El juicio al cura Carlos Fernando Páez está previsto para los días 21, 22, 23 y 24 de octubre, en la ciudad de Tartagal. Es la nueva fecha que se asignó luego de que se suspendiera el año pasado por presentaciones de la defensa. El denunciante es el exseminarista Kevin Montes, quien reside en Córdoba, y contó que le ofrecieron que declare por zoom, ya que por los recortes presupuestarios y la actual crisis económica mileista, el Poder Judicial ahora no podría costear los pasajes.

Páez está imputado por abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido en su rol de ministro de culto reconocido y encargado de la educación. El Tribunal que lo juzgará será el de la Sala I de Tartagal, integrado por Ricardo Martoccia, Aníbal Burgos y Soledad Rodríguez.

Páez se desempeñaba en la parroquia La Santa Cruz, de Villa Saavedra, en Tartagal, dependiente de la diócesis de Orán. Fue denunciado en julio de 2019 por Kevin Montes, quien decidió hacer pública su identidad. El joven relató hechos de abuso cometidos en contra de su integridad sexual entre 2015 y 2017.

"Voy con la última cuota de fe y de esperanza de que sea un juicio objetivo y justo", dijo Montes a Salta/12. "He recibido muchos mensajes alentadores desde la comunidad de La Santa Cruz, digamos, de la parroquia, de donde soy yo y de donde estuvo Páez, solidarizándose conmigo y dejándome algún mensaje de ánimo. Eso fue lo que más me fortaleció en estas dos semanas desde que se fijó la nueva fecha", expresó también. El denunciante indicó que, en cambio, no recibió ningún mensaje de solidaridad de las autoridades eclesiásticas.

El abogado del cura es Aldo Hernández, "el papá del intendente de Tartagal (Franco Hernández Berni", señaló la víctima. Ante ello, dijo que espera que ese vínculo no tenga incidencia en el juzgamiento al cura, "espero que el juicio sea justo, con mucha objetividad, porque desde el inicio, el proceso ha sido confuso, sucio en algunos casos, en algunas situaciones".

Vínculos con la fiscalía 

El periodista y referente en Salta del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos -Filial Salta, Fernando Climent, reveló que el abogado de Páez "fue pagado por el propio Vaticano". Dijo también que "es un juicio que viene mal parido desde el principio". En primer lugar, recordó que "cuando se presenta la denuncia en 2019 ponen una fiscala que resultó ser catequista del cura acusado", en referencia a Lorena Martínez. Después, a raíz de esa "contradicción", se le asignó la causa al fiscal Pablo Cabot, quien "al mes" siguiente se casó con Martínez, a quien la víctima conocía además como amiga de Páez.

Climent recalcó que al comienzo del trámite de la causa no se le informaron los tiempos procesales a la víctima, y recién desde la fiscalía comenzaron a tener diálogo con el joven cuando las organizaciones de la sociedad civil que lo acompañan realizaron presentaciones por escrito exigiendo "que lo reciban y le brinden toda la información que una víctima necesita". Además, el juicio estaba previsto para mayo de 2023 y por presentaciones de la defensa lo suspendieron hasta esta nueva fecha, que se asignó para octubre de 2024.

Debido a las dudas que tenía la víctima sobre la objetividad de Cabot se conformó durante la investigación una unidad especial integrada por este fiscal y también por representantes de las unidades de delitos contra la integridad sexual, Sergio Obeid y Cecilia Flores Toranzos, de la capital salteña. Esta fiscala fue designada jueza a mediados del año pasado y dejó de intervenir, en su lugar asumió otra fiscala. Aún no se informó si el Ministerio Público enviará fiscales capitalinos al juicio.

Desde la Unidad Fiscal señalaron que los elementos colectados en la investigación penal preparatoria "revelan que el relato del denunciante no es aislado y desprovisto de sustento, sino que se corresponde con las manifestaciones de testigos que ocuparon roles diversos en la iglesia donde se desempeñaba el acusado, que dan cuenta de un modus operandi desplegado por parte del religioso".

Cabot se comunicó por teléfono con el denunciante a fines de agosto de este año para informarle la nueva fecha prevista para el juicio. Montes reside en Córdoba, ciudad a la que se mudó luego de las represalias que sufrió tras denunciar al cura en Tartagal.

"Con respecto a las garantías de mi integridad física, aún no lo hemos hablado, pero nada, hoy por hoy me conformaría con que me ayude el Poder Judicial con los gastos del pasaje para poder estar de modo presente en el juicio", sostuvo el denunciante. "Me dijeron que por la crisis económica que atraviesa el país, estaba la opción de que declarara de modo virtual. Y a mí en lo particular no me parece, por cómo se dio todo el proceso desde el inicio y por todo lo que fue pasando, todo lo que fue polémico y sucio en algunos casos, no me siento seguro y no siento que estén las garantías puestas si yo tengo que declarar virtualmente", expresó.

Está previsto además que en el juicio declare otro joven, que es testigo de identidad reservada, y que manifestó haber sido víctima de abuso sexual del cura cuando tenía entre 15 y 16 años.

Ministerio suspendido 

El obispo de Orán, Luis Scozzina, suspendió en 2022 de forma cautelar a Páez del ejercicio "público" del ministerio del sacerdocio y también dispuso que no siguiera viviendo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de localidad de La Unión, en el departamento Rivadavia, hasta que se resuelva su situación procesal.

"Él está inhabilitado para celebrar misas en público. Estaba residiendo en Tucumán. Pero, bueno, me contaron que él suele ir a hacer casamientos VIP o bautismos VIP para la gente que lo apoya. Él hace la celebración y otro sacerdote firma el certificado, en Tartagal", señaló Montes. "Tiene contacto con doctores, con gente que está trabajando en el municipio, abogados también. Entonces tiene como un vínculo fuerte que ha generado. Cuando digo vínculo fuerte, hablo de gente de la cual él se ha valido para generar una famosa dependencia emocional, gente que está detrás de él y no detrás de Dios, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero", resaltó la víctima.

Páez además era la "mano derecha", del obispo emérito de Orán Gustavo Zanchetta, que hoy cumple una condena por abuso sexual contra otros exseminaristas. Montes reveló que también fue víctima de Zanchetta, aunque no lo denunció por lo difícil que era para él enfrentar dos procesos judiciales juntos. "Había casos en los que Páez le facilitaba nuestras confesiones o direcciones espirituales a Zanchetta como para que él tenga más acceso de manipulación", recordó.

"Para mí es importante que Scozzina dé la cara, que esté sentado en el estrado y que pueda dar su declaración de modo presencial. Ya que todos sabemos que él, al ser obispo, tiene como la facultad de enviar un escrito o enviar una carta y me parece que él, como cabeza de la iglesia de Orán, tiene que estar sentado ahí también dando la cara", dijo Montes. El joven señaló que no recibió ningún tipo de apoyo de las autoridades eclesiásticas y que por el contrario, se enteró de que le estarían pagando la defensa legal a Páez.

El denunciante dijo además que todavía no recibió una notificación por escrito del inicio del juicio y tampoco los testigos han sido citados. La psicóloga de la Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico que brindó contención al joven durante estos últimos años, espera esa citación para declarar también como testiga.