Unidad Popular presentó ante la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia un “pedido de investigación” sobre el destino de los millonarios fondos reservados que recibió la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de un DNU de Javier Milei que fue rechazado por el Congreso. Los dirigentes Claudio Lozano y Jaime Farji presentaron un extenso informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, donde la información oficial del Ministerio de Economía muestra que en “37 días corridos” se gastaron 80.000 millones de pesos, el 80 por ciento de los fondos asignados por decreto. “Una situación prácticamente imposible de realizar respetando las normas de Administración Financiera que rigen para los recursos públicos, y que los fondos, por más reservados sean, deben respetar”, dice el informe y sostiene “que se ha incurrido en delitos tales como ‘malversación de Fondos’, ‘falsedad Ideológica’ o ‘administración fraudulenta’".

Lozano y Farji fueron recibidos este lunes en la Bicameral por decisión de su presidente, el senador Martín Lousteau (UCR), donde se entrevistaron con la integrante de la comisión y diputada radical Mariela Coletta. Luego, Lozano se reunió con el vicepresidente de la Bicameral, el diputado Leopoldo Moreau (UP). Ambos legisladores recibieron en sus manos el informe con los detalles de las partidas asignadas por Economía y los gastos realizados por la Side, un día antes que su titular, Sergio Neiffert, se presentara ante la Bicameral (ver aparte).

El informe presenta un cuadro detallado –suministrado por Economía— de donde “surge que hasta el 23 de agosto de 2024 la Administración Nacional había devengado gastos por 48,54 billones de pesos, de los cuales 2,25 billones correspondieron a la finalidad Servicios de Defensa y Seguridad. A esa finalidad pertenece la función Inteligencia, con un gasto ejecutado de 168.003 millones de pesos en el período considerado. El 48,65% del total del gasto en Inteligencia correspondió al inciso Servicios No Personales, con 81.744 millones de pesos, de los cuales el 99,17% correspondió a la partida principal Otros Servicios, con 81.067 millones. La misma cantidad aparece registrada como pagada. Pero lo que resulta más sugestivo es que 80.043 millones (el 98,73% del total) se había devengado y pagado en el mes de agosto”.

“En ese marco y demostrada la irregularidad administrativa, requerimos, en tanto son fondos reservados, que el órgano de control (la Bicameral) identifique qué se hizo con el dinero. Máxime cuando el DNU fue rechazado por ambas Cámaras y, desde el 21 de agosto ya sabían por el rechazo en Diputados que el DNU estaba objetado. Pedimos que la Comisión Investigue lo que ocurrió para iniciar el proceso de recuperación del dinero”, dijo Lozano a PáginaI12. Y agregó: “Mientras se gastaban 80.000 millones en la Side de manera ilegal, cagaban a palos a los jubilados y rociaban con gas pimienta a una nena de 10 años”.

Tras repasar toda la legislación vigente sobre administración financiera, del accionar de los organismos de inteligencia y sus órganos de control, el informe considera que “para que sea legal y regular el devengamiento y pago de 80.043 millones de pesos en concepto de servicios entre el 17 de julio y el 23 de agosto (37 días corridos), debió haberse buscado a los prestadores, seleccionado a los adecuados luego de algún tipo de procedimiento, establecido y comunicado los alcances del servicio, prestado el servicio, entregado los resultados en los tiempos y forma acordados, revisado los mismos y cotejado con lo pactado, aceptado de conformidad por los funcionarios responsables, liquidado el gasto y pagado el importe”.

“Por lo tanto --concluye el informe--, los respectivos responsables administrativos, incluyendo a las máximas autoridades del Sistema, deben registrar la ejecución de todos los gastos, también los reservados, en las partidas correspondientes y en los momentos correspondientes a la materialización de los eventos económico-financieros previstos en la normativa (Ley 24.156 y sus reglamentaciones). Independientemente de cómo sea el resguardo de la documentación, y del tipo y órgano de control al cual están sometidos los funcionarios del Sistema de Inteligencia Nacional, éstos no pueden registrar el gasto en partidas que no corresponden (malversación) ni registrar un evento económico-financiero si éste no se ha producido (falsedad ideológica), ni dejar de registrarlo cuando sí se ha producido (administración fraudulenta)”. La Bicameral tendrá ahora en sus manos esa tarea de investigarlo.