El Congreso de México aprobó la última semana una reforma constitucional relativa al ordenamiento judicial, propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO,foto). La iniciativa supone un cambio radical no solo para el vecino de los Estados Unidos, sino para toda América Latina, donde los poderes judiciales se han constituido en una línea de defensa acérrima de los grupos concentrados, las oligarquías domésticas y los intereses de Washington en la región.

Los cambios aprobados por el parlamento incluyen la votación popular de la totalidad de los magistrados federales e incluso la elección directa de los integrantes de la Corte Suprema de ese país. Entre 2025 y 2027 se elegirán alrededor de 1600 jueces que dejarán de ser propuestos por el presidente y confirmados por el Senado. De esa manera, México se constituirá en el primer país en el mundo cuyos jueces supremos deberán ser electos por el pueblo, situación que ha puesto irascibles a quienes continúan utilizado los tribunales para garantizar los privilegios corporativos de las derechas regionales.

Además, se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal (institución similar a la Consejo de la Magistratura argentina) y se crean dos instancias de supervisión de la actividad judicial. Por un lado, un ente de vigilancia administrativa, y, en segundo término, un Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá como función la denuncia de irregularidades ante la fiscalía y el impulso de juicios políticos a ser tratados por la Cámara de Diputados. La reforma incluye la protección de los magistrados, que podrán constituirse como “jueces anónimos, sin rostro”, para tramitar las causas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es la elección directa de los magistrados por parte de los ciudadanos. Sin embargo, en Estados Unidos, treinta y nueve de sus Estados (casi el 80 por ciento) votan a los jueces en forma directa, junto a los fiscales estatales y los procuradores distritales (de condado). En Latinoamérica, solo la República Plurinacional de Bolivia cuenta con una elección popular de magistrados, desde la reforma constitucional de 2009. Dichas modificaciones han logrado reducir y limitar las operaciones de criminalización política (lowfare) utilizadas por las oligarquías locales.

La reforma propuesta por el oficialismo fue aprobada por el parlamento y debió ser avalada por al menos la mitad de 32 Estados que componen la unión federativa de México. Hasta el último sábado, más del 60 por ciento de dichas entidades estatales habían rubricado le reforma, situación que enardeció a la oposición compuesta por el PRI, el PRD, el PAN, los medios de comunicación corporativos, los Think Tank financiados por el Departamento de Estado y –en forma directa– la Embajada de Estados Unidos.

El diario británico Financial Times, referencia obligada del globalismo neoliberal, se hizo eco de las inquietudes de la comunidad empresarial por el potencial aval que pudieran darle, a futuro, al resguardo del medio ambiente, respecto a la minería, la energía y las telecomunicaciones. El New York Times, por su parte, amplificó las advertencias extorsivas de los embajadores extranjeros, quienes conjeturan contracciones en las inversiones directas. El Washington Post sugirió que se debilitará la independencia judicial y se politizarán los tribunales.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más respetados y admirados por la izquierda latinoamericana, logró sortear la toma violenta del hemiciclo y sesionar en una sede alterna, la Antigua Casona de Xicoténcatl, donde se logró la aprobación de la reforma constitucional. En la madrugada del miércoles 11 de septiembre, mientras los senadores del bloque oficialista conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), recordaban el golpe criminal de Augusto Pinochet y homenajeaban a Salvador Allende, se lograba la mayoría calificada necesaria para habilitar la reforma constitucional. Luego de la derrota sufrida por la oposición, los supremos cortesanos anunciaron la suspensión de la medida de fuerza.

El 15 de septiembre se celebra en México el Grito de Dolores, en conmemoración de la convocatoria realizada por Miguel Hidalgo para liberar a México de la tutela de España. AMLO publicará ese día el articulado de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, quince días antes de entregar los atributos presidenciales a Claudia Sheinbaum. Es la primera vez en la historia de México que un presidente abandona el poder con un reconocimiento público cercano a las dos terceras partes de la ciudadanía. Según Noroña este reconocimiento se debió a dos factores: la fidelidad al pueblo y la decisión de enfrentar a la oligarquía. Habrá que aprender.