La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó hoy una denuncia penal contra la Policía Federal y funcionarios del Ministerio de Seguridad por la represión a los jubilados del miércoles pasado frente al Congreso. Según relevó el organismo, 200 efectivos equipados con gases, postas de goma y escudos golpearon a las personas que se manifestaban para pedir mejoras en sus haberes y dejaron al menos diez heridos, entre los que estaba la diputada nacional del Frente de Izquierda, Vanina Biasi.
Entre las agresiones reportadas, hay uso indiscriminado de gases químicos y de la fuerza física con bastones y escudos contra los adultos mayores. La presentación, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, indica que el operativo policial no solo fue desproporcionado, sino que también "violó las garantías constitucionales y los compromisos internacionales de derechos humanos".
Además, la CPM indicó que se tata de un patrón sistemático de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. "Lo que venimos observando es que en todas los hechos de represión, la iniciativa fue siempre de las fuerzas de seguridad y no como respuesta a un episodio concreto de violencia, sino que en el origen las manifestaciones siempre fueron pacíficas", le dijo el director del Programa de Monitoreo de la Violencia Policial, Rodrigo Pomares a Página/12.
La del miércoles pasado fue la cuarta vez consecutiva en la que los jubilados fueron reprimidos durante las marchas alrededor del Congreso. "La represión violenta de una manifestación pacífica de jubilados no solo constituye un acto ilegal, sino también una señal preocupante de retroceso en materia de derechos humanos. Es imprescindible una investigación exhaustiva y urgente que identifique y condene a los responsables materiales y políticos de estos actos, para evitar que estas prácticas de violencia estatal queden impunes
