El ex comisario Joaquín Guil, ex hombre fuerte de la Policía de Salta y autor de numerosos crímenes, recibió ayer una nueva condena por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo estatal. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta lo condenó a prisión perpetua por el secuestro y el homicidio del médico tucumano Pedro Urueña.
El Tribunal integrado por los jueces Federico Díaz y Jorge Basbús y la jueza Alejandra Cataldi también condenó, a la misma pena, al ex militar Ernesto Alejandro Repossi. En su caso, es la primera condena que recibe, si bien fue juzgado, en 2020, en Tucumán por múltiples crímenes cometidos en el marco del Operativo Independencia, pero fue absuelto.
Urueña residía con su familia en la ciudad de Tartagal. Militante peronista, llevaba adelante una acción social y sanitaria en distintos puntos del norte salteño. La represión que se abatió sobre el país antes y durante la última dictadura cívico militar se ensañó con él y otros compañeros de militancia, como la trabajadora social Menena Montilla y el trabajador ypefiano y dirigente gremial René Santillán.
Urueña fue secuestrado de su casa en la madrugada del 16 de diciembre de 1975. Un grupo de cinco hombres de civil, aunque con armas largas, y que dijeron ser de la Policía, aunque también había integrantes del Ejército, lo sacaron y lo llevaron con destino desconocido, lo mataron a tiros y luego sometieron su cuerpo a una explosión. Sus restos fueron encontrados por pobladores que campeaban sus vacas, en el camino al paraje Balbuena, unos 30 kilómetros al sur de Tartagal.
Repossi está involucrado en el hecho porque era el segundo jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal. Y Guil, porque como director de Seguridad de la Policía de Salta, estaba al tanto de todo lo que ocurría en la provincia y lo que se hacía en cada dependencia de esa fuerza.
Tras el secuestro y el asesinato, los represores llevaron a cabo una serie de acciones para lograr la impunidad. Por un lado, hubo una zona liberadas para llevar a cabo el secuestro; después, la Policía enterró los restos de Urueña en el mismo lugar donde fueron explosionados, donde sus asesinos habían cavado una fosa, y no tomó ninguna medida de investigación, e incluso informó tardíamente al juez federal de Salta, Ricardo Lona (fallecido, y también condenado por su participación en el terrorismo estatal).
La sentencia dictada ayer por el TOF 1 coincidió con el pedido de los fiscales federales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila.
En Salta la represión ilegal amparada por el Estado comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En noviembre de 1974 el gobierno constitucional del también médico Miguel Ragone fue intervenido y se desató una violencia abierta contra sus adherentes, y el mismo gobernador, que fue desaparecido en marzo de 1976, once días antes del golpe de Estado.
El homicidio de Urueña se cometió en este contexto de violencia generalizada y con las instituciones de la provincia intervenidas y las fuerzas de seguridad bajo el control operacional del Ejército.
Además, el influjo del Operativo Independencia, del que participaron Repossi y otros militares que cumplían funciones en la ciudad de Salta y Tartagal, y en Jujuy, se hacía sentir también aquí porque los territorios de Salta, y Jujuy merecían especial atención por sus fronteras internacionales y su cercanía con Tucumán.
Este es el segundo proceso judicial sobre el secuestro y muerte de Urueña. En 2013 su caso fue parte de la acusación en la Megacausa Salta, en la que el general retirado Héctor Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, fue condenado a perpetua en relación a Urueña.