El oficialismo consiguió destituir al camarista Eduardo Freiler, uno de los primeros jueces que por sus fallos quedó en la mira del gobierno de Mauricio Macri. Tras consumar la maniobra de apartar a un miembro del Consejo de la Magistratura para así poder avanzar con el juicio político en su contra, el oficialismo apartó al juez de su cargo con el argumento de que no pudo justificar su patrimonio, a pesar de que ya había sido sobreseído en la investigación penal por enriquecimiento ilícito. “El fallo ha sido arbitrario, sin sostén desde lo jurídico. Tiene una condición política que altera todo”, analizó José María Olivares, el abogado del camarista destituido

Freiler no estuvo presente en la audiencia que concluyó con su destitución. Olivares estuvo en representación suya en el momento de la lectura del veredicto.

La decisión de separar a Freiler fue en forma afirmativa por la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la camarista Inés Cantisani; los senadores Walter Barrionuevo (PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos); el diputado Hugo Marcucci (UCR); y el juez Mario Márquez. 

Esa mayoría de consejeros integrantes del jury de enjuiciamiento consideró probados los hechos por los cuales había sido configurada la acusación contra Freiler: presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de las irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y de un nivel de gastos incongruente con sus ingresos.

El abogado Raúl Piaggio no acompañó la totalidad de los cargos formulados contra el camarista y por lo tanto votó en disidencia parcial su destitución. La diputada Diana Conti (FpV-PJ), en cambio, votó en contra por considerar nulo el proceso.

La defensa de Freiler también alegaba que el proceso era nulo en virtud por la situación controvertida que se dio en su comienzo: sin los votos necesarios para acusar al camarista, el oficialismo impulsó una denuncia contra uno de los integrantes del Consejo, el senador Ruperto Godoy, con el argumento de que ocupaba su cargo sin ser abogado, una condición que no está establecida en la ley. Los oficialistas se valieron de una sentencia de Cámara no firme a favor de su planteo, para impedirle a Godoy votar sobre la apertura o no del juicio político a Freiler y tampoco esperaron a que asumiera su reemplazante, que ya había sido designado. Así, con un consejero menos, bastaron menos votos para sumar dos tercios.

También generó controversia el hecho de que Freiler ya había sido juzgado penalmente por enriquecimiento ilícito y fue sobreseído. A los consejeros que responden al macrismo no les importó e igual avanzaron contra el juez. 

Freiler es uno de los jueces incómodos para Cambiemos por algunos de sus fallos que han sido particularmente irritantes para la Casa Rosada. En esa lista se incluyen el procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas cuando era jefe de gobierno porteño; su postura para archivar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner; y su impulso a la indagatoria de los dueños de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura.

Olivares cuestionó la destitución de Freiler y afirmó que “no hay ningún delito de corrupción” en su accionar. “Él no ocultó nada, todos sus bienes están declarados”, agregó el abogado, quien anticipó que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. El abogado cuestionó asimismo la figura del “mal desempeño” que se le atribuyó a Freiler, al señalar que es un recurso “muy permisivo”, y señaló que la donación que recibe está certificada y que “de ahí a decir que por esa donación es corrupto, hay una diferencia muy grande”. 

El diputado macrista Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas, quienes actuaron como acusadores, alegaron que Freiler no puede explicar cómo obtuvo cerca de 16 millones de pesos, según un análisis de sus ingresos y gastos desde 2012 hasta octubre de 2016. Hicieron eje en la adquisición de algunos bienes por parte del camarista, entre los que sobresale una casa de 600 metros cuadrados frente a la quinta de Olivos por la que pagó 2,8 millones de pesos aunque la valuación fiscal era de 5,3 millones.