En mayo de 1985, Pablo Díaz contó por primera vez ante un tribunal que sus compañeras de la Noche de los Lápices, como se conoce el operativo de septiembre de 1976 en el que secuestraron a estudiantes secundarios de La Plata, habían sufrido violencia por medios sexuales en los campos de concentración de la dictadura. Recién en marzo de este año, cuando se cumplen 48 años de sus desapariciones, la justicia reconoció estos crímenes.

María Clara Ciocchini llegó a La Plata en 1975, escapando de la represión en Bahía Blanca. Ella militaba desde 1973 en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en 1974 había sido elegida delegada del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Desde allí había sido una de las militantes que habían resistido la intervención de la Universidad Nacional del Sur (UNS) por parte de Remus Tetu, un hombre ligado a la Triple A.

Cuando llegó a La Plata se hizo amiga de María Claudia Falcone, que había entrado en 1974 al Bachillerato de Bellas Artes. María Claudia también era delegada y militaba en la UES. Venía de una familia con tradición peronista: su padre, Jorge Ademar Falcone, era médico y había sido intendente de La Plata.

Como la represión ya venía golpeando a Bellas Artes desde abril de 1976, María Claudia decidió dejar su casa y mudarse al departamento de su tía abuela en la calle 56 al 586. En la noche del 16 de septiembre de 1976, María Clara se había quedado con ella. Una patota las secuestró a ambas. En ese momento, María Claudia acababa de cumplir 16 años y María Clara tenía 18.

Las chicas pasaron –como el resto de las víctimas de la Noche de los Lápices– por el Destacamento de Arana. Después de unos días, los separaron: algunos fueron trasladados al Pozo de Quilmes y otros al Pozo de Banfield. Ellas, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro, Francisco “Panchito” López Muntaner y Pablo Díaz fueron llevados al Pozo de Banfield. Solo Díaz sobrevivió de ese grupo.

En el Juicio a las Juntas, Pablo Díaz relató que María Claudia le había comentado, con mucha angustia. que había sido violada y contó un episodio en el que María Clara había sido manoseada por los guardias en el Pozo de Banfield. Debieron pasar 47 años para que un tribunal hiciera lugar al pedido de la fiscalía para que esos delitos se juzgaran –y condenaran.

Seis represores fueron acusados por los delitos sexuales que sufrieron María Claudia y María Clara: Juan Miguel Wolk (jefe del Pozo de Banfield), Jorge Antonio Bergés (médico de la policía bonaerense), Jaime Lamont Smart (ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura), Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata) y el comisario Luis Horacio Castillo.

Todos ellos fueron condenados a prisión perpetua en marzo de este año en el juicio de las Brigadas –Quilmes, Banfield y Lanús-Avellaneda. En julio, los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata –Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti– dieron a conocer los fundamentos de su fallo. Allí puede leerse que el Poder Judicial argentino finalmente reconoció la violencia sexual que sufrieron María Clara y María Claudia. “Falcone fue víctima de abuso deshonesto y abuso sexual con acceso carnal, en tanto que Ciocchini fue víctima de abuso deshonesto. Ambas permanecen desaparecidas”, resaltaron.

“El Ministerio Público Fiscal viene trabajando desde hace muchos años en solicitar que se incorporen y que se visibilicen las violencias por medios sexuales, que sufrieron mayoritariamente las mujeres cis y trans en el momento de estar en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Respecto de lo ocurrido en la Noche de los Lápices, si bien se juzgó en otras oportunidades, nunca se había incluido entre los hechos a juzgar las violencias por medios sexuales sufridas por quienes en ese momento eran niñas o mujeres muy jóvenes”, explica la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

“Es importante destacar que la fiscalía de La Plata viene desde hace más de una década haciendo estos pedidos en la instrucción, sobre todo, para que se incluyan estas violencias. No siempre han tenido acogida favorable en los juzgados o en los tribunales, pero lo importante es que, sobre todo a partir del fallo Martel de la Corte Suprema, esto está cambiando. Una de las cosas más importantes de Martel tiene que ver con que los jueces dijeron que el reproche penal que se le hace a una conducta es relevante. No es lo mismo condenar solamente por torturas que incluir las violencias por medios sexuales, porque justamente el reproche penal tiene que ver con la mirada social que hay sobre los delitos también. Y en este caso es muy importante visibilizar todas estas violencias que durante muchos años permanecieron o invisibilizadas o fueron minorizadas por el sistema de justicia, que no tomaba justamente estos hechos como algo independiente de las torturas y como delitos particulares por los cuales también se debía sancionar a quienes participaron en el terrorismo de Estado”, remarca Oberlin.