El juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal número 3, declinó la competencia en la causa por lavado de activos contra la fintech Wenance, iniciada por el abogado laboralista Alejandro Liporace y derivó el expediente al Juzgado Penal Económico número 3, Secretaría 5, donde ya tramita una causa similar desde hace ya tres años.

La denuncia mencionada por Rafecas fue realizada por la propia Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en septiembre de 2021 y continúa en trámite, por lo que el juez no descarta "que, en un futuro, la imputación se amplíe e incluya a las personas y/o sociedades mencionadas por Liporace en su denuncia inicial".

En el escrito de once páginas al que tuvo acceso Buenos Aires/12, Rafecas sostiene, entre otros argumentos, que "dos causas han de tramitar ante un mismo Tribunal (acumuladas materialmente o no) no sólo cuando se da entre ellas la situación de conexidad de conformidad con lo establecido en el art. 41 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también en el supuesto que la investigación conjunta provea una mejor y más pronta administración de justicia, la prueba emergente de una pesquisa presumiblemente influirá en la otra, lo que permite avizorar una comunidad de prueba que aconseja la concentración investigada".

Siempre según el escrito, se habrían registrado en las cuentas de las empresas de Muszak movimientos de grandes sumas sin justificación. "En 2019 en cajas de ahorro y cuentas corrientes radicadas en el banco Supervielle de titularidad de Wenance S.A. por un total aproximado de $700 millones, para las cuentas denominadas en pesos y por un total de US$ 7.8 millones para las cuentas en dólares...".

Wenance era la fintech de Alejandro Muszak, el “Madoff de Olivos”, que realizaba intermediación financiera ilegal, sin autorización del Banco Central y era el jefe de una asociación ilícita que realizó un multimillonario esquema Ponzi, con operaciones en Argentina, Uruguay y España. En julio de 2023 dejó de cumplir las obligaciones con sus alrededor de ocho mil inversores.

La de lavado de activos, junto a la causa por estafa que tramita en Córdoba e investiga el fiscal especializado en delitos económicos Enrique Gavier, era una de las dos causas que siguen avanzando y podrían reclamar la detención de Muszak, hoy en libertad por decisión de la cámara de apelaciones de San Isidro.

Gavier es un fiscal especializado en delitos económicos. Entre sus actuacione más recientes, procesó a un importante jefe de la policía provincial. Antes había desbaratado una banda que realizaba estafas inmobiliarias y otras que realizaban fraudes con criptomonedas.

Muszak también enfrenta procesos judiciales en Uruguay, donde el Banco Central de ese país lo multó con aproximadamente 2 millones de dólares, le revocó la licencia y le impide operar, y en España, donde operaba bajo la marca Abuntia. Fuentes con acceso al expediente no descartan el inicio de acciones legales contra el financista también en Estados Unidos.

Las dos causas más importantes, sin embargo, eran las que tramitaban en el Juzgado número 43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que durante todo el proceso, hasta hace poco más de un mes, subrogó Paula Verónica González, ahora reemplazada por su colega Vanesa Peluffo, y la de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty y el fiscal Alejandro Guevara.

A diferencia de González, que fue objeto de sucesivos recursos de queja por retardo de justicia, razón por la cual los damnificados evalúan demandarla ante el Consejo de la Magistratura, Guevara culminó la investigación preliminar en tiempo récord y estaba en condiciones de elevar a juicio oral la causa por 20 estafas y asociación ilícita para cometerlas, de la cual Muszak era jefe e ideólogo.

Por esa misma causa, le fue dictada la prisión preventiva en abril, por la que estuvo detenido durante tres meses, primero en la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Florida Oeste y luego en el penal de Magdalena. 

Tanto la jueza de primera instancia como el fiscal comprendían que, habiéndose hecho de una suma no precisada por los peritos, pero superior a los cien millones de dólares, Muszak estaba en condiciones tanto de entorpecer la investigación como de profugarse. La cámara no estuvo de acuerdo y lo liberó en julio pasado.

La última jugada de la jueza González, antes de completar su período de subrogancia, fue interponer un recurso de competencia ante la corte suprema, luego de que sus intentos de reclamar para sí la causa de San Isidro, apelando al principio de fuero de atracción, fracasaran. 

Por este motivo, Muszak permanece, además de libre, sin juicio a la vista en el corto plazo, ya que le corresponde  a la corte suprema definir dónde tramitará finalmente la causa por estafa, si en el 43 porteño, donde los avances fueron casi nulos, o en el 3 de San Isidro, donde muchos hechos se dieron por probados en la instancia preliminar.  

Contexto

Las empresas fintech, apócope de finance technology, como Wenance tienen escasísimo control por parte del Banco Central de la República Argentina, debido a que la ley de entidades financieras todavía vigente, sancionada por la última dictadura cívico militar, los desmanteló para facilitar todo tipo de negocios.

Para la normativa, Wenance califica como una prestadora de crédito no financiero, al igual que numerosas mutuales y cooperativas. Amparado en ese vacío, Muszak hizo crecer su operación con prácticas ilegales, que en cualquier entidad debidamente controlada por el Banco Central, hubieran sido tempranamente detectadas. 

En 2023, Wenance fue apartada de la Cámara Argentina de empresas Fintech, creada en 2017 por el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín. Su director, Mariano Biocca, en defensa del sector, explicó que el modelo de financiamiento de Wenance era único en la industria y muchos de sus competidores afirman que ese era el secreto de su éxito: pagaba altas tasas porque transfería el riesgo a terceros.

“Las empresas de lending (N de la R: así se conoce a las que realizan préstamos para el consumo), suelen trabajar con capital propio o se fondean a través de inversores institucionales. Es el caso de Moni, Credicuotas, entre otras, pero el único que captaba dinero de la calle era Wenance”, relata.