La escalada represiva de Patricia Bullrich contra las protestas sociales le dio notoriedad un grupo de personas con mameluco naranja que se dedica a asistir a los manifestantes apaleados por las fuerzas de seguridad. Se trata del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), una ONG de voluntarios que desde hace años participa en eventos masivos y que esta semana fue acusada por el gobierno nacional de atacar a la nena de 10 años que había gaseada por un policía. La operación mediática fue desmentida por la organización y calificada como una "difamación". “Nos dedicamos a brindar asistencia humanitaria”, remarcó a Página/12 su presidente, Esteban Chalá.
Fundado en 2002, el CEPA tiene origen en la ciudad chubutense de Puerto Madryn. “Nació ante la necesidad de impulsar un voluntariado de primeros auxilios que reforzara el sistema de emergencia de la ciudad”, contó Chalá. Actualmente, la ONG está compuesta por personas de diferentes formaciones, desde médicos y enfermeros hasta estudiantes, comerciantes, abogados, fotógrafos, arquitectos e ingenieros. “Deciden prestar su tiempo para brindar primeros auxilios. Se entrenan, toman capacitaciones y formaciones y se transforman en socorristas preparados para diferentes tipos de cuestiones que hacen a las emergencias”, señaló el titular de la organización.
Los voluntarios del CEPA prestan atención en diferentes eventos masivos, como manifestaciones callejeras, recitales o partidos, y también ofrecen capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios a diversas empresas. Además, han participado de misiones en el extranjero. “Muchos somos o hemos sido voluntarios de Cascos Blancos. Hemos sido designados para ir a diferentes misiones en el extranjero, como el terremoto de 2010 en Haití, o en la zona de guerra de la República de Sudán del Sur”, recordó Chalá. Respecto al viaje al país africano, agregó que participaron “tres personas que teníamos que ver con el CEPA, uno de la filial de Puerto Madryn, otro de Mendoza y otro de Buenos Aires. Fuimos a prestar atención en la zona de guerra para atender a los refugiados en conjunto con las agencias de la ONU”.
Chalá afirmó que el miércoles, luego de la votación en la Cámara de Diputados, comenzó la represión que dejó más de 40 heridos, primero con el spray pimienta y luego con disparos de bala de goma. Al ser consultado por el accionar represivo durante la movilización, prefirió no dar una opinión. “No tenemos la expertise como para evaluar su trabajo, consideramos que ellos saben bien la forma de desarrollar ese tipo de procedimientos y operativos”, dijo. “Nuestra especialidad está en poder brindar asistencia humanitaria en primeros auxilios, a eso es a lo que nos dedicamos”.
Sin embargo, brindó detalles sobre el episodio de la niña de 10 años gaseada por un agente de la Policía Federal. Al respecto, el presidente del CEPA contó que no se encontraban en el lugar cuando sucedió la agresión, pero que la asistieron posteriormente. “Estábamos sobre Callao atendiendo a otra gente descompuesta, y la gente nos empezó a gritar que necesitaban ayuda, que vayamos, que había una nena”, relató. “Fuimos a atenderla y las evacuamos de esa zona, a ella y su mamá, hacia Callao, donde teníamos a toda la gente. La atendimos ahí para limpiarle los ojos y calmarla, para que se pueda recuperar más rápido”.
Luego de la movilización, las organizaciones de voluntariados publicaron un comunicado oficial en el que desmintieron las acusaciones y difamaciones del Gobierno en su contra. “El voluntariado está fundado en principios de solidaridad, respeto y servicio a la comunidad. Ninguna mentira, por más difundida que sea, puede mancillar la nobleza y la legitimidad de la misión del voluntariado de emergencias de la República Argentina”, sostuvieron. “La difamación no solo daña la imagen de instituciones prestigiosas, sino que atenta contra el esfuerzo desinteresado de quienes, día tras día, entregan su tiempo y su corazón para salvar vidas”.
Chalá sostuvo que han participado anteriormente de otras movilizaciones callejeras que terminaron con represión, como la que hubo en diciembre en 2017 contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca han sufrido ataques o abusos policiales. “Nosotros solemos hablar antes de que inicie el operativo, cordialmente, porque con muchos ya nos conocemos de estar en este tipo de situaciones”, contó. “Cada vez que nosotros necesitamos pasar por los cordones donde está la Policía, o la Gendarmería, o la Prefectura, nunca nos hicieron ningún tipo de problema para poder pasar, llegar hasta la gente, atenderla y llevar a los heridos hasta un lugar seguro. Tampoco nunca nos quitaron a una persona que estuviéramos atendiendo. Cada vez que nosotros estamos atendiendo, ellos dejan que lo hagamos sin inconvenientes”.
El CEPA se presenta en su página internet como "una de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro más significativas entre las de su campo en el país". Su presidente explicó que cada uno de los voluntarios compra por su propia cuenta los uniformes y las herramientas. “Cuando desde la institución logramos recaudar a través de eventos privados, de la cobertura de eventos deportivos o recitales, o de los cursos que dictamos en empresas, ahí compramos materiales, insumos y uniformes”, aclaró y remarcó: “Del primero al último somos todos totalmente voluntarios”.
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
