A esta altura sucede algo casi matemático en Comodoro Py: a medida que la ofensiva contra la oposición crece, las causas que atañen al macrismo se estancan o cierran. El gran beneficiado de ayer condensa un simbolismo particular, ya que se trata de Daniel Angelici, un personaje del reino del fútbol con conexiones expandidas en el territorio judicial (en tribunales, en el Consejo de la Magistratura, Colegio de Abogados, en la Inspección General de Justicia). Angelici fue sobreseído, por decisión del juez Sebastián Casanello, en una causa donde el fiscal Federico Delgado le imputaba tráfico de influencias y señalaba, en particular, su presunta participación en maniobras para forzar la renuncia del ex juez Norberto Oyarbide. Para el juez, sin embargo, no se concretó ningún delito, por lo que tampoco fue llamado a indagatoria durante la investigación. En la resolución sostiene que hay que distinguir entre lo que una persona es –en este caso, un operador judicial– y lo que hace, que a su entender no vulnera la ley.

El Tano Angelici es presidente de Boca y vicepresidente primero de la AFA (es uno de los tres funcionarios con facultades para firmar, o sea, tomar decisiones) y en su faz jurídica (abogado, forjado al calor del radicalismo de la Facultad de Derecho de la UBA) tiene formalmente el cargo de vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de Capital Federal, pero tiene lazos en lugares claves de la Justicia: domina, a través de allegados, el Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura, y hay funcionarios de su confianza en la Comisión de Acusación y la Secretaría General; tiene un vínculo de años con el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Sergio Brodksy, y ambos a su vez con Darío Richarte, ex vicedecano de la facultad de Derecho, y ex número dos de la ex SIDE; el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, es padrino del hijo de Angelici. En Comodoro Py son conocidos sus lazos con fiscales como Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita y Raúl Pleé, y jueces como Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi.

La buena noticia para Angelici, que colabora con su acumulación de poder, llegó paradójicamente en el mismo día que la destitución del camarista federal Eduardo Freiler (ver aparte). La causa se originó por afirmaciones que hizo Elisa Carrió en televisión, como que “Angelici interviene en la Justicia con consentimiento de Macri”. Cuando declaró, relató que tenía “conocimiento” de que Angelici “hablaba con Oyarbide pidiéndole que se jubilara, almorzaba con jueces y fiscales vinculados a Boca y que ‘ayudaba’, como dijo el propio presidente en un reportaje de La Nación, al presidente sin cumplir función institucional alguna”. Casanello, a pedido del fiscal Delgado, convocó a declarar también a periodistas que habían escrito sobre Angelici y su aparente presión sobre Oyarbide, y convocó a éste también, quien sostuvo que no se había reunido ni hablado con el presidente de Boca, y que su renuncia se debió a que estaba asediado por pedidos de juicio político pero como ya tenía posibilidad de jubilarse,  optó por ese camino. Incluso atribuyó denuncias y mensajes para dejar el cargo a la propia Carrió.

La resolución de Casanello dice que adoptó todas las medidas de pruebas posibles, que también analizó llamados y trató de corroborar contactos de Angelici con Oyarbide y reuniones con jueces en Puerto Madero, y no surgieron pruebas. Pero más allá de eso, su resolución argumenta que para que exista el delito de tráfico de influencias debe haber un favor de por medio: el delito exige la venta de una influencia a cambio de una dádiva, dinero o una promesa de una ventaja patrimonial, a cambio de un resultado (por ejemplo, una resolución determinada en el caso de un juez). El ejercicio de una influencia por sí mismo, explicó Casanello, no es delito. En el caso en cuestión el fiscal no planteó la existencia de una  compraventa de influencia, que tampoco se corroboró, según dijo. El juez también analizó si existió otro posible delito, que sería el de coacción, pero lo descartó. Sostuvo que no es su intención desconocer lo que es o no delito y perseguir “malas prácticas a través del uso de malas prácticas”. En síntesis, se puede ser operador o lobista sin consecuencias judiciales. El fiscal Delgado tiene ahora la posibilidad de apelar, aunque el clima en Comodoro Py hoy es funcional al oficialismo.