Diputados de distintas fuerzas visitaron el Astillero Río Santiago, para conocer de primera mano la realidad de la industria naviera bonaerense. La Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Gustavo Pulti, recorrió las instalaciones del Astillero Río Santiago (ARS). 

Concluida la visita, Pulti, uno de los organizadores, le dijo a Buenos Aires/12 que "la industria naval forma parte de un conjunto de cosas, junto a la política portuaria, la marina mercante, el manejo de las vías navegables y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que no puede definir el mercado, sino que debe integrarse en un marco de políticas públicas".

Participaron también del encuentro Juan Martín “Tacho” Malpeli (UxP, sección capital), Ricardo Lissalde (UxP, séptima sección), y legisladores de otras fuerzas como María Laura Cano Kelly (Frente de Izquierda, tercera sección), Martín Rozas (bloque libertario disidente Unión, Renovación y Fe, cuarta sección) y Salomé Jalil Toledo (mismo bloque, primera sección electoral).

La visita formó parte del plan de recorridas y sesiones itinerantes que Pulti propuso al pleno de la comisión al inicio del año parlamentario. El mismo comenzó en el Puerto La Plata, con el dragado del Canal Magdalena como tema central de la agenda, y se fue desplazando por distintos puertos bonaerenses.

Los legisladores fueron recibidos por el titular de ARS, Pedro Wasiejko, quien los puso al tanto de la situación actual de la empresa y los proyectos en los que trabajan para reactivar la industria naval, para lo que consideró clave el apoyo de la Cámara.

“Poner el astillero en valor y fortalecer tanto a la planta naval como a todo el sector productivo en general, específicamente el de construcciones navales y otros sectores de metalmecánica, va a implicar un importante aporte para la provincia de Buenos Aires y para nuestro país", afirmó Wasiejko, que agregó que el país necesita "al astillero funcionando, trabajando en conjunto con otros actores y poniendo en marcha otros instrumentos del Estado que sean funcionales a esa estrategia”.

El ARS fue uno de los blancos de la exgobernadora María Eugenia Vidal y su pretendido “combate contra las mafias”. En 2022 trascendieron documentos y planes de trabajo del ministerio de Trabajo provincial, el mismo que promovió e integró la “gestapo”, para demonizar al astillero y a sus delegados sindicales.

El interventor de ARS durante esa misma gestión, Daniel Capdevila, fue denunciado por lavado de activos y malversación de fondos por la diputada Susana González, por maniobras cometidas al frente de la empresa. 

Pulti resaltó la importancia de ofrecer los servicios profesionales y técnicos que tiene el Astillero en el exterior así como el incentivo a la vinculación con la docencia y la capacitación. “Es una estrategia de reactivación en la que el Astillero tiene un sólo futuro y es que haya un proyecto nacional que privilegie la soberanía política, la independencia económica, la industria nacional".

“Mientras, como telón de fondo, el gobierno de Milei se desentiende de toda política pública relacionada con el desarrollo económico, concentrándose en llevar adelante un monetarismo retrógrado que aplasta la demanda interna, la proyección industrial y debilita, consecuentemente, las potencialidades de nuestra soberanía en el mar” concluyó el diputado provincial, en lo que pareció una referencia al abandono y falta de gestión en Tandanor, para justificar su privatización.

Tandanor

La contracara de ARS es actualmente Tandanor, que hoy corre serio riesgo de ser privatizado. El astillero, uno de los mayores del mundo, dependiente del gobierno nacional, fue incluido en el listado de empresas públicas a privatizar en la versión original de la Ley de Bases. Aunque finalmente no se incluyó en el listado aprobado, el hecho puso en evidencia la voluntad de la administración libertaria.

Tandanor, que presta servicios de mantenimiento y reparación a embarcaciones de clientes públicos y privados, argentinos y del exterior, es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), el 90 por ciento de su capital societario se encuentra en poder del Ministerio de Defensa y los trabajadores tienen el 10 restante.

No sólo es una empresa superavitaria. Su ubicación privilegiada, sobre la dársena sur del puerto de Buenos Aires, hace que el predio que ocupa sea muy codiciado por los desarrolladores del mercado inmobiliario.