Los concejales de los bloques de Ciudad Futura y Justicia Social anunciaron ayer que pedirán un dictamen al Tribunal Municipal de Cuentas (TMC) para ponerle fin al debate con el Departamento Ejecutivo sobre la validez de los contratos de las empresas encargadas de la recolección de residuos –que consideran vencidos-; denunciaron el “estado de abandono y suciedad que presentan hoy grandes porciones de la ciudad” y señalaron que el gobierno local “funciona en forma discrecional y sin ningún tipo de control”.

“Se ve por toda la ciudad un estado de abandono producto de esta situación irregular, pero también ponemos esto en el contexto de una crisis más amplia, que es un estilo de gobierno que se viene consolidando en esta segunda etapa (del intendente Pablo Javkin)”, dijo el concejal Juan Monteverde (CF).

Consideró que el Ejecutivo “funciona cada día de manera más discrecional y sin ningún tipo de control, y al mismo tiempo poco tolerante a la crítica”.

El excandidato a intendente contrastó el presente con la anterior gestión de Javkin, cuando “había un diálogo político con todas las fuerzas, y era una valoración que hacíamos”.

Sin embargo, consideró que ahora el Ejecutivo aplica “la mayoría automática de 15 votos en el Concejo”, por lo que “se cierra la posibilidad del debate de propuestas”.

De la rueda de prensa participaron, además de Monteverde, los concejales Caren Tepp; Jésica Pellegrini y Julián Ferrero (de Ciudad Futura); Mariano Romero y Norma López, de la bancada Justicia Social.

Higiene urbana

El eje del planteo opositor se centró en el servicio de higiene urbana y recolección de residuos, que prestan desde hace una década las empresas Lime y Limpar en la ciudad.

Los contratos de concesión, aprobados en 2010 e iniciados en 2013, se vencieron en 2021, cuando fueron prorrogados por primera vez, para luego extenderse en 2022 hasta el 31 de julio pasado.

El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, indicó que la prórroga era por 24 meses o hasta que se firme un nuevo contrato, lo cual al no haberse producido todavía, da el marco legal para su continuidad.

Sin embargo, Tepp dijo a Rosario/12 que los contratos de prórroga, que están registrados ante la Bolsa de Comercio, establecen “en ambos casos que las empresas van a prestar el servicio desde el 1 de agosto del 2022 al 31 de julio de 2024”. Y agregó: “Acá se terminó el debate, no hay interpretación de texto”.

La edila añadió que “desde agosto del año pasado hasta junio de este año, en distintas oportunidades el intendente manifiesta que llevó adelante una renegociación de los contratos con las empresas, a la cuales les exigió determinadas inversiones para un plan de modernización del servicio, que las empresas aceptaron”. Y se preguntó “dónde está el acuerdo”.

En tercer término, la concejala de Ciudad Futura reveló que al acceder a los balances de las empresas, el de Limpar señala que considera que “la sociedad continuará operando el servicio de higiene urbana y recolección de residuos en la ciudad de Rosario, en la zona norte, ya sea que la Municipalidad llegue a disponer de una nueva prórroga o que se concrete el nuevo llamado a licitación, para lo cual la sociedad cuenta con una posición ventajosa en relación a otros eventuales oferentes, basada en haber cumplido con buen desempeño” y completar sus inversiones.

“¿Qué empresa hace una inversión en dólares sin tener asegurado que va a seguir contando con la prestación del servicio para amortizar esa inversión?”, se preguntó Tepp, y anunció que junto al bloque justicialista pedirán la intervención del Tribunal Municipal de Cuentas, para que dictamine sobre la cuestión contractual. Ya existe un antecedente al respecto, de la anterior licitación del servicio de recolección de residuos e higiene urbana.

Por su parte, el concejal del Movimiento Evita, Romero, sostuvo durante la rueda de prensa: “Queremos dar una discusión abierta sobre la gestión de residuos en Rosario, una ciudad que está sucia y abandonada por esta gestión”.

En esa línea, explicó que la ciudad “recicla muy poco y enfrenta un sistema costoso e ineficiente con 270 microbasurales y solo un 9 por ciento de reciclaje” de los desechos que produce.

“Podríamos estar generando un impacto ambiental positivo y empleos en la economía circular, pero en su lugar pagamos el contrato más caro”, precisó el edil Romero.

Además, planteó que “es fundamental revisar el pliego actual, escuchando a los trabajadores, organizaciones ambientalistas y a los rosarinos, para construir un sistema más eficiente, con mejores condiciones de higiene urbana y beneficios económicos y ambientales”.

Según explicaron los ediles, el pliego de la licitación que otorgó el servicio a las dos empresas prestatarias, contemplaba la eliminación de microbasurales como parte de sus obligaciones contractuales. Y dijeron que funcionó bien hasta la última prórroga, cuando el municipio ordenaba levantarlos y las firmas cumplían, aunque eso dejó de suceder en los últimos meses.