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El Pasaje Colmo 3.860, en Pompeya, hace honor a la ironía de su nombre: pretenden que allí funcione la primera cárcel para migrantes de Latinoamérica que proyectan con esmero la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, y el director Nacional de Migraciones, Horacio García, quien según concluyen diferentes organizaciones, vino para clausurar la política de brazos abiertos a quienes cruzan las fronteras de este país e inauguró un estilo policíaco que le estaría sentando mejor. La agenda xenófoba de fin de año no puede ser más precisa: la caída del Programa Patria Grande de documentación, con fuerte incidencia en los barrios, dio paso al plan persecutorio de unos 12.700 inmigrantes fiscalizados en más de 8 mil operativos durante el primer semestre. Los datos de SOS Discriminación Internacional Argentina, que preside Víctor Ramos, agregan que en la página web de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) se destaca el aumento de 2.991 operativos y a la fecha, los aranceles para trámites migratorios aumentaron en un doscientos por ciento. “Son medidas de funcionarios que ponen a nuestro país en la escala de gobiernos fascistas llenos de odio y xenofobia”, expresa Ramos en un comunicado. La movilización multitudinaria del 22 de noviembre al Congreso se alzó al grito de ¡Migrar es un derecho! en reclamo de la Ley de Voto Migrante y contra el encierro, las persecuciones y las declaraciones xenófobas de funcionarios, funcionarias y políticos que estigmatizan la migra como chivo expiatorio de las consecuencias económicas y sociales criminalizantes del primer año de gobierno de la alianza Cambiemos. El Frente Nacional Patria Migrante y la Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, constituida en su mayoría por mujeres, junto con organizaciones populares, exigieron la plena vigencia de la Ley 25.871, que contempla la migración como derecho humano. “Esta administración aumentó un 70 por ciento las expulsiones en el último año -dijeron- al mismo tiempo que cierra delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, recorta programas que facilitan la regularización de los migrantes y prepara la inauguración de un Centro de Detención.” Pero esto es apenas el principio. La planificación de los embates alcanzará su máxima expresión en las sesiones extraordinarias de febrero o a más tardar en el inicio del período legislativo de marzo, cuando el paquete legislativo oficial presente el proyecto para la creación de 107 juzgados y 50 fiscalías del fuero federal en todo el país, la mayoría concentrados en zonas de frontera, “para endurecer el combate al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas”.
Portación de rostro
La marcha del 22 y la presentación a fines de noviembre del proyecto de ley de voto migrante lograron marcar una agenda insoslayable y dejar al descubierto las tensiones y acciones directas que se están implementando contra la inmigración en la Argentina, como la construcción de nuevos muros en el norte del país. “Como bolivianos, peruanos y paraguayos nos sentimos muy preocupados cuando escuchamos las declaraciones de este senador Pichetto, una nariz parada que ha venido a ignorar la historia de nuestro pueblo, y cuando escuchamos los agravios de querer implementar nada más ni nada menos que la copia de lo que está pasando en los Estados Unidos, con intención de generar un muro”, expresó uno de los oradores del 22-N. “Aquí mismo, en la frontera con Villazón y La Quiaca se está implementando un tendido de muralla y alambrado para hacer restricciones al libre tránsito.” Mirta Bretón, representante de República Dominicana, reveló que “la comunidad dominicana, por no pertenecer al Mercosur, es una de las más afectadas en la Argentina. Le voy a hablar a la mujer migrante que labura, a las que somos niñeras, cocineras, a las chicas trans que apalean, por qué tanto maltrato. ¡Ya basta! Migrar es un derecho de todos”. Su compañera, la artista y comunicadora Lupita Made, dijo que muchos están recibiendo cartas oficiales donde se les indica que deben emigrar “porque no están nacionalizados o porque no tienen papeles. Tampoco les dan facilidad de iniciar los trámites, ni siquiera con hijos argentinos. Pero este gobierno no tiene ni voz ni voto para pisotearnos. La Constitución determina que gozamos de los mismos derechos que un argentino, entonces luchemos por esos derechos”.
Sandra Condorí Mamani, una de las referentes de la Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs de la Argentina, asegura que se trata de una reedición de las persecuciones “por portación de rostro” de los noventa, entonces con la llamada Ley Videla de migración. “Siempre focalizada hacia ciertos colectivos, aunque hoy sigamos siendo estigmatizados. Las mujeres eran las principales víctimas, muchas retenidas en las comisarías por no tener el documento.” Migrantes expulsadxs sin derecho al debido proceso, fuerzas policiales habilitadas para realizar detenciones, retenciones y expulsiones son algunas antiguas modalidades que se moldean en este contexto de 2016 con los mismos mecanismos de persecución. El Informe de la Situación Represiva Nacional 2016 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) registra que desde la asunción de Macri a la Presidencia, una persona es asesinada cada 25 horas. La titular de la organización, María del Carmen Verdú, manifestó a este diario que que “en casi un año de gestión, el gobierno de Cambiemos superó a sus antecesores. Nunca hubo una brecha tan corta como esta”. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking policial de calle, con un policía cada 112 personas.
“En la villa 31 hay pedidos de documentos de personas que incluso son vecinos y vecinas inmigrantes”, sostiene Sandra. “Se persigue y estigmatiza a población dominicana o senegalesa y a los colectivos peruanos, bolivianos y paraguayos. Esta creación de culpables de todas las situaciones no es casual, viene de armados mediáticos como los de Jorge Lanatta, los dichos de Miguel Angel Pichetto e incluso desde algunas provincias que plantean solicitar a estados como Paraguay que se hagan cargo de sus ciudadanos en la Argentina y que realicen un pago especial para ser atendidos en los hospitales públicos. También esto crea un ambiente que marca la xenofobia, el racismo y la discriminación.” En Parque Rivadavia sobran afiches convocando a expulsar a extranjeras y extranjeros con un llamado a la unidad nacional desde el control de las fronteras. “El anteproyecto de Ley de Voto Migrante tiene que ver con el derecho constitucional a poder elegir. Es un derecho humano que desde las asambleas de mujeres migrantes está planteado como una forma de autopercibirnos y expresarnos en un lugar diferente del que nos dicen o construyen.”
La iniciativa presentada por la Red y el Frente Nacional Patria Migrante que encabeza Lourdes Rivadeneyra establece que son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años, los argentinos naturalizados desde los 18 años y los extranjeros que acrediten una residencia permanente en los términos de la Ley 25.871, desde los 16 años, y no deberán tener ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta norma. “El debate se da en un contexto mundial, regional y nacional de avance de la xenofobia y retroceso de las políticas migratorias con enfoque en derechos humanos”, se explica en los fundamentos. “La hipótesis básica que guía este proyecto es que la extensión de los derechos políticos de las personas migrantes, a partir del reconocimiento del derecho de voto a nivel nacional, es un antídoto básico contra la xenofobia pues, en contextos de difícil agregación de mayorías, los recaudos de políticos y funcionarios públicos serán mayores a la hora de referirse a una de las principales minorías del país.”
La Red trabaja hace diez años en Ciudad, conurbano bonaerense y algunas provincias. La integran unas treinta organizaciones sociales de migrantes del Mercosur y extra Mercosur, en su mayoría mujeres migrantes organizadas de diferentes colectivas y migrantes en condición de refugio. Referentas que organizaron sus barrios y que junto con el Frente Nacional Patria Migrante conjugaron una línea de visibilidad desde donde plantearse como sujetas políticas. “Implica poner cuerpo y voz con agenda propia migrante en todos los espacios, con trabajo de hormiga”, concluye Sandra.
Yo no fui
El 19 de agosto, la Dirección Nacional de Migraciones emitió el comunicado “Complementación estatal contra la irregularidad migratoria”, que anunciaba la firma de un acuerdo para crear en septiembre un centro destinado al alojamiento de personas infractoras de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, en calidad de retenidas. La noticia generó el repudio de organizaciones migrantes, asociaciones de defensa de derechos humanos, académicxs, del arco político y organismos internacionales. Se lanzaba la creación inminente de un centro de privación de la libertad por faltas administrativas y además se malinterpretaba el espíritu de la ley, que considera la expulsión como último recurso que puede utilizar el Estado y dando intervención previa al Poder Judicial, como lo establece el artículo 61. “La Ley Nacional de Migraciones entiende que es el Estado el que debe adoptar medidas tendientes a regularizar a los migrantes, de modo que la irregularidad migratoria y su resolución son responsabilidad de los organismos públicos antes que un motivo para penalizar a quienes no tuvieran sus papeles en orden”, explica la antropóloga y docente universitaria Brenda Canelo, investigadora asistente del Conicet.
Cada párrafo de la Ley 25.871 da la oportunidad de implementar operativos y centros para informar y regularizar a migrantes en sus lugares de residencia y trabajo, y de ofrecer tasas accesibles para estos trámites. Según Canelo, la tendencia de los últimos meses es la opuesta: se suspendió el Programa de Abordaje Territorial de la DNM que brindaba información sobre los trámites de regularización, se cerraron delegaciones de la DNM en la provincia de Buenos Aires, los operativos se incrementaron en un 37,2 por ciento respecto de 2015 y se trataron más bien de “razzias” experimentadas por los migrantes “como profundamente atemorizantes”. Las tasas prácticamente se duplicaron, y el costo para gestionar una radicación permanente o temporaria para nacionales de países del Mercosur o Estados Asociados pasó de 600 a 1000 pesos desde el 23 de septiembre último.
“¿Qué implica todo esto? Básicamente una nueva lectura de la migración, ya no como un derecho cuyo pleno goce exige que el Estado viabilice la regularización, sino como un problema de seguridad ante el cual deben incrementarse mecanismos de control y sanción”, advierte la antropóloga. “Dicho en otros términos, en los últimos meses diferentes agencias estatales dejaron de tratar a los migrantes como sujetos de derechos, y pasaron a hacerlo como sospechosos y eventuales delincuentes.”
El amparo judicial frente a la creación de la cárcel para migrantes, la primera en Latinoamérica (hay un antecedente relativo en Ecuador) que presentaron el Colectivo para la Diversidad (Copadi), el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) y el diputado José Cruz Campagnoli (FpV-Nuevo Encuentro), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, es un intento de frenar este cambio de política en temas migratorios y lograr al menos que la Ciudad no pueda facilitar un inmueble para la creación de una cárcel destinada a personas que no cometieron ningún delito. Las organizaciones comunicaron que la imposición de ese sistema carcelario es un retroceso en los derechos de argentinxs y migrantes, además de que la situación vulnera derechos constitucionales de acceso a la Justicia y a la igualdad ante la ley. Además, la cesión del inmueble de Pompeya de Nación a Ciudad nunca estuvo avalado por la Legislatura.
“Estamos en presencia de un incipiente rebrote xenófobo digitado desde el poder político y económico que da cuenta, en primer lugar, de un componente ideológico siempre latente en nuestra sociedad. En todo tiempo existieron grupos que profesaron un rechazo visceral a los inmigrantes”, precisa Campagnoli. ¿Por qué reaparece hoy? El ajuste brutal que está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos precisa de chivos expiatorios para convalidarse. En ese marco, como la excusa de ´la pesada herencia´ va perdiendo fuerza, quieren hacernos creer que nos quedamos sin trabajo o que no llegamos a fin de mes por culpa de paraguayos, bolivianos o peruanos”. Es preocupante la asociación que se sugiere entre migrantes y narcotráfico, y que para el legislador “no sólo es profundamente estigmatizante sino que permite legitimar el giro en la política de seguridad que pretende el macrismo. Pero no son los extranjeros: es el modelo económico y las políticas de ajuste”.
Los mitos deben demolerse, no es verdad que hay muchxs migrantes regionales en el país, que ingresan sin control y acceden a beneficios públicos gratuitamente. El porcentaje de migrantes limítrofes sobre el total de habitantes de Argentina se mantiene en torno al 3 por ciento desde el censo de 1869, y según el Censo nacional de 2010 representan el 3,1 por ciento de la población, cifra que asciende al 3,5 por ciento si se incluye a las personas de origen peruano. “Tampoco es cierto que cualquier persona puede ingresar al país”, señala Canelo. “La Ley 25.871 requiere la presentación de documentación que acredite identidad, la inexistencia de antecedentes penales en Argentina y en el país de residencia durante los últimos tres años, y el ingreso legal al país. Sumado a estos requisitos, existe una larga serie de impedimentos para ingresar y permanecer, como haber sido condenado en Argentina o en el exterior por tráfico de armas o personas, de estupefacientes, lavado de dinero, tener antecedentes por actividades terroristas o fomentar la prostitución, entre otros.”
La organización vence
Reina Maraz es una migrante boliviana quechua parlante que desde el 28 de octubre de 2014 permanece detenida por un crimen que no cometió, sin comprender la sentencia de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, que la condenaron en castellano a prisión perpetua en la Unidad 33 de Los Hornos, donde parió a su hija Abigail. Hoy ambas soportan prisión domiciliaria a la espera de que la Cámara de Casación Penal revise la sentencia y un proceso judicial discriminante que vulneró sus derechos desde el principio, para anular todo lo actuado y ordenar su libertad definitiva antes que concluya el año. La acompaña y sostiene la Asamblea de Mujeres del MTD Lucha y Libertad de la Villa 20 de Lugano, en la Federación de Organizaciones de Base. Migrantes bolivianas en su mayoría, sobrevivientes de diferentes violencias y explotación laboral, abrazan la causa de Reina desde su propio feminismo libertario y atesoran ese impulso para hacerle frente a renovados embates xenófobos y racistas que perciben a diario.
“Reina es el compendio de todas las vulneraciones, por eso creemos que las violencias de género que trajo desde Bolivia y siguió sufriendo aquí, la discriminación, la pobreza, la opresión de un sistema que terminó condenándola por un delito que no cometió de alguna manera son hilos conductores en este recrudecimiento de las políticas contra las y los migrantes en la Argentina”, dice Daisy Balcera, referente de la FOB.
Ser migrante en un proceso de empoderamiento es más fácil, asegura desde la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer, donde crean y producen cuadernos, almanaques, afiches y libros bellísimos de una comunicación en arte exquisito y potente. Es parte de un hecho liberador colectivo que las revela contra el signo macrista de los tiempos. “Estamos en una época complicada porque crece mucho el racismo, la xenofobia, la discriminación que se focalizó en bolivianos, peruanos, paraguayos diciendo que vienen a consumir la salud de Argentina, a quitarles el trabajo y que viene la delincuencia. Lo que se expulsa de otros países llega aquí. Pero ese discurso está habilitado desde los mismos gobernantes para correr el foco de que hay pobreza y ajuste, cosas de las que el Gobierno debería hacerse cargo. Lo que hace es apuntar contra los inmigrantes más pobres, tira la piedra sobre bolivianos, peruanos y paraguayos para que terminemos matándonos entre nosotros.”
La presencia de las mujeres de la FOB desde 2012 en la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres y las acciones dos años antes, durante la represión violenta en el Parque Indoamericano contra unas 6000 personas que reclamaban soluciones habitacionales, son ejes que potencian las estrategias de cara a la dureza de las reglamentaciones que se esperan para 2017. “Nuestra forma de resistir es la organización. Es fundamental para encontrar espacios de encuentro y puente entre culturas”, reconoce otra compañera, Carla Thompson. “El territorio, la villa, es un espacio muy violento. Hay violencia patriarcal y también esa violencia se refleja en paraguayos contra bolivianos, y ahí se traduce el machismo. Y nuestros cuerpos, como mujeres migrantes o descendientes de migrantes, muchas veces son el territorio de conquista.”
VivaNosQueremos, la consigna que hicieron suya y resignificaron el 25 de noviembre de 2015 habla en este diciembre de todas las luchas cruzadas por nuevas fuerzas que alimentan la movilización. “Pero la fortaleza y el acompañamiento que generamos desde adentro es lo que más nos nutre y con lo que salimos a la calle sabiendo que no estamos solas. De hecho eso fue lo que nos nutrió como asamblea de mujeres en 2002, cuando fueron los cortes en el Puente Pueyrredón”, recuerda Eugenia Lara, integrante de la FOB.
Saben de certezas que no piensan abandonar contra la cárcel y la represión. La organización y el junte que espanta la soledad, la defensa de los encuentros nacionales de mujeres como espacios propios, la participación masiva en esa potencia convocante de Ni Una Menos y la profundización de la agenda común de las mujeres. “No más femicidios, aborto legal libre y gratuito, la resistencia contra este gobierno de derecha hostil para todas nosotras, desmarcarnos de los estereotipos y tejer alianzas con organizaciones desde nuestra visión libertaria y feminista.” Para llenar de contenidos y ser multiplicadoras de derechos en un territorio que busca doblegarlas.
