Sin más castigo a la vista que un tirón de orejas, los diputados libertarios que fueron a fotografiarse con Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza hicieron finalmente su descargo en la Cámara de Diputados. La defensa, sin embargo, fue escrita -ninguno, excepto Lourdes Arrieta, quiso dar la cara- y giró alrededor de la misma excusa: la visita "humanitaria" para conocer las condiciones de salubridad de las unidades penitenciarias. Solo Alida Ferreyra, que ya había participado de otra visita a genocidas en Campo de Mayo, atinó a defender la visita a los represores e, incluso, la presentación de iniciativas por la impunidad. El organizador del tour, Beltrán Benedit, en cambio, ni se dignó a mandar dos líneas. Si bien Arrieta volvió a prender el ventilador, publicando fotos de los represores y chats con asesores de Martín Menem, en la conducción libertaria respiran tranquilos: el escándalo, para ellos, ya puede darse por cerrado.

Era la cuarta vez que los diputados se reunían en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados para definir qué hacer con Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Fernanda Araujo: el sexteto de diputados libertarios que había visitado, el pasado 11 de julio, el complejo de represores condenados por lesa humanidad de Ezeiza. Después de varias idas y vueltas se había acordado que, previo a dictaminar, se escucharía la defensa de los acusados. Excepto Arrieta, sin embargo, ninguno quiso presentarse en persona: solo mandaron los textos escritos minutos antes de que arrancara el plenario de comisiones. Ninguno llegó a leerlo antes, lo que llevó - una vez más - a que las definiciones se patearan para dentro de una semana. 

La demora sistemática del debate -motorizada, en parte, porque el peronismo no logra juntar los votos para expulsar a los diputados- solo es ganancia para La Libertad Avanza, que observa que el tema, finalmente, ha comenzado a diluirse. Tienen preparado, junto al PRO, un dictamen de repudio lavado con el que pretenden clausurar el tema y confían en podrán sumar avales en el resto de la oposición dialoguista. Unión por la Patria, mientras tanto, se debate entre insistir en la conformación de una comisión investigadora o dictaminar la expulsión directa de los diputados: el objetivo era sostener el tema en agenda lo más posible, usándolo para desgastar al oficialismo, pero hasta los más entusiastas observan que al debate le queda poca expectativa de vida.

Los descargos libertarios

Fueron, en total, cuatro descargos que podrían dividirse en dos grupos: los que defendían su derecho a visitar a los genocidas -Ferreyra, Montenegro y Araujo- y las arrepentidas que cuestionaban la visita y pedían que se investigara -Bonacci y Arrieta-. "El recorrido estuvo destinado a observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo. En ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales", argumentaron, en el mismo escrito, Araujo y Montenegro, quienes fueron los encargados de sacar la foto de familia con los represores después de la visita. "Creemos que la tolerancia democrática implica admitir todas las ideas, incluso cuando estas son contrarias a las propias", remataron. 

Más entusiasta, Ferreyra agregó que ella había visitado a los represores para asegurarse de que las penas no se habían convertido "en un tormento para los reclusos" y que, en tanto diputada, podía recibir "las inquietudes políticas y de proyectos de distintos sectores de la sociedad". La diputada se refería así, por ejemplo, al proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los represores que les había entregado, cuando visitaron Ezeiza, el genocida Raúl Guglielminetti. "No puede ser objetado y puesto en tela de juicio, por cuanto, la libertad del legislador y su trabajo legislativo, tiene sustento en el bloque federal de constitucionalidad", sostiene Ferreyra.

El descargo de Rocío Bonacci, mientras tanto, fue una sorpresa. Bonacci había sido la primera arrepentida - así como la responsable de filtrar la historia de la visita a los medios - y, desde un principio, denunció que había sido llevada "engañada" al penal por Benedit. La diputada santafesina, incluso, había responsabilizado a Martín Menem, declarando - en varias ocasiones - que la visita había tenido "aparentemente el okey" del presidente de la Cámara. En el descargo que presentó el martes, sin embargo, la diputada se rectifica y termina liberando a Menem de cualquier tipo de responsabilidad: "Entendí que las acciones llevadas a cabo por los Diputados Benedit, Montenegro y Ferreyra, son autónomas y fuera de la línea partidaria y del Bloque", sostiene.

Bonacci reconoce que la visita a los genocidas "no fue un hecho aislado", pero aísla la decisión en el grupo de diputados (que amplía hasta los 13 legisladores que formaban parte del chat organizado por el cura Ravasi y abogados de criminales de lesa humanidad desde febrero). En un mismo movimiento, la diputada se desentiende de la visita a Ezeiza y culpabiliza a sus compañeros de bloque de haberse "escapado de la lógica de orden partidario". Salva, así, a todos los jefes políticos de LLA: Menem, el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, y, ya sobre el final, al mismo Javier Milei. "Nada de esto es parte de la agenda del presidente Milei, y él fue muy claro, en este sentido, al pedir públicamente 'que se investigue'", advierte. 

Con su descargo, Bonacci daba cuenta que volvía alinearse detrás del bloque libertario después de jugar al electrón libre junto a Arrieta. Al menos por un tiempo. Arrieta, en cambio, insiste en responsabilizar a Menem de la visita. En su descargo, la diputada del pato amarillo en la cabeza profundiza en la necesidad de conocer "quién autorizó" la visita y pide que se continúe investigando. En la defensa escrita, vuelve a mostrar los chats con el cura Ravasi y la dinámica interna que llevó a participar de la visita. Muestra, a su vez, el intercambio con uno de los asesores de Menem, que le pedía que no hablara del tema. Y vuelve a confirmar, por otro lado, que el Servicio Penitenciario no los revisó - ni a los diputados ni a los asesores - cuando ingresaron al penal: un punto crucial que hace a las irregularidades detrás de la visita (y a la responsabilidad de Patricia Bullrich).

Presente en el plenario de comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales, Arrieta advirtió, al final de la reunión, que estaría dispuesta a responder las preguntas de los diputados en un nuevo encuentro, lo que llevó a tener un cruce con la presidenta de la comisión, Silvia Lospennato. "Le hice la aclaración porque su nota denota un desconocimiento absoluto sobre el derecho a ser oído acá", le explicó la diputada del PRO, luego de que Arrieta la acusara de haberle "faltado el respeto". Menos diplomática, Maria Eugenia Vidal agregó: "Para ser diputada tenes que saber algunas cuestiones básicas. Como saber quién es Astiz".