De los 29 detenidos en el marco de una investigación conjunta entre las fiscalías federales de Salta y Tucumán, 20 son gendarmes que están acusados de cobrar coimas a los tours de compras para dejarlos pasar. Se trata de agentes que trabajaban en los puestos El Naranjo (en Rosario de la Frontera, Salta) y Trancas (en Tucumán), ambos ubicados en la frontera entre las dos provincias.
La investigación se hizo de forma conjunta entre el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Salta, y el fiscal federal Agustín Chit, de Tucumán.
Ayer, en Salta, donde se aplica el sistema acusatorio, el juez federa Julio Bavio hizo lugar a la imputación de ocho gendarmes que fueron detenidos el 18 de septiembre pasado en el puesto El Naranjo. Ese miércoles se hicieron dos allanamientos al mismo tiempo, a partir de las 7 de la mañana, tras seguir los pasos de una investigación que se había iniciado en septiembre de 2023 en el caso de Salta y en febrero de este año en el caso de Tucumán.
En los operativos que se realizaron en Salta, Tucumán y Catamarca, se secuestraron 46 millones de pesos. Seis millones fueron encontrados en el puesto El Naranjo, en escondites insólitos como las fundas de pistolas, yerbateros, resumideros, mochilas de baño y en bolsas plásticas escondidas en camas.
A diferencia de Tucumán, aún bajo las previsiones del sistema procesal penal mixto, en Salta, el fiscal general Carlos Amad, que estuvo en representación de Villalba, avanzó ayer con la imputación, en este caso, por asociación ilícita en concurso real con el delito de exacciones ilegales y por ser cometido en provecho propio.
El juez Bavio aceptó las acusaciones y dispuso la prisión por al menos 40 días de cuatro varones y dos mujeres, y otorgó el beneficio de la domiciliaria a otros dos.
Esta acusación se formalizó contra los cabos primeros Pablo Méndez, Raúl Portillo y Olga Daiana Rodríguez; los sargentos Matías Daniel Aranda, Rubén Rodríguez y Nelson Bautista y los gendarmes Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez. En el caso de los acusados detenidos en Tucumán, el fiscal Chit, que intervino en la audiencia vía virtual, informó que en el curso de la próxima semana se avanzará con las indagatorias de los acusados de esa jurisdicción.
Hasta pagaban por trabajar en el puesto
En la audiencia de ayer en Salta la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó que la investigación se inició el 26 de septiembre de 2023 a partir de denuncias anónimas, en su mayoría de comerciantes que viajan en los tours de compra desde Tucumán a Bolivia.
El señalamiento era contra gendarmes que prestaban servicios en los puestos de control de Gendarmería Nacional de El Naranjo y Trancas.
Al dar detalles de las denuncias, la auxiliar fiscal contó que un primer denunciante reclamó: “Por favor, hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan plata”. Otro, en tanto, dijo que los gendarmes le habían pedido 50 mil pesos a cambio de dejarlo pasar con mercadería de contrabando, pero como se negó le hicieron un acta simple y le retuvieron unas cubiertas, actuaciones que los gendarmes evitaron remitir a la fiscalía, pues la maniobra podía quedar al descubierto.
Estas exigencias de dinero de parte de los gendarmes, según las denuncias, se repetían desde que los micros de tours de compra emprendían el regreso desde la ciudad de Orán (en Salta), aunque sí aumentaban significativamente el valor en los dos puestos fronterizos, entre Tucumán y Salta.
Sobre este punto, el fiscal Chit destacó la denuncia realizada en su jurisdicción por un gendarme que se presentó ante sus superiores y entregó una suma de dinero que fue obligado a recibir por parte de sus camaradas. Según reveló, la plata era producto del cobro de coimas que sus compañeros exigían a los tours de compras.
Sostuvo que las denuncias, tanto en Salta como en Tucumán, son similares y dan cuenta de “un entramado de corrupción dentro de una fuerza federal”.
De las pesquisas realizadas hasta el momento, se pudo establecer que la maniobra se ejecutaba a través de dos modalidades: “en algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de compra y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”, afirmó.
La auxiliar fiscal reforzó este aspecto del caso, al informar que se pudo establecer que había “gendarmes que pagaban hasta 400 mil pesos a cambio de ser asignados en el puesto de El Naranjo”.
Podría haber más implicados
En el allanamiento hecho en Salta se secuestraron 6.179.380 pesos y 200 dólares. El dinero estaba conformado por billetes de baja denominación. También se allanaron las casas de los acusados, donde se secuestró en uno de los casos, 2 millones de pesos.
Al realizar el procedimiento, María Laura Rodríguez le habría pedido a Olga Rodríguez, su compañera de cuarto, que no diga nada, ya que ambas eran madres, lo cual jugaría a su favor en el proceso penal abierto en su contra.
“Tenían una ganancia de un millón de pesos por día”, afirmó Amad durante la audiencia de ayer al sostener que “ninguno de los acusados podía justificar la gran cantidad de dinero secuestrado”.
Durante la audiencia los acusados desconocieron relación con el grueso del dinero secuestrado. Solo admitieron sumas incautadas en la requisa personal, y negaron estar vinculados a una red de cobro de coimas.
Amad señaló que, si bien la investigación estaba dirigida hacia otros sospechosos, el hallazgo del dinero producto del cobro de los sobornos en manos de otros gendarmes no cambia en nada el fondo de la cuestión, sino, por el contrario, es aún más grave, pues evidencia que esta maniobra ilícita ya era generalizada.
El fiscal criticó el intento de los acusados por distanciarse del dinero que fue incautado en su ámbito de resguardo. “Es como si algún filántropo o acaso el Gran Bonete hubieran aparecido y dejaron dinero en bolsos y mochilas que solo los acusados podían tener acceso”, ironizó.
En tanto, en Tucumán, el fiscal federal Agustín Chit solicitó ayer la indagatoria de doce gendarmes y nueve civiles detenidos en esta red de corrupción.
Con la asistencia de la auxiliar fiscal Julia Vitar, Chit había solicitado una serie de allanamientos y detenciones en el marco de una investigación centrada en la participación en diversos delitos de integrantes del Escuadrón 55 de la Gendarmería Nacional, con base en Tucumán.
Los gendarmes involucrados en Tucumán fueron imputados por asociación ilícita agravada, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionarios. También se solicitó la detención de otros integrantes de Gendarmería y civiles -la mayoría, coordinadores de tours de compras de mercadería contrabandeada- para ser indagados por su presunta participación en la red de corrupción.
En la investigación conjunta entre Salta y Tucumán, en total se allanaron 21 domicilios, puestos de control de gendarmes y escuadrones en la provincia de Tucumán, Catamarca y Salta.