Este martes a las 16 volverán a reunirse las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y la de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para decidir qué medida van a tomar frente a los seis legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a Alfredo Astiz y a los otros genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Los organismos de derechos humanos enviaron cartas a cada uno de los bloques para pedirles que tomen finalmente una resolución y “que lo hagan de cara a la sociedad que las y los votó”.
El 11 de julio pasado, llegó una camioneta de la Cámara de Diputados hasta la que se conocía como la Unidad 31- hoy Complejo 7 de Ezeiza. A bordo iban seis integrantes de la bancada oficialista: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Todos ellos estuvieron alrededor de cuatro horas en la unidad donde están alojados condenados por crímenes contra la humanidad. Cuando estaba terminando la reunión, todos –con la excepción de Bonacci– posaron para una foto de familia con los torturadores de la última dictadura.
El escándalo por la visita estalló el 16 de julio con una nota del portal La Política Online. Desde entonces, el Gobierno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscaron encapsular el asunto. El Congreso no dio respuestas al pedido de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos de separar del cuerpo legislativo a los diputados que empatizan con quienes desaparecieron personas durante la última dictadura.
Esta tarde habrá una nueva reunión de comisiones a la que fueron invitados los diputados que se reunieron con Astiz y compañía. Podrían hacer llegar un descargo por escrito, aunque no hay demasiadas expectativas de que esto suceda.
El reclamo de los organismos de derechos humanos
“A más de dos meses de la visita de diputadas y diputados de La Libertad Avanza a personas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza como parte de un plan de impunidad, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación no ha dado una respuesta institucional al conjunto de la sociedad, que ha manifestado su rechazo a este hecho de alta gravedad y sin antecedentes”, dice la nota que enviaron los organismos de derechos humanos.
El texto lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
Los organismos detallan que ya pidieron sanciones a los diputados en reiteradas oportunidades. El 19 de julio, le enviaron una nota a Martín Menem que nunca respondió. El 7 de agosto estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos y el 28 expusieron en la comisión de Peticiones.
El plan de impunidad
Para los organismos, no hay dudas de que los diputados fueron parte de un plan de impunidad que incluía a un grupo más amplio, integrado por el cura Javier Olivera Ravasi, el juez jubilado Eduardo Riggi, abogados defensores de criminales de lesa humanidad y también mencionan a una jueza. La referencia evoca a Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, quien, según Olivera Ravasi, habría participado de una reunión en marzo de este año.
El plan de impunidad, para los organismos, tenía varios resortes:
Había proyectos de ley para que no se pudieran investigar hechos después de los 20 años de cometido el delito –lo que haría caer todas las causas en trámite– y para otorgar la prisión domiciliaria de manera automática a los mayores de 70 años;
Había un proyecto de decreto que establecía la extinción de la acción penal a los 25 años;
Existía un compromiso de los diputados Benedit y Ferreyra Ugalde de llevarle las iniciativas al presidente Javier Milei;
Había un acuerdo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, para facilitar el ingreso a las cárceles de Benedit y sus colegas.
“Para continuar consolidando nuestra democracia es fundamental que los tres poderes del Estado sostengan su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”, reclaman los organismos. “El plan de impunidad del que son parte las y los diputados aquí cuestionados junto con otros agentes públicos colisiona con las obligaciones del Estado que imponen la investigación, juzgamiento y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad y la reparación integral de sus víctimas”.
