La exención del impuesto a las Ganancias para magistrados y funcionarios de los Poderes Judicial nacional y provinciales le requerirá al resto de la sociedad argentina un esfuerzo fiscal adicional de casi 767 mil millones de pesos en 2025. Así lo establece el proyecto de Presupuesto 2025, presentado el domingo pasado por el Presidente Milei.

Para tener una idea de lo que representa ese dinero, es casi igual a los gastos proyectados en materia de "vivienda y urbanismo", que cuenta con un presupuesto de 707 mil millones e incluye iniciativas como el Procrear, construcción de viviendas sociales y desarrollo de infraestructura urbana.

El privilegio para los jueces es parte del capítulo denominado "gastos tributarios", que se comprende de un conjunto de exenciones y deducciones sobre el IVA, Ganancias, impuesto sobre los Combustibles, Seguridad Social e impuestos internos, entre otros.

La lógica de los gastos tributarios es el apoyo a determinadas actividades económicas o grupos desfavorecidos, por razones de equidad, desarrollo económico y tecnológico o estratégico. Sin embargo, a lo largo de los años varios se configuraron grupos con fuerte poder de lobby para evitar que esto se ponga en cuestión.

Los jueces

El proyecto de presupuesto presentado como una refundación de la Argentina por parte del anarcocapitalismo anti-casta no toca a uno de los feudos más privilegiado del país: los jueces. El privilegio viene la década del '30 del siglo pasado. En 2016 se estableció que solo estuvieran alcanzados por el impuesto todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1° de enero de 2017.

De acuerdo a las estimaciones del Presupuesto, a lo largo de este año el Estado nacional dejará de recaudar un total de casi 491 mil millones de pesos en concepto de exenciones del impuesto a las Ganancias para funcionarios del Poder Judicial. Para el año que viene, esa estimación sube a casi 767 mil millones de pesos.

Ese dinero es casi igual a los gastos proyectados en materia de "vivienda y urbanismo", que cuenta con un presupuesto de 707 mil millones e incluye iniciativas como el Procrear, construcción de viviendas sociales y desarrollo de infraestructura urbana.

Incluso supera al presupuesto destinado a "agua potable y alcantarillado", que tiene 619 mil millones de pesos asignados y que incluye acciones como la asistencia financiera a AYSA, inversión a cargo del ENOHSA y la Adaptación a Excesos Hídricos áreas urbanas, rurales y productivas. Asimismo, el gasto tributario por exención de Ganancias al Poder Judicial duplica a los fondos previstos para la función "Ecología y Desarrollo Sostenible", que tiene 363 mil millones de pesos.

Según dijo Milei el domingo, todas las partidas de gastos de parte del Estado nacional quedan sujetas al resultado a los ingresos. Esto no solo incluye a gastos no indexados por inflación, como la obra pública o salarios, sino también a los atados a la variación de precios, como puede ser el caso de jubilaciones o asignaciones familiares. 

A diferencia del gasto público tradicional, que ahora queda bajo el velo del ajuste eterno que promete el Gobierno, los gastos tributarios, al ser ingresos no percibidos, quedan fuera del esquema. De hecho, Milei ni los nombró, a pesar de que en total, sumando todas las partidas de exenciones y deducciones, equivalen a un 3,54 del PBI.

"Es una barbaridad que mientras los jueces no pagan Ganancias se la pasan hablando de los jubilados que cobran la mínima, que pagaron sus impuestos durante toda la vida, fueron empleados no registrados y accedieron, pagando, a las moratorias. Los jubilados de la mínima, con sus impuestos, financian a un sistema de seguridad social desfinanciado en parte por la exención sobre los jueces, que además se benefician de uno de los tres sistemas de jubilación de privilegio que todavía existen en el país", sostiene Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en Seguridad Social.

Otros beneficiados

Otro caso interesante es el del gasto tributario asociado a la "Economía del Conocimiento", un sector en auge en donde Argentina ha logrado avances en materia de generación de empleo de calidad y exportaciones de servicios. 

Esto también incluye a gigantes del sector, como Mercado Libre, cuyo CEO, Marcos Galperín, desata siempre que puede su furia antiestatal. La promoción al sector de la economía del conocimiento se llevará este año un total de 240 mil millones de pesos y en 2025 ese monto ascenderá a 467 mil millones de pesos.

También el clásico tema del régimen promocional de Tierra del Fuego, que tampoco fue afectado por el gobierno libertario. Las estimaciones presupuestarias para 2025 marcan un total de ingresos no percibidos por el Estado nacional del orden de 1,34 billón de pesos, equivalente al 0,18 por ciento del Producto Bruto Interno.

También las empresas mineras reciben favores del Estado. Este año, a raíz del régimen de promoción de la actividad minera establecido en los años '90, la sociedad argentina tendrá que pagar casi 396 mil millones de pesos extra de impuestos. El año próximo, esa carga sobre la población subirá a los 541 mil millones de pesos.