La teoría de que la protesta social es terrorismo o una violación al orden constitucional, que aplicó el fiscal Carlos Stornelli a tono con lo que pregona el Gobierno Nacional, podría volverse un boomerang, al menos para el Ministerio de Seguridad. Otro fiscal, Franco Picardi, firmó un extenso dictamen en el que impulsa la investigación de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad al mando