El secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) Buenos Aires, Claudio Marín, denunció por la 750 que el Gobierno de Javier Milei está avanzando de manera sostenida con un “virtual vaciamiento” de la empresa nacional de telecomunicaciones Arsat.

Entrevistado por La García, el sindicalista dijo que como estrategia la gestión neoliberal busca una serie de renuncias por goteo mientras aplasta los salarios de manera arbitraria. Sin pagar los aumentos fijados en octubre, noviembre y diciembre del 2023, los trabajadores de Arsat ya perdieron un 54 por ciento de su capacidad de compra.

La situación representa una inconsistencia, ya que al ser superavitaria, la empresa no debe recibir dinero extra del Tesoro para el pago de los salarios. Así lo explicó Marín: “Arsat no le tiene que pedir un solo peso al Tesoro. No se paga porque no se permite”.

Lo que está en juego, de esta manera, es el futuro de una empresa estratégica para el país: “Es una planta de trabajadores con mucha experiencia, con puestos de alto valor agregado, que empiezan a irse. Empiezan a irse porque no sobreviven con esto. Se pierde un plantel de trabajadores que es muy difícil de reemplazar”.

“Esto, sumado a la falta de estrategia de la compañía, configura una situación de virtual vaciamiento”, explicó el sindicalista a la par que advirtió que la paralización de proyectos podría derivar, por ejemplo, en que Argentina pierda sus ventajas competitivas y oportunidades de desarrollo en conectividad.

“Este capital es irreemplazable. También son irremplazables las órbitas, que si no se ocupan se pierden. Hay un tercer satélite que hoy está a medio hacer con los créditos ya otorgados. Y, sin embargo, la producción está parada”, afirmó.

A lo que añadió: “Y si no se ocupa esa órbita, Argentina pierde esa oportunidad de generar muchos y mejores servicios de comunicación. Donde se cubren lugares donde es muy difícil llegar de manera física con fibra óptica”.

Además, remarcó, Arsat puede abarcar todo el Estado nacional “sin problema” y disponer de una red nacional de fibra óptica “que no tiene ninguna otra compañía”. En otras palabras, podría incluso derivar en un ahorro para el Estado que hoy tiene más de 80 proveedores de telecomunicaciones.