"A Javier Milei no le interesan los suicidios" 

El Defensor Adjunto General del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, publicó un informe que tituló: "Los recortes del gobierno nacional impactan de lleno en las políticas de prevención del suicidio juvenil". 

Martello, que además es el responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría, subrayó que los últimos indicadores oficiales muestran un incremento en los casos de suicidio, lo que la convierte en "la principal causal de muerte en jóvenes de entre 15 y 24 años", pero advirtió que "el Gobierno nacional instrumentó en lo que va del año un recorte de más de 216 millones de pesos" en el programa Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas, que entre sus funciones debe desarrollar acciones para la promoción y apoyo de la salud mental.

"A Javier Milei no le interesan los suicidios porque su sujeto es el mercado, no las personas, entonces eso define su política, como en el caso de los jubilados. Su sujeto es el mercado y busca demostrar que la economía sólo puede ser eficiente si la gente tiene cada vez menos derechos", reflexiona Martello en BuenosAires/12. El especialista asegura que el objetivo del Presidente es "mostrar una situación de equilibrio fiscal que está absolutamente divorciada del equilibrio social", pero advierte que "es claramente una cuestión ideológica y no hay que tenerle miedo", por lo que "hay que dar a esa batalla aunque hoy parezca que el Gobierno cuenta con adhesiones a sus prácticas".

"Con el tiempo nos vamos a dar cuenta del enorme daño cultural y social que está haciendo este Gobierno nacional a los jóvenes y a la población en general", se lamenta el defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia. El programa Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas, que fue la política que sufrió el ajuste denunciado por Martello, es el área estatal que se encarga de instrumentar el Plan Nacional de Prevención del Suicidio junto a sus correspondientes guías y registros, tal cual lo estableció la ley aprobada en el Congreso en 2015.

El presupuesto asignado para que eso ocurriera pasó, en lo que va del año, de 699,1 millones de pesos a 482,8 millones de pesos según advierte el informe, que asegura que a septiembre de 2024 fueron ejecutados 329,4 millones de pesos, poco más del 68 por ciento del presupuesto. La fuente de este dato partió, según indicó Martello, de "una elaboración propia en base a Presupuesto Abierto del Estado Nacional".

Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, en la última década Argentina registró un promedio 3175 muertes por suicidio al año, de las cuales alrededor del 50 por ciento corresponden a adolescentes y jóvenes adultos de hasta 34 años, lo que posiciona al suicidio como la principal causa de muerte en ese rango etario, por delante de los siniestros viales. Según averiguó BuenosAires/12, no hay datos concretos sobre cuántos de ellos corresponden a la provincia de Buenos Aires, pero sí indicaron que los casos de suicidios "aumentaron después de la pandemia". 

El documento indicó que como no hubo Ley de Presupuesto y continuó la prórroga de la ley de 2023, las partidas quedaron completamente desactualizadas por la inflación, lo que produjo un "ajuste considerable" sobre la inversión. La Defensoría del Pueblo indicó que "tamaña" reducción de presupuesto "no hace más que generar un deterioro en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos". 

Al ser consultado por ello, Martello explicó la situación requiere "una prestación particular", tanto médica como de salud mental, y "no sólo de quien intentó suicidarse o se quitó la vida", ya que requiere un seguimiento intrafamiliar que "debe estar garantizado desde las políticas públicas". Sin embargo, el Defensor Adjunto General del Pueblo indica que "si cercenan el presupuesto y le asignan cada vez menos fondos al programa, lo que hacen es poner en contradicción a la principal causa de muerte de jóvenes en nuestro país, con un abandono absoluto del Estado".

"Lo que está haciendo el Gobierno en torno al suicidio es una matriz que repite en el Sedronar, donde hubo recortes presupuestarios muy abruptos que dejaron sin amparo a quienes no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos", describe Martello a este diario, y advierte desesperanzado que el Gobierno Nacional, este año, "no ha hecho absolutamente nada respecto a eso, y es obvio que con el mal presupuesto que tiene tampoco lo va a hacer".

El informe del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Argentina mencionó, en 2018, su preocupación por “el creciente número de casos de suicidio y lesiones autoinfligidas, particularmente entre los niños”, y recomendó “realizar una evaluación completa de la magnitud y las causas del suicidio con el objetivo de adoptar una política de prevención”. Martello dice que actualmente "eso no ocurre", y asegura que "es necesario la puesta en marcha de una política pública efectiva", que englobe campañas de concientización, programas de capacitación, registros y dispositivos de asistencia, ya que de 2022 en adelante, los índices de suicidios "volvieron a incrementarse".

Martello no duda al afirmar que la Subsecretaría de Salud Mental bonaerense "tiene una política viva en todo lo que es salud mental", lo que hace que la provincia más grande del país esté "a la vanguardia en el tema", ya que cuenta con una mirada y un enfoque de la salud mental que "pone el eje en el sujeto". "No lo estigmatizan, no ocultan el problema, lo plantean, lo discuten y proyectan una política", sostiene Martello, que nació en Lomas de Zamora, y que además de ser maestro mayor de obras tiene una diplomatura en Abordajes Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. Sin embargo, apunta que "la Provincia se pone a la vanguardia porque el Estado nacional desaparece", y encuentra allí un problema.

El informe

En su informe, la Defensoría del Pueblo advierte que Argentina tiene "una deuda histórica" en la materia, ya que carece de una estrategia nacional de prevención del suicidio. El documento sostiene que esto se debe, entre otras cosas, a la demora provocada por la falta de reglamentación de la Ley N°27.130, lo que ocasionó "acciones aisladas e inconexas por parte de distintas reparticiones del Estado para el abordaje del suicidio".

Tras destacar lo importante que sería que Argentina tuviera una línea telefónica gratuita nacional de escucha a situaciones críticas, cosa que a nueve años de la sanción de la ley todavía no ocurrió, la Defensoría del Pueblo bonaerense remarcó las acciones de la política pública que se encuentran en "estado embrionario". Entre ellas mencionó a las incompletas estrategias de sensibilización para la población, y la estrategia comunicacional del Estado respecto a la prevención del suicidio, que está concentrada en un apartado de la web de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, pero cuyo material "no cumple con el requisito de adaptación a las realidades socioculturales locales", según remarcó el documento.

Sin embargo, Martello subraya en su publicación la necesidad de contar con un registro de instituciones y un registro único de datos, tal como dispone el artículo 6 de la Ley N° 27130. Según explica a este diario, el registro único permitiría, a partir de la construcción de la evidencia, "que todos los registros de suicidios o de intentos de suicidios estén protocolarizados de la misma forma en todo el país". Eso generaría que las cifras "tiendan a la construcción de una evidencia clara respecto a qué política formular y a dónde apuntarla, a qué condición social, a qué particularidad, a qué motivación, y distintos enfoques que puedan abordarse teniendo un registro único de esas características", según Martello.

El registro único permitiría, además, que cada caso se registrara como lo que realmente es, y no que intervenga por "otra tangente que pueda determinar la cuestión", según Martello, que cita como ejemplo aquellos casos en donde la adicción juega un papel fundamental para determinar el hecho. "Nación debe formular un protocolo sobre cómo registrar los hechos, para que todo el país tenga la misma forma de hacerlo, y eso requiere recursos y capacitación, por eso nuestra queja por el recorte", agrega el especialista.

Martello dice a BuenosAires/12 que la Ley N° 27.130 dispone la creación de un sistema de registro que contenga información estadística de los intentos de suicidios, suicidios cometidos, causa de los decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo dato que mejore la información estadística. El de las estadísticas es un tema de mucha sensibilidad por cómo varían las fuentes de información. En general, la construcción de estadísticas es bastante posterior, porque está ligada a las certificaciones de muertes y a cómo llegan primero a los registros civiles, y luego al sistema de salud.

De todas maneras, y según supo este diario, la Provincia está trabajando la posibilidad de tener un acceso más rápido a esa información, mediante convenios entre los ministerios bonaerenses involucrados en la problemática. Eso permitirá tener información más actualizada, porque de otra manera, la información se construye a través de los registros de defunción, y varía según cómo se cargue el fallecimiento, lo que genera que la estadística se vaya completando con un extendido desfasaje de tiempo.

Desde el año pasado existe, a nivel nacional, una obligación de reporte para todo el sistema de salud de los suicidios y los intentos de suicidio de los que el sistema de salud tiene noticias, es decir, de los que llegan a hospitales, que es una porción mucho menor que el total. Ocurre que la mayoría de las defunciones por esa causa no se producen adentro de los hospitales. En general, el primer acceso al hecho está en manos de la policía, entonces, como las muertes ocurren en general afuera del sistema de salud, eso genera que la información no esté al alcance de las autoridades sanitarias.

"Cuando el Estado Nacional se corre por su mirada ideológica respecto a lo que es la salud mental, y su acción va para un lado y la de una acción provincial va para el otro, estás en un problema", asegura Martello. La Defensoría Del Pueblo todos los años realiza un informe como éste todos los años, pero en cuanto a los casos, el Defensor Adjunto General subraya: "Ante cualquier situación que se nos presente lo derivamos al área de Salud Mental, nosotros no intervenimos porque el profesionalismo lo pone el área de salud".