La presentación del proyecto de Presupuesto  Nacional 2025 por parte del presidente Javier Milei este domingo está rodeada de más interrogantes que precisiones. La discusión política que se abre plantea la necesidad de alcanzar acuerdos mínimos y robustece el papel del Congreso –que deberá otorgar el aval legal a las políticas de gobierno- en un contexto donde las instituciones están siendo ninguneadas. La mirada del FMI también se posará sobre los apoyos alcanzados.

Evitar la prórroga del presupuesto será un desafío para el oficialismo en un contexto donde evitó acceder al máximo a las peticiones del resto del arco político. La “ley de leyes” supo prorrogarse en años de emergencia o recambio presidencial (2011, 2020, 2022 y 2024) pero en este contexto el Gobierno tuvo tiempo suficiente para priorizar gastos y lineamientos de política, a dos meses de cumplir un año de gestión. 

La visión tradicionalista del debate parlamentario que se abre sugiere que el Estado debe primero establecer las obligaciones en materia de derechos para la población y luego ajustar los recursos y gastos para cumplirlos. Sin embargo las pretensiones de Javier Milei parecen más concretas: continuar con la política de déficit cero, y ordenará la discusión detrás de ese mantra. El presupuesto esclarece el cómo.

Qué pasará con la actividad económica y los salarios en 2025, es una pregunta todavía abierta. El Gobierno aún no arriesgó una cifra para “el rebote” de la economía al presentar el avance del proyecto de Presupuesto 2025 en junio. Sin embargo, los técnicos que anticipan datos económicos en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central auguran un crecimiento del 3,5 por ciento el año próximo que contrasta con la caída de 3,8 esperada para 2024. Pronósticos optimistas suelen caracterizar a este tipo de estimaciones.

En el presupuesto se expondrán las bases del déficit cero y deberán explicitarse las alternativas de financiamiento (menores gastos o mayores ingresos) para el próximo ejercicio. En 2024 se prorrogarron las partidas del año anterior y eso otorgó una enorme discrecionalidad al Gobierno, que no dudó en utilizarla para su cometido. Dejar de hacer rutas o viviendas, aportes al fondo de transporte o cajas provinciales, suspender el pago de deudas con empresas energéticas, etc. fueron cuestiones muy discutidas entre políticos y técnicos pero no requirieron menores justificaciones de parte del Gobierno, el presidente se limitó a gritar “licuadora y motosierra” en las entrevistas públicas. Esta será la primera vez que el Ejecutivo discuta su proyecto presupuestario con el Congreso, al que vapuleó y vetó cualquier propuesta política.

Según algunos trascendidos, el oficialismo buscará garantizar el equilibrio fiscal de 2025 mediante una cláusula para ajustar automáticamente las partidas del gasto en función de la dinámica de los ingresos. 

“Es una copia de lo que sucedió en el Presupuesto 2001 de déficit cero de De la Rua, en un escenario donde la economía no repunta –como sucedió en aquel momento, y como es de presumir ahora-, cuando la recaudación cae, las partidas del gasto se ajustan a la baja en la misma proporción. Esto habilita el recorte de salarios públicos, jubilaciones, obra pública o transferencias a provincias (que hoy queda poco para recortar) de manera automática cuando la recaudación baja”, dijo el economista Hernán Letcher en diálogo con Página 12.

Queda así planteado el círculo vicioso del déficit cero, “donde se ajustá porque cae la recaudación, porque cae la economía y luego hay que volver a ajustar para cumplir con el déficit cero, provocando más recesión y caída de la recaudación a futuro”, completó Genaro Grasso del Centro Cultural de la Cooperación.

Se abre también una nueva etapa de negociación con los gobernadores de todo el país, quienes el pasado martes aprovechando la cita en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) redactaron un documento de cierre donde reclaman por las deudas de las cajas previsionales, los fondos del transporte público, la falta de ejecución de obra pública, etc. Firmaron todos excepto Osvaldo Jaldo, aliado del Gobierno en Tucumán.

Es un interrogante qué sucederá con los impuestos coparticipables. “Los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias en el año 2025 alcanzarían una suba del 47 por ciento respecto al año anterior (y una disminución en términos del PIB de 0,28 p.p)”, puede leerse en el anticipo del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo en junio. La inflación allí proyectada es del 35 por ciento, en lo que es otra apuesta optimista. 

La estimación de cómo se compensará la pérdida en la recaudación por la pérdida de vigencia del impuesto PAIS en diciembre también sigue inconclusa (la Oficina Nacional de Presupuesto estimó que tendrá un impacto negativo cercano a 1,13 por ciento del PBI). Asimismo, posiblemente haya pocas pistas sobre el esquema cambiario que regirá en 2025. Resta definir de cuánto será la entrada de fondos frescos (FMI, Repo, RIGI o blanqueo) necesaria para entender qué ocurrirá con esta variable clave para la economía argentina. 

Se descuenta que el Gobierno desea reducir el ritmo de devaluación del dólar oficial del 2 por ciento mensual en 2025, pero esto a su vez está supeditado a la trayectoria inflacionaria que se ancló en 4 por ciento en los últimos meses. También se mantiene abierta la posibilidad de levantar –más o menos gradualmente- las restricciones cambiarias, o la idea de unificar las cotizaciones, o desarmar el esquema cambiario blend para las exportaciones sojeras. Este tema es menos claro en la agenda política de LLA, y a su vez es un aspecto clave la negociación con el FMI.

No sólo importa si el Estado podrá cancelar los vencimientos de la deuda en dólares, sino también los de la deuda en pesos, cuyo stock prácticamente se duplicó en el primer semestre de este año. La promesa de Milei de que Argentina “no va a tomar más deuda” en 2025 parece más una definición conceptual, de no considerar como nueva deuda a la que se emite para cancelar amortizaciones vigentes, que una estrategia para mejorar el perfil de deuda. 

En los últimos meses el superávit financiero se achicó de modo que el Tesoro continuó dependiendo del roll over de la deuda pública para cancelar los vencimientos. Un análisis más técnico presentado por Alfredo Zaiat en su nota del anterior domingo muestra que la relación deuda pública/PBI pasó del 77 al 85 por ciento.

En el Mensaje que acompañó a la presentación del Informe de Avance del Presupuesto 2025 ante el Congreso, bajo la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se enumeran cuatro prioridades de la política presupuestaria para el próximo ejercicio. Las cuales parecen centrarse en los ministerios que tienen más peso en el Gobierno. 

Primero el “equilibrio fiscal sostenido”, “adoptando medidas fiscales audaces”, se aclara, en cabeza de Luis Caputo. Segundo el mensaje plantea “el acompañamiento social sin intermediaciones” pero manteniendo la prioridad de continuar con la política de déficit cero según se aclara. Tercero la “modernización y simplificación del Estado” luce un objetivo ambicioso que encarará Federico Sturzenegger para tener “un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos”, etc. Y, por último, se prevé atender “el equipamiento y modernización de seguridad y defensa”. 

Sin embargo, estos funcionarios no expondrán los principales lineamientos ante el Congreso. La cita tiene más cadencia de acto político que discusión previa a un proyecto de Ley de esta envergadura.