El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, anunció la implementación de un nuevo sistema de juzgamiento de multas de tránsito en el territorio bonaerense. La iniciativa permitirá procesar una mayor cantidad de infracciones, incrementar la productividad del sistema y aumentar la transparencia en el manejo de las multas. 

El ministro subrayó que este nuevo sistema se desarrollará con recursos propios de la provincia y tendrá auditorías permanentes realizadas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el objetivo de garantizar un control eficiente y transparente en el manejo de las infracciones. 

El actual proceso de multas de tránsito de la provincia de Buenos Aires fue creado en 2009. “Hoy ha llegado al límite de sus capacidades”, afirmó D'Onofrio, que brindó datos concretos que ilustran la magnitud del problema: actualmente, el sistema alberga un stock de 32,6 millones de multas, algunas de ellas acumuladas desde su creación. Este volumen impide una gestión eficiente de las infracciones, lo que resalta la necesidad urgente de implementar un nuevo sistema.

Durante su exposición, D’Onofrio detalló que la recaudación anual ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2022, la Provincia recaudó alrededor de 13 mil millones de pesos en concepto de multas de tránsito, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 26.194 millones. En lo que va del 2024, hasta septiembre, ya se han recaudado 67.200 millones. Este aumento, señaló, “no solo se debe al incremento del valor de las multas, que está atado al precio de la nafta, sino también a un crecimiento en la cantidad de infracciones procesadas”.

En términos estadísticos de multas, en 2022 se condenaron alrededor de 1.100.000 infracciones, mientras que en 2023 la cifra aumentó a casi 1.500.000. En 2024, hasta septiembre, ya se ha alcanzado el millón de infracciones condenadas, y se proyecta que la cifra total superará los 1.800.000 para fin de año. Sin embargo, uno de los principales problemas del sistema actual es que carece de mecanismos para auto depurarse y controlar eficazmente ciertos aspectos clave del procesamiento de infracciones, como la veracidad de las fotos de las cámaras de tránsito y la correspondencia de los datos del infractor.

La implementación 

El nuevo sistema de juzgamiento, que estará operativo antes de fin de año, buscará una mayor eficiencia. Una de las principales innovaciones que tendrá será la automatización del proceso de encriptado de las infracciones, desde que se toma la multa mediante un radar o una cámara en un semáforo, hasta que se procesa en el sistema de juzgamiento. Este procedimiento permitirá reducir los errores que se generan en el sistema actual, donde muchas veces las fotos no son legibles o los datos del infractor no coinciden con el vehículo sancionado.

A su vez, el ministro explicó que, en la actualidad, se procesan entre 500 mil y 600 mil multas por mes, pero este trabajo es mayormente artesanal, ya que los archivos transferidos por los proveedores deben ser convertidos antes de ingresar al sistema. “El nuevo proceso digitalizado permitirá incrementar considerablemente la cantidad de multas procesadas, con un objetivo a largo plazo de aumentar tanto la productividad como la transparencia”, indicó D’Onofrio.

En simultáneo, este procedimiento contará con auditorías permanentes realizadas por la Universidad Nacional de La Plata. La casa de estudios, a través de sus facultades de Ciencias Económicas e Informática, será la encargada de monitorear y controlar el sistema, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control financiero del cobro de las multas. 

Control de intermediarios

En la actualidad, la recaudación y distribución de las multas se realizan en coordinación la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), ente nacional encargado de percibir y repartir los ingresos generados por las infracciones.

Sin embargo, el ministro señaló que la intervención de intermediarios o gestores, quienes se encargan de realizar trámites en nombre de los infractores, ha sido problemática en algunos casos, especialmente cuando los infractores ceden sus datos personales a estas figuras.

Frente a este tipo de hechos, el nuevo sistema permitirá un mayor control gracias a la implementación del “domicilio vial electrónico”, un proceso que asegura que todas las tramitaciones de multas sean personales. De esta forma, se evitarán las maniobras desleales de los intermediarios que, según D’Onofrio, en algunos casos “han abusado de la confianza de los infractores”.

Denuncias por irregularidades 

Por otra parte, el ministro se refirió a la denuncia por presuntas irregularidades en el sistema actual de multas de tránsito. Esta denuncia, que ya ha sido judicializada, investiga la posible existencia de una organización que se dedicaba a borrar multas de tránsito de manera ilegal. D’Onofrio aseguró que el Ministerio de Transporte “se ha constituido como querellante en la causa, y que están colaborando plenamente con la Justicia”.

D’Onofrio aclaró que, según la ley, el pago voluntario de una multa permite obtener un descuento del 50 por ciento. Sin embargo, la denuncia sugiere que algunas maniobras podrían haber permitido evitar este pago. No obstante, el ministro se mostró confiado en que la investigación demostrará que no hubo ninguna maniobra ilegal por parte de los funcionarios provinciales. 

“Estamos absolutamente convencidos de que, con la información que le hemos brindado a la Justicia, quedará claro que no hay ninguna maniobra por parte de los funcionarios ni de los juzgados provinciales”, afirmó, y explicó que los juzgados provinciales condenan un promedio del 70 por ciento de las infracciones, mientras que el 30 por ciento restante corresponde a absoluciones, muchas de las cuales se deben a errores en los datos o a prescripciones.

Anuncios para el Agro

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, asistió a la conferencia semanal para anunciar la segunda etapa del programa Impulso Joven, la cuarta etapa del plan estratégico de mejora de caminos rurales, y para denunciar que las prioridades del Gobierno nacional "no están puestas en el sector ovino". "El retiro general, el abandono y la deserción del Gobierno nacional se plasmó en distintos aspectos vinculados a la producción agroalimentaria, porque desde que asumieron no aprobaron ninguna homologación de emergencia agropecuaria y afectaron a 700 productores bonaerenses, pero también dejaron de pagar el plan de incentivo forestal y cancelaron la ley ovina", apuntó el titular de la cartera agropecuaria en su discurso.

Rodríguez explicó que a partir de su renovación en 2021, la ley ovina proveía la asignación de un fondo para el sector que el Gobierno nacional "decidió no ejecutar, aún teniendo fondos disponibles", con la excusa de que "no eran claros los resultados". Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia realizó un informe para mostrar que durante los 20 años de existencia, el plan financió 2211 proyectos productivos. En ese tiempo, la Provincia pasó de un stock ovino de un millón 400 mil a un millón 800 mil animales registrados, lo que significa un aumento del 30 por ciento, pero además incrementó la inscripción de productores, que pasaron de más de 11 mil a 26 mil registrados. 

Apuntando a los anuncios, Rodríguez recordó que el programa Impulso Joven fue lanzado el año pasado por el gobernador Kicillof, y aprovechó la conferencia para lanzar la segunda convocatoria. El programa, que está orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años que vivan en el ámbito rural y que busquen desarrollar proyectos individuales o colectivos ligados a la alimentación agropecuaria para fortalecer el arraigo, tuvo durante 2023 una prueba piloto en la que la Provincia seleccionó 65 proyectos, 48 individuales y 17 colectivos, que contaron con paridad de género y produjeron que miles de jóvenes bonaerenses produzcan en forma asociativa a nivel local.

"Entendemos la importancia de un Estado que de manera inteligente aborde estas iniciativas, y que acompañe en las dificultades que atraviesa la sociedad", dijo Rodríguez, y agregó: "Es un contexto sumamente difícil el que atravesamos por las políticas del Gobierno nacional, pero a nosotros nos guía la decisión del gobernador Kicillof de seguir con estas iniciativas para generar arraigo en cada distrito".

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario. 

En esa dirección se anunció la cuarta etapa del plan estratégico de mejora de caminos rurales, que tendrá una convocatoria abierta para que cada localidad pueda presentar los tramos de mayor incidencia que requieran ser mejorados, y que ahora también financiará la elaboración de planes municipales estratégicos, la capacitación del personal municipal y la mejora en las técnicas de mantenimiento.

El mantenimiento de éstos caminos es función de los gobiernos municipales, pero la Provincia decidió acompañar a los distritos en esta materia porque "concebimos al Estado como acompañante del sector privado, y no como contrapuesto como lo plantea Milei", resaltó Rodríguez.

El programa permitió, a lo largo de sus primeras tres etapas, la reparación y mejora de caminos, el alcantarillado, y el fortalecimiento del equipo vial. El objetivo trazado para 2023 había sido de 1990 kilómetros de caminos rurales, pero fue superado, porque el programa ya permitió la mejora de 4500 kilómetros de caminos que son necesarios y estratégicos para el desarrollo productivo. Hubo en total 349 obras, que impactaron en 108 municipios, 315 escuelas rurales, 158 parajes y localidades, y 385 tambos. 

Este programa está coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también por la Dirección de Vialidad, sin embargo, "siempre se consulta con los actores locales, por lo que la mayorías de los tramos trabajados fueron requeridos por los habitantes", según explicó el ministro.