“Es claro que Pullaro es la continuidad de la política de Milei en Santa Fe”, coincidieron el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado nacional Diego Giuliano, tras la sanción de la ley de emergencia y reforma previsional en Santa Fe que exigirá mayores aportes a los trabajadores estatales activos y significa un nuevo mazazo para los golpeados sueldos públicos provinciales. El gobierno insiste en que se trata de una reforma equilibrada que “termina con los privilegios”, aunque nunca aclara demasiado cuáles serían esos privilegios, y que implica que “el que más cobra más aporta”. Lo cual tampoco significa un estricto acto de justicia: Los que cobran varios sueldos mínimos son muy pocos y no sentirán el impacto del aumento de aportes y cuota solidaria, como sí aquellos que perciben salarios bajos y aportarán menos pero ese porcentaje tendrá un alto impacto sobre su poder adquisitivo. Una cosa es poder ahorrar menos y otra muy distinta es comprar menos bienes en el supermercado. Se la mire por donde se la mire, la reforma es un ajuste sobre los ingresos de la mayoría de los empleados públicos.

Alguien distraídamente puede pensar que Lewandowski y Giuliano opinan como opinan porque son peronistas y parte de la oposición en la provincia. Pero la verdad es que son dos dirigentes muy mesurados y poco amigos de las críticas furibundas o los ataques discursivos en medio de un escenario político sumamente violento en los mensajes. Pero dejan en claro que el gobierno de Santa Fe acaba de ingresar en un territorio distinto al que venía transitando. Por supuesto que hay matices entre la política de Javier Milei y la de Maximiliano Pullaro; pero sí se lo ve al gobernador santafesino aprovechando el contexto nacional, con bajo grado de reclamo por todo lo que ha perdido Santa Fe desde la asunción del gobierno libertario y, sobre todo, trasladando al territorio el enfrentamiento con los empleados públicos.

Pullaro no dejó de proveer medicamentos para la salud pública y hasta compró la misma cantidad de vacunas contra el dengue que adquirió la nación para todo el país. Habla y trata de promover la producción y la industria pero ha adoptado el berretín ideológico del superávit que, de por sí sólo, carece de todo mérito. Y los multimillonarios recortes de la nación a la provincia obligan a tratar de hacer caja como se pueda, para sostener un mínimo de obra pública, ordenar las cuentas y tratar de ser prolijo en la administración. También hay que decir que cuando gobernaba el peronismo en Santa Fe, Pullaro y principalmente el socialismo; fueron los primeros en criticar al gobernador Omar Perotti por los plazos fijos que tenía en el Banco de Santa Fe para hacer rendir al erario público y pagar todas las cuentas.

Para el socialismo la encrucijada de la reforma previsional fue como un desafío a vencer. Uno más, el primero había sido ir a una alianza con el macrismo además de la vieja sociedad con los radicales. Por eso se encargaron de difundir que fueron los diputados y diputadas socialistas los que “condicionaron” a Pullaro negándose a tocar la edad jubilatoria, aunque escondieron bien el artículo de la ley que le otorga facultades al gobernador para subir esa edad si así lo dispone el gobierno de Milei en algún momento.

Estas cosas, además del poder liso y llano, fueron las que enfrentaron gravemente en su momento a Miguel Lifschitz con Antonio Bonfatti. No son nuevas y por algo Hermes Binner enterró las aspiraciones de Lifschitz en 2011 y ungió a Bonfatti contra lo que decía la mayoría del partido y gran parte de la sociedad. Por algo Bonfatti no estuvo en la desprolija sesión del jueves y envió al diputado Rubén Galassi a esa demostración de fuerza del Frente Unidos, el día después de los gases, las refriegas y el voto a las apuradas. De pie en las escaleras de la Casa Gris, el ministro de Gobierno Fabián Bastia, la vicegobernadora Gisela Sacaglia, el senador Felipe Michlig, y los diputados Pablo Farías, José Corral y Galassi; pusieron el cuerpo y la cara para ratificar la necesidad de la reforma y defender la represión frente a la legislatura. Bonfatti tiene una muy estrecha e histórica relación política con muchos de los dirigentes gremiales que estaban atrás de las vallas ese día negro de septiembre.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó que “fue un día histórico, porque se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo y sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano y democrático”.

En ese contexto, Michlig aprovechó para desarrollar toda su prosapia antiperonista y expresar el más rancio radicalismo conservador. “Son gremios relacionados con el kirchnerismo que tienen esas prácticas violentas”, dijo en relación con la conducción de Amsafé provincial y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram); a quienes responsabilizó de instigar los ataques al edificio de la Legislatura y de provocar a la policía. Hasta los amenazó con denuncias judiciales que “van a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Pero los gremios también van a acudir a la justicia por la manera en la que se votó la reforma previsional, en medio de los apurones y dejando dudas entre ausentes y los que realmente se abstuvieron en el recinto. En una jugada de pizarrón, el diputado Farías interrumpió a otro legislador que estaba hablando y aseguró que las puertas de la Legislatura estaban cediendo a la presión de los manifestantes. Rápidamente, la presidenta de la Cámara, Clara García llamó a considerar la moción de orden para votar la ley por títulos y en un minuto se aprobó la iniciativa que ya venía con media sanción del Senado.

Por eso, en el almuerzo de Fisfe al día siguiente en Roldán, el gobernador agradeció y destacó “la valentía de los legisladores y sobre todo de la presidenta de la Cámara”. Allí también, Pullaro defendió los cambios impulsados porque, según dijo buscan “salvar la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos santafesinos”. Ese es el punto que planteó en el recinto el diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver que se preguntó por qué los trabajadores estatales son responsables de un déficit que fue construido por las sucesivas malas administraciones provinciales y agravado al extremo ahora por un decreto de Milei por el que se niega a hacerse cargo de los déficits de las Cajas Provinciales no transferidas a nación en su momento, como lo establece la ley. El diputado del FAS también cuestionó el apuro para reformar en pocas semanas un sistema tan complejo y con tantas implicancias sobre los futuros jubilados en Santa Fe.