Seis trabajadores con entre 20 y 30 años de antigüedad en el actual Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) continuarán en su cargo dentro del organismo nacional. Así lo ordenó el juez federal Julio Bavio, al resolver una acción declarativa de certeza que implica, en términos prácticos, que se aclare la situación en la que se encuentran estas personas.

La decisión sobre la medida presentada por la abogada Cecilia Jezieniecki generó esperanza entre unos 40 trabajadores que se encuentran aun hoy en incertidumbre respecto de sus puestos laborales pese a la antigüedad que tienen en sus cargos. Aunque la resolución de Bavio sólo beneficia a seis trabajadores representados por Jezieniecki, existen otros 14 que esperan la respuesta de la demanda que elevó el secretario de Convenios Colectivos de ATE, Esteban Cabrini.

La medida presentada en mayo pasado beneficia a Álvaro David, María Claudia Cayo, Rosa Isabel Gambarte, Abelardo Flores Barbaran, Claudia Elizabeth Lazarte y Cecilia Beatriz López Rodríguez.

Si bien los trabajadores tienen una antigüedad mayor, hace entre 10 o 12 años los contrataron con modalidades que prevén la renovación automática de la relación laboral con el estado.

Sin embargo, al inicio de este año, cuando los anuncios de los despidos en el estado nacional se hicieron vía discursos y redes sociales, no hubo notificación de una resolución que disponga su baja.

Por eso los trabajadores solicitaron que se les brinde certeza en función del ordenamiento vigente, teniendo en cuenta que se encuentran en una relación de empleo público con carácter permanente, y manifestaron que un eventual proceso de desvinculación implica cumplir con otras normativas que tampoco se ejecutaron. En la medida se añadió que López Rodríguez es delegada gremial, por lo cual le caben los derechos de tutela sindical.

En la medida se indicó que fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, el que anunció el cierre del INAFCI con epítetos propios del gobierno libertario y ponderando el ahorro que implicaría para el estado.

Ya acostumbrados a la práctica de cerrar y despedir, dado que se habían sufrido despidos durante el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores entendieron que otra vez podrían sufrir la pérdida de trabajo, aunque nunca se aclaró cual sería la situación laboral.

En el caso de los demandantes, recién en marzo se enteraron que habían dado de baja a sus usuarios del Sistema GDE (Gestión de Documentación Electrónica -Sistema mediante el cual remiten y reciben toda la información relativa a sus funciones y donde se asienta su legajo) y sus correos electrónicos institucionales había sido bloqueados.

Esa manera de decir

Los primeros despidos se hicieron con una notificación a través de un correo electrónico en los que se informaba que no se iba a renovar el contrato desde el 1 de abril de 2024. Pero en el caso de estos trabajadores no les mandaron notificación alguna, aunque sí dieron de baja sus usuarios del sistema.

La interventora del INAFCI, Inés Liendo (quien decidió mudarse a Salta ante la oportunidad de ser electa en cargos legislativos por el PRO, aunque nunca lo logró), nunca respondió los pedidos de informe por la situación de los trabajadores. Ante ello, los presuntos despedidos continuaron yendo a sus lugares de trabajo y realizando tareas. Siguieron con la formulación de proyectos para el campesinado y nadie les prohibió el ingreso a las dependencias del organismo.

El 29 de abril pasado Liendo fue a la oficina del INTA (donde funciona el INAFCI), a retirar los muebles del organismo, se encontró con los trabajadores en sus puestos y les dijo que estaban despedidos. Al otro día la interventora mantuvo una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con delegados gremiales de ATE, en la que les informó que estaban todos desvinculados. Pero cuando le dijeron que les notifique formalmente la desvinculación, “recibieron como respuesta que por el momento no les iban a comunicar nada; y que no se firmó ningún acta, ni tienen filmaciones o grabación de la reunión”.

Las respuestas de los abogados del estado nacional ante la medida no abundaron en explicaciones más que reiterar la afirmación de que era una decisión tomada. El argumento fue que “la Administración es libre de nombrar empleados efectivos o contratados, o de renovar a estos últimos sus contratos cuantas veces le parezca conveniente y necesario, porque ello se encuentra dentro del ámbito de sus facultades discrecionales; y que la situación planteada por los actores opera en el marco de las competencias propias de la Administración Pública y goza de presunción de legitimidad”. Antes argumentó una supuesta “discrecionalidad” de los trabajadores de elaborar proyectos para “beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación”.

Al finalizar la fundamentación afirmó que “se rescindieron contratos y ello se hizo en un todo de acuerdo con la totalidad de la normativa vigente, en un trato digno e igualitario lejano a todo indicio de discriminación política alguna”.

La resolución

Entre los elementos para que el estado nacional aclare el vínculo laboral con los demandantes, Bavio señaló el hecho que durante tres meses cobraron sus salarios sin renovación contractual alguna. Ante ello afirmó que “es dable presumir en esta instancia cautelar, la continuidad del vínculo laboral”.

Sumó que pese a los pedidos formales elevados por vía administrativa, ninguno de los trabajadores recibieron respuestas para aclarar su situación laboral. Además, dejaron de recibir indemnización o liquidación final que “permita presumir la intención de finalizar el vínculo de trabajo luego del mes de marzo del 2024”.

Es por ello que el juez sostuvo que “resulta procedente la medida cautelar de no innovar que ordene a la demandada no modificar la situación laboral de los actores, y lo será hasta tanto la demandada aclare la situación actual de los contratos de trabajo de los accionantes”.