El ambientalista Juan López, que luchó contra la minería a cielo abierto en Honduras, fue asesinado a tiros en el noreste del país, en un crimen que provocó el repudio de las autoridades del país y de la ONU.
Según versiones de la prensa local, López, de 46 años, fue asesinado por sujetos en la noche del sábado cuando estaba en su vehículo tras salir de una iglesia del municipio de Tocoa (departamento de Colón), donde vivía y se desempeñaba como concejal de la alcaldía.
"Repudiamos el vil asesinato del compañero y líder ambientalista Juan López", señaló la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en la red social X tras el crimen.
"Exijo la mayor capacidad y atención a nuestras autoridades para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen", dijo horas después la mandataria en cadena nacional desde un estadio capitalino donde encabezó los festejos por la Independencia de Centroamérica.
El ambientalista era miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y los actos conmemorativos por la fiesta nacional fueron suspendidos en Tocoa.
Thelma Peña, esposa de López, dijo que el activista fue atacado "a tiros" momentos después de salir de la iglesia, donde ella no estuvo presente. En la madrugada del domingo, la Policía señaló que unidades de la institución, incluida una antipandillas, recolectan evidencias "que permitirán esclarecer los hechos".
Medidas cautelares de CIDH
El ambientalista había pedido recientemente en rueda de prensa la renuncia de funcionarios en Tocoa que pertenecen al partido Libre, luego de que aparecieran en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país.
En el video apareció Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya, quien a su vez es esposo de la presidenta. Tras reconocer que participó del encuentro, renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso.
La representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, instó al Estado a investigar el caso "considerando" las "posibles represalias" contra López "por sus denuncias contra el alcalde Adán Fúnez de Tocoa, a quien pidió su renuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado".
El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023 por amenazas contra él y otros ambientalistas de Tocoa.
"Es un acto de cinismo de las autoridades, el ahora salir con comunicados condenando el asesinato, exigiendo investigación cuando no cumplieron su obligación que era de prevenir" un ataque, dijo el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, quien acompañaba a López en la defensa del río Guapinol.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recordó que el martes emitió una "alerta temprana por la falta de implementación y efectividad de medidas" de protección para López.
Peligro para ambientalistas
López era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto y denunció daños en la reserva forestal Botaderos cerca de Tocoa, 220 km al noreste de Tegucigalpa. En noviembre de 2021 comentó sobre los riesgos que corren los ambientalistas en Honduras: "Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes [...] entra en choque con los grandes intereses", dijo durante una entrevista. "Si uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe que le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia", afirmó.
En esa conversación contó que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Berta Cáceres, la reconocida líder ecologista hondureña asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres, señaló que el Estado y el gobierno de Castro "son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan".
Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales en el mundo según la ONG Global Witness que en un informe publicado la semana pasada lo ubicó en el cuarto lugar con 18 asesinatos en 2023, después de Colombia (79), Brasil (25) y México (18).
