La abogada Samanta Delgado, que patrocina a la comunidad kolla Tusca Pacha, informó que en el marco de un diálogo que continuará esta semana, "la empresa manifestó la posibilidad de dialogar sobre los daños ocasionados" en los reiterados intentos de desalojo que debieron soportar algunos comuneros. 

En el mismo sentido se expresó Leonardo Perez Esquivel, de visita en Jujuy relevando la situación de las comunidades originarias en esa provincia. "Esperamos continuar negociando por esta nueva vía", expresó. En el primer encuentro en el marco de estas conversaciones participó además Fabiola Suárez, referenta jujeña de DDHH.

El 5 de setiembre hubo un cuarto y violento intento de desalojo en ese sector de Palpalá en Jujuy, cerca del río Los Alisos. Las topadoras de la empresa Sucre SRL, propiedad de Alfredo González, ingresaron por la mañana al territorio comunitario. Como en los tres intentos de agosto, se avanzó sobre la comunidad sin orden de desalojo. "Fue otro hecho de violencia emocional y policial", expresó en ese momento Samanta Delgado, que patrocina a la comunidad y a Lilia Maraz, de 74 años, que habita el lugar desde que nació.

La abogada contó a Salta/12 que la policía jujeña acompañó en todo momento a la empresa, a su titular, y a la escriban Valeria Pérez Di Santi. "Directamente turbaron la posesión de la señora Lilia Maraz, destrozaron todo lo que no pudieron romper" en el operativo de la última semana de agosto, que afectó principalmente a Maraz. Destruyeron, dijo, "el tanque de agua, las plantaciones, tipas antiguas, y una parte de la cocina de Lilia". Luego detalló que un montículo de tierra quedó a escasos metros de la vivienda de la campesina, como advertencia de lo que vendrá.

"Fue otro hecho de violencia institucional y policial", prosiguió la letrada. Reiteró que, al igual que el 28 de agosto (fecha del tercer intento), las fuerzas de seguridad provinciales ingresaron "sin mostrar una instrucción de la Fiscalía o una orden civil que autorice a realizar esto". Las máquinas fueron frenadas a escasos metros de la pequeña casilla donde vive Lilia Maraz.

"La principal afectada es la señora, no puede aguantar otro ataque, otro daño hacia sus plantas, a su casa, a su posesión", continuó Delgado. "Es un daño terrible a su integridad, como mujer campesina, indígena, al cuerpo-territorio más precisamente, porque toda su vida transcurrió en ese lugar de donde ahora intentan desalojarla tras la muerte de su hermano". Pedro Maraz murió en febrero último, en circunstancias que esa familia denunció como irregulares y no fueron investigadas por la justicia jujeña. El hermano de Lilia fue denunciado por el mismo empresario en 2018, por la supuesta usurpación de las tierras que habitan por generaciones, pero fue sobreseído en 2022.

Ya finalizado el último intento de desalojo, Delgado constató que los fiscales a cargo eran Carlos Ariel Gil Urquiola y Ariel Chauque. "Después de los destrozos alrededor de la casa de Lilia, las máquinas pararon. Hicieron consultas con los ayudantes fiscales a cargo y fue entonces cuando Alfredo González", presente en el lugar, "dijo que quería llegar a un diálogo", expresó Delgado. La primera reunión de regociación finalmente tuvo lugar el 9 de setiembre.

Un protocolo que no se aplicó 

Cuatro días antes de ese último episodio, Tusca Pacha intentó generar una instancia de negociación. Justamente el 2 de setiembre el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la UTEP y el Frente Agrario Evita informaron a través de sus redes sociales que acompañaban a la comunidad jujeña en la iniciativa de abrir una instancia de diálogo con el propietario de la empresa Sucre SRL y titular registral de un inmueble donde la comunidad de Palpalá reclama la posesión de 3 hectáreas. Los movimientos destacaron que solamente perseguían "resguardar los bienes y la integridad de las personas afectadas, principalmente de doña Lilia, mujer sola de 74 años que está sufriendo por las situaciones vividas".

Informaron también que los organismos de derechos humanos jujeños habían solicitado durante la última semana de agosto al fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, que aplicara el "Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las Comunidades Aborígenes", un documento aprobado por resolución del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy en 2021. En esa instancia participó Leonardo Pérez Esquivel, hijo del Premio Nobel de la Paz, que se encontraba en Jujuy.

"Estuvimos reunidos con Tusca Pacha", comentó Perez Esquivel a Salta/12 en una entrevista que mantuvo con este medio antes de la V Cumbre del Agua para los Pueblos de Abya Yala. "Nos contaron que los intentos de desalojo tienen que ver con el avance del Parque Industrial en esa zona", precisó. En ese encuentro parciparon miembros de la Comisión de Derechos Humanos que creó la Nación en 2023 y que estuvieron en Jujuy presentando un informe sobre violencia institucional en la provincia durante las protestas contra la reforma de la Constitución jujeña. "Si bien la comunidad aún no tiene personería, tienen derechos propios por su existencia en el territorio que habita", sostuvo Pérez Esquivel. 

Esa reunión de Tusca Pacha con los miembros de la Comisión que Pérez Esquivel integra fue el 4 de setiembre, antes del último intento de desalojo. "Al día siguiente, ingresaron las máquinas y hablamos con la fiscalía porque el intento ocurrió sin orden judicial, un hecho que muestra los procedimientos arbitrarios que persisten en Jujuy", analizó Pérez Esquivel. "Lo que se hizo fue un algo absolutamente irregular. No se pueden avasallar los derechos de la comunidad y sobre todo de una persona muy mayor (Lilia Maraz) que no puede estar en una situación de estrés permanente porque aparece la policía y permite que se destruya todo".

Pérez Esquivel estuvo algunas semanas en la provincia jujeña, junto al equipo de la Comisión de Derechos Humanos que en 2023 elaboró un informe a pedido del gobierno nacional -entonces conducido por Alberto Fernández- acerca de los hechos de violencia y represión vividos en Jujuy durante la gestión del ahora ex gobernador Gerardo Morales. Ese informe fue presentado en Jujuy esa última semana del mes pasado e incluyó un análisis de la situación que atraviesan distintas comundiades originarias en la provincia.