La comunidad de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se organiza frente a la amenaza de veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el pasado 12 de septiembre en la Cámara de Senadores de la Nación. Este 17 de septiembre se conformó una Mesa de acción "En Defensa de la Universidad Pública" y se lanzó una campaña con la consigna “Por la Ley de Financiamiento Universitario #NoAlVeto”.
La Mesa se armó tras la convocatoria del secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa), Diego Maita, y de la secretaria general de la Asociación de Personal de la UNSa (APUNSa), Stella Mimessi. Se invitó a autoridades y representantes de los distintos claustros a pedir y accionar en favor de reglamentación inmediata de la ley, y se anunció un paro para el 26 de septiembre, y ya se prepara la Segunda Marcha Federal Universitaria, pactada para el 2 de octubre.
Diego Maita afirmó que la aplicación de la ley resulta vital ya que genera una recomposición salarial, además de actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión. Mientras Stella Mimessi destacó la necesidad de trabajar como una gran comunidad universitaria. “Hoy definimos acciones conjuntas a favor de la ley y, en el marco de la Segunda Marcha Federal Universitaria”, expresó.
Maita dijo que esperan que “los legisladores salteños continúen con su acompañamiento a esta ley; queremos que sostengan ese apoyo ante el anuncio de veto". Y en caso el Presidente efectivamente la vete, exhortaron a que legisladores y legisladoras garanticen su presencia en las sesiones y "no se abstengan a la hora de votar porque ambas acciones le hacen el juego al oficialismo”.
En Diputados, lxs representantes por Salta tres de los siete legisladores votaron a favor de la ley de financiamientos: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega (de Innovación Federal); mientras que votaron en contra Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno (de La Libertad Avanza). El diputado por Unión por la Patria, Emiliano Estrada, estuvo ausente. En el Senado, los tres representantes dieron su acompañamiento: Nora Giménez, Sergio Leavy (UxP) y Juan Carlos Romero (PRO).
Antes de la reunión con los claustros, Maita y Mimessi pidieron por nota al rector de la UNSa, Daniel Hoyos, que convoque una reunión con lxs diputadxs y senadorxs nacionales de Salta. El propósito es requerirles un pronunciamiento público solicitando al Ejecutivo Nacional la urgente promulgación y reglamentación de la ley. En caso de darse un veto, ya anticipado por el presidente Javier Milei, quieren solicitar a lxs legisladores nacionales que garanticen el respeto y cumplimiento de lo resuelto por el Poder Legislativo.
Mimessi aseguró que la aplicación de esta ley es “muy importante” porque también se presenta como una “reparación del salario de los trabajadores y las trabajadoras del sistema universitario a diciembre de 2023”. Un reciente informe de las Universidades Nacionales de Río Negro y San Martín reveló que más del 85% de la docencia y el 60% de trajadores no docentes en universidades están por debajo de la línea de pobreza. Se informó que entre diciembre de 2023 y julio de 2024 los salarios perdieron un 33,3% de poder adquisitivo, mientras que la inflación fue del 134,5% y la recomposición salarial sólo del 56,9%.
Precisamente, la ley de financimiento tiene como objetivo principal garantizar un mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y mejorar los salarios de docentes y nodocentes. Propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el gobierno de Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
"Es una barbaridad"
Para el rector Daniel Hoyos, el deterioro en los salarios es de entre el 50 y 70% en lo que va de los 9 meses del gobierno actual. “Es una barbaridad, pero no se trata solo de salarios. Cuando el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se reunió con las autoridades de Nación, luego de la primera marcha universitaria, acordamos 5 puntos que ellos nos garantizaban: gastos de funcionamiento, salarios, becas, ciencia y tecnología y las obras que faltaban", indicó. Sin embargo, de esos 5 puntos el gobierno solo cumplió a medias el primer punto, de gastos de funcionamiento. "Del resto nada", criticó.
"Estamos en un punto en donde estamos definiendo el futuro de la Argentina y es por eso que esta Mesa busca que todos los sectores de la comunidad universitaria estén representados”, afirmó Hoyos.
Además, destacó que la sanción definitiva de la ley se dio con un gran consenso entre los legisladores nacionales de ambas Cámaras, en respuesta a los reiterados reclamos expresados por el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el claustro estudiantil y la sociedad en general, y que se expresaron en la Marcha Universitaria Federal del 23 de abril. “Es el resultado de meses de demandas de todos los sectores que integran la comunidad universitaria de todo el país, junto a gran parte de la sociedad que defiende el acceso a la educación superior pública como un derecho”, sentenció.
En uno de los últimos comunicados que emitió el CIN afirmó que la situación económica de lxs trabajadores de las universidades “ha llegado a un punto crítico, con salarios que no cubren las necesidades básicas y una inflación que erosiona aún más el poder adquisitivo. La emergencia salarial ha llevado a protestar y exigir soluciones urgentes”. Además, en el 92° Plenario de Rectores y Rectoras, en la Universidad Nacional de La Pampa, se emitió el comunicado “La Ciencia es la Universidad” en el que se advirtió que el estado de situación de la ciencia en la Argentina es alarmante.
“La situación financiera de las universidades nacionales está más desestabilizada que nunca”, aseguró el vicerrector Nicolás Innamorato. Sostuvo que en conjunto con el resto de las universidades públicas sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario permitirá “tener una banda de flotación financiera como para que transcurra el 2025 con las actividades normales que hacen las universidades. Hoy ante la posibilidad de veto realmente estamos muy preocupados, es una situación muy delicada”, describió.
Innamorato también hizo hincapié en la preocupación que tienen las autoridades de las universidades públicas respecto al presupuesto 2025. En ese sentido detalló que para la UNSa habrá un déficit importante sobre todo por no contemplarse la actualización de salarios, lo que representa un atraso del 70 % de sus ingresos para inicios del año que viene.
Las autoridades del Rectorado, las Facultades, el IEM y de los Centros de Estudiantes y agrupaciones estudiantiles coincidieron en la urgencia de acordar acciones a favor de la defensa de la Universidad Pública ante los recortes ya dispuestos por el Ejecutivo Nacional. Se definió realizar actividades en la misma la Universidad y en las inmediaciones del centro salteño, bajo la consigna “Por la Ley de Financiamiento Universitario #NoAlVeto”.
