciar" sus economías locales, pues muchas municipalidades utilizan las facturas de servicios públicos para recaudar fondos destinados a otras actividades y mantener servicios esenciales. En la práctica, esto significa que sin la posibilidad de incluir estos cobros en las facturas de luz, gas o agua, los municipios tendrán que buscar nuevas formas de generar ingresos, algo extremadamente complicado en el contexto económico actual.
A través de la plataforma X, Caputo explicó que las boletas de luz, gas y otros servicios públicos solo podrán contener los cargos relacionados directamente con el servicio contratado, prohibiendo la inclusión de tasas municipales, como el alumbrado público.
Rápidamente, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del ministro con los tapones de punta. “No aclares que oscurece, Luis Caputo”, expresó y continuó: “Es obvio que sólo buscan castigar a los municipios impidiéndonos cobrar lo que nos permite tener las calles iluminadas. ¡Es una locura que pongan en riesgo el alumbrado público! Esta medida no es beneficiosa para nadie, ni siquiera para las energéticas”.
Mendoza acusó al Gobierno nacional de querer “tapar el sol con las manos”. “Es inentendible, salvo por la vocación de seguir haciendo daño y de buscar nuevos temas para tratar de tapar, por ejemplo, el aumento de la inflación y el veto a la reparación a los jubilados. Como intendentes e intendentas vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar a la comunidad. De mi parte, no me van a encontrar en otra que no sea defender a Quilmes”.
En este contexto, diferentes intendentes y funcionarios dialogaron con Buenos Aires/12 y explicaron el alcance de esta medida y los posibles impactos, al igual que la posibilidad latente de judicializar el conflicto.
Se preparan para el impacto
El impacto de esta medida es particularmente preocupante para los municipios del conurbano bonaerense, que ya enfrentan una difícil situación financiera. Como señalan los intendentes, esta prohibición pone en riesgo la capacidad de los municipios para continuar ofreciendo servicios básicos, como el alumbrado público, que en muchos casos se financia precisamente a través de estas tasas. Gastón Granados, intendente de Ezeiza, habló con Buenos Aires/12 y aseguró: "En el caso de Ezeiza solo existe la tasa de alumbrado público en la boleta de Edesur. Es imposible que el Municipio afronte el pago del alumbrado público con fondos propios. Si nos quitan esa tasa, el conurbano va a quedar a oscuras. El gobierno nacional será responsable del aumento de la inseguridad".
Según datos proporcionados por la Municipalidad, este distrito tendría un déficit de 500 millones de pesos mensuales si se le impide incluir la tasa de alumbrado público en la boleta de Edesur. Actualmente, el municipio cobra esa cantidad por medio de la factura de electricidad. Sin esa tasa, el gobierno local no podrá cubrir los costos de las 38 mil luminarias que iluminan sus calles. “Las van a tener que apagar y el conurbano se va a quedar a oscuras. El Gobierno nacional de Javier Milei va a ser responsable del aumento de la inseguridad, y lo peor de todo es que va a afectar al vecino de forma directa”, sentenció Granados.
Los intendentes peronistas del conurbano bonaerense han sido especialmente claros en su rechazo a la medida de Caputo. Desde el Municipio de Moreno afirmaron que es una forma de "culpar a los municipios por los tarifazos". En declaraciones a Buenos Aires/12, la intendenta Mariel Fernández apuntó contra el Gobierno nacional: "Que se hagan responsables de los tarifazos que están implementando y que las familias no pueden pagar". “Solo saldremos adelante abandonando el rumbo trazado por la Casa Rosada y reemplazando la cultura del descarte por la cultura del encuentro, como nos enseña el Papa Francisco, para que prevalezcan políticas humanistas basadas en el amor y la igualdad. Una vez más, solo el Pueblo salvará al Pueblo”, agregó en un comunicado tras una reunión con intendentes de la primera sección en Merlo.
Desde el Municipio de Morón sostienen que el “Gobierno nacional no sólo desfinanció programas para mejoramiento y renovación del alumbrado público, sino que ahora les quitaría a los municipios una herramienta fundamental para afrontar el gasto que produce ese consumo energético”.
En términos concretos, si se implementa esta medida, a Morón le privaría de 1.500 millones de pesos al año. “El Gobierno nacional pretenderá que esa carga se traslade a las tasas municipales", advierten y explican: "Es decir, desentenderse también de esa responsabilidad y obligar a los municipios a incluirlo en las tasas (que las aumente) para que en definitiva quienes paguen el consumo del alumbrado sigan siendo las y los usuarios”. De este modo, es un golpe económico muy fuerte para la comuna del oeste, considerando que las tasas municipales siempre tienen un índice de cobrabilidad mucho más bajo que la factura de Edenor.
Otro problema que tienen los municipios es que, en tiempos de crisis, los contribuyentes tienden a dejar de pagar las tasas municipales que no se encuentran incluidas en las facturas de servicios públicos. Esto ocurre porque la falta de pago de estas tasas no implica el corte inmediato del servicio, como ocurre con la luz o el gas. Sin embargo, al eliminar la posibilidad de incluir estas tasas en las facturas, los municipios enfrentan el riesgo de no recaudar lo suficiente para seguir prestando servicios esenciales.
Esto se entiende en que la gente no quiere pagar impuestos extras. Cuando no pueden pagar la luz o el gas, mucho menos van a pagar el alumbrado público o la recolección de basura. Por este motivo, desde los municipios no descartan que la medida de Caputo termine judicializada, aunque previamente se reunirán en las diferentes secciones para evaluar con cautela los pasos a seguir.
La postura del OCEBA
El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires es encargado de la regulación en parte de los municipios bonaerenses, especialmente en los del interior. Rápidamente se sumó al debate destacando que la Ley provincial 11.769, en su artículo 78, permite la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. A través de un comunicado, el OCEBA aseguró que "la normativa provincial habilita a los municipios a seguir cobrando estos conceptos", lo que en la práctica podría significar una diferencia clave para muchos municipios de la Provincia.
“En tal sentido, la Ley provincial 11.769 regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas, estableciendo el cumplimiento de los recaudos correspondientes, sin que ello vulnere los principios de la Ley de Defensa del Consumidor”, reza parte del texto.
No obstante, el OCEBA aclaró que su jurisdicción no abarca a Edenor y Edesur, las principales distribuidoras de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que genera una situación compleja para las comunas dependientes de estas compañías, como es el caso de los municipios del conurbano. La ausencia de control sobre estas distribuidoras hace que la aplicación de la medida sea incierta en algunas zonas.
“Cabe aclarar, para despejar cualquier duda, que dada su vinculación con el servicio público de distribución de energía eléctrica, el consumo por alumbrado público puede ser incorporado en la factura como prestación del servicio de acuerdo a lo regulado por la Ley provincial 10.740. Sin dejar de considerar que la norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción”, completa el comunicado.
Walter Martello, ex director del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) explicó en charla con este medio que detrás de la medida de Caputo “lo que están buscando es desfinanciar a los municipios como una manera también de tenerlos atados a lo que tiene que ver la dependencia económica del Gobierno nacional”. “Y si bien puede ser cierto que los servicios eléctricos la cobrabilidad es casi 100 por ciento, la morosidad de los mismo va a traer aparejado un usuarios o contribuyente “deudor” que en este contexto agrega más dificultades a la población”, aclaró y cerró: “Y por eso creo que no tiene sentido una medida de “ilusión” y demagogia ampliamente judicializable”.
“Para tener mayor cobrabilidad”
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también intervino en la discusión, respaldando a los intendentes y al OCEBA. Kicillof, esta semana en plena movilización contra el veto a la movilidad jubilatoria, manifestó su rechazo a la medida: “Lo que planteó el gobierno es sacar un instrumento que tienen los intendentes para tener mayor cobrabilidad”.
En la misma línea que el gobernador, Gustavo Pulti, diputado provincial y ex intendente de Mar del Plata, consideró que la resolución de Caputo “un avasallamiento más dentro de las determinaciones que toma un Gobierno nacional con características de absolutismo unitario”.
“Si un recibo de luz que venía en siete mil pesos, viene ahora en ciento cincuenta mil pesos y la tasa se cobraba junto con la luz y hace que no se puedan pagar ninguna de las dos cosas por parte de los contribuyentes, es una decisión del contribuyente lo que no puede ser nunca es una decisión basada en una resolución de un área del Ministerio de Economía”, advirtió Pulti
Por otro lado, esta no es la primera vez que se intenta prohibir la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires ya había prohibido la inclusión de impuestos locales en las boletas de luz, una decisión que afectó negativamente a muchos municipios. Ahora, la resolución de Caputo parece seguir esa línea, pero con un alcance aún mayor, ya que afecta a todos los servicios públicos y a todos los municipios del país.
La resolución de ministro de Economía a través de la Secretaría de Industria y Comercio abrió un nuevo capítulo en la relación entre los municipios y el Gobierno nacional. Mientras los intendentes luchan por mantener los servicios esenciales, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión como una forma de "proteger al consumidor".
