En cuestión de horas, un tribunal porteño determinará si los tres policías de la ciudad que hace cinco años rodearon y dispararon contra el remisero Claudio Romano hasta matarlo de ocho balazos son culpables del delito de homicidio agravado por abuso de autoridad y uso de arma de fuego, o si mataron en "legítima defensa", como aducen los abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. De lo que no hay dudas es que se trató de un caso de gatillo fácil.

Los tres policías porteños acusados son Claudia Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniela Isabel López y Darío Ramón Pérez. Fueron separados de la fuerza pero enfrentaron el proceso en libertad. El juicio contra ellos a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº12 comenzó la semana pasada y tuvo solo tres audiencias.

La querella pidió prisión perpetua y la defensa de los agentes, la absolución. Al finalizar la etapa de instrucción, la Cámara Criminal sostuvo que Romano tenía su “capacidad ofensiva sumamente reducida” y que los tiros policiales “fueron completamente innecesarios ante el supuesto riesgo que representaba”.

El caso pasó al TOC 12 y la sentencia se conocerá este miércoles a las 12. Pero en los días previos, las jornadas fueron más que tensas. Hubo intimidaciones mafiosas a los familiares de la víctima por parte de policías allegados a los acusados, según reveló a Página/12 Lucía Sánchez Cáceres, expareja del remisero. 

Cómo fue el asesinato del remisero

El asesinato del hombre de 39 años ocurrió el 1º de octubre de 2019 y la secuencia  desfiló por todos los canales y programas de televisión que lo repetían una y otra vez, a pesar del dolor que ello podría implicarle a la familia. El video de las cámaras de seguridad que registraron el crimen espectacularizó el caso pero a la vez evidenció la saña policial.

Lo ultimaron cuando estaba herido en el piso y ya no podía defenderse. Después de una serie de hechos que jamás pudieron determinarse porque la policía se encargó de hacer desaparecer las filmaciones de los minutos previos al crimen, Romano bajó ensangrentado de su auto, se dirigió a un patrullero, discutió con un policía, lo hirió con una navaja y entre tres agentes le dispararon y patearon en la cabeza.

En su momento, el caso desató múltiples debates: la impericia policial para contener un posible brote psicótico, la falta de formación para reducir a una persona sin matarla, la violencia como único recurso al que apela la fuerza y la presunta necesidad de las pistolas Táser para situaciones en que la policía no sabe qué hacer.

Aquel día, Romano había ido a buscar un pasajero a una clínica ubicada en Malabia al 900, en Villa Crespo. Las cámaras de seguridad lo muestran bajándose de su automóvil y dirigiéndose a un patrullero estacionado adelante. Tenía heridas en el abdomen y las muñecas cuyo origen -como se dijo antes- no pudo determinarse. En ese estado se acercó a la ventanilla donde estaba el policía Ramón Pérez, dicutió con él y lo hirió con una navaja. Luego corrió hasta el otro lado del móvil.

El agente Pérez se bajó y fue asistido por su compañera Manzanelli y otra que estaba en la calle, Isabel López.

Manzanelli hizo el primero de los tres disparos que dejaron a Romano inmovilizado en el asfalto. Cuando este intentó incorporarse, Pérez lo pateó en el torso e hizo que arrojara la navaja. Romano estuvo desarmado y herido durante casi un minuto hasta que intentó incorporarse y fue fusilado.

Los policías pudieron haberlo reducido, esposarlo, subirlo a una ambulancia y llevarlo detenido. Pero le dispararon ocho tiros; el último le dio en el pecho y lo ultimó.

La excusa de la "legítima defensa"

Los abogados de los policías, Manuel Ramallo y Rodolfo Barrios, pidieron la absolución de sus defendidos porque habrían actuado en “legítimo ejercicio de su deber” y en “legítima defensa”. Un argumento al que la División Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Ciudad recurre en todo hecho de violencia en que está involucrada la fuerza.

La querella representada por María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, sostiene que no hubo ni legítima defensa ni exceso, porque Romano estaba inerme e incapacitado por las heridas previas al remate.

Lo que nunca quedó claro fue por qué Romano se bajó de su auto, fue hasta el patrullero y agredió al policía. Las cámaras que pudieron haber registrado los momentos previos a ese instante explicarían lo que ocurrió, pero esas filmaciones desaparecieron en las horas inmediatamente posteriores al crimen.

Durante una de las audiencias de la semana pasada, un testigo echó un poco de luz sobre ese hecho. Contó que minutos antes de que el remisero se bajara herido del auto, vio pasar a una persona ensangrentada que claramente no era Romano.

Varios testigos más descartaron la hipótesis del "intento de suicidio" que esgrimió la defensa de los policías, con el objetivo de echar sobre Romano las responsabilidades de su propia muerte. También se echó por tierra la versión del "brote" violento. Quienes declararon dejaron en claro que Romano era una persona "normal" y no agresiva.  

Pero más allá de cualquier hipótesis, lo que se juzga es la conducta de los policías que habiéndolo neutralizado y pudiéndolo reducir, le siguieron disparando hasta matarlo.

"Días tensos"

El juicio oral que comenzó la semana pasada tuvo tres audiencias. Fue la primera vez después de cinco años que Lucía Sánchez Cáceres tuvo enfrente a quienes mataron a su pareja. Pero lejos de estar protegida por su rol de víctima y pareja de la persona asesinada, sufrió aprietes e intimidaciones propias de un accionar mafioso que habrían sido ordenadas por los policías acusados.

“Fueron días tensos”, contó a Página/12. Tanto Pérez como Manzanelli y López “nos miraban toda la hora fijamente y en forma intimidante”, describió.

La tensión fue tal que en la segunda audiencia un policía la siguió a ella y a su hijo de 22 años cuando fueron al baño y los encaró. Les exigió que no miraran más a la cara a los tres procesados. Es más, les ordenó que dejaran de llevar a las audiencias una botella de agua porque ello “representaba una amenaza” para los acusados.

Las advertencias también fueron hechas contra el padre de Romano, un hombre mayor de 80 años. Enterados de este hecho, los abogados de los policías sentados en el banquillo le ofrecieron sus disculpas a los familiares de Romano y les pidieron "que no lo tomen como algo personal".