La obra social de los docentes y no docentes de la UNR (OSUNR) arrojó en agosto un saldo negativo de 600 millones de pesos. El 3 de septiembre, el Consejo Directivo de la entidad declaró el estado de emergencia por un año. A ese ritmo, en diez meses consumirá el total de las reservas obtenidas hasta fines de 2023, cuando Javier Milei asumió el Gobierno y ubicó al sector como uno de los objetos del ajuste. “Las obras sociales se sostienen con los aportes de los afiliados; al no haberse incrementado los salarios en el mismo nivel que el de insumos y prestaciones, el desfasaje que se produjo es fenomenal”, dijo a Rosario/12 el rector, Franco Bartolacci. “Esto está llevando la obra social a una situación realmente crítica”, completó el secretario general de Coad, Federico Gayoso. La preocupación sobre las prestaciones para unas 27.500 personas es compartida por Apur, el sindicato de los no docentes.

Una de las consecuencias no tan visible de que alrededor de la mitad de los salarios de docentes y no docentes universitarios se ubique por debajo de la línea de la pobreza, es el resentimiento de la atención de la salud de las y los trabajadores activos y pasivos.

Las cuentas de la OSUNR arrojaron en agosto un rojo de 600 millones, como resultado del ingreso de $1.800 millones en concepto de aportes, y egresos por prestaciones que ascendieron a $2.400 millones.

La presidenta del Consejo Directivo, María Amelia Lombardi, estimó en la reunión de principios de septiembre que, a ese ritmo de déficit, las reservas de la obra social se agotarán “en menos de un año”. La entidad –al igual que el resto de sus pares del país- declaró la emergencia económica, “debida al desequilibrio entre ingresos y costos en el ámbito de la salud”, según el acta N°193 del 3 de septiembre.

El rojo es consecuencia directa de “la fuerte rebaja en el poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones así como de los no docentes”, dijo a Rosario/12 Gayoso, y agregó que “las políticas desregulatorias del Gobierno nacional impactan de forma directa en los fondos de la OSUNR y, por ende, en la calidad y la cantidad de las prestaciones que brinda”.

A pedido de Coad, Sergio Arelovich y Claudia Lagier elaboraron un informe sobre la situación de la obra social. “El balance anual cerrado en diciembre de 2023 daba cuenta de una situación económica superavitaria de 1.496 millones de pesos, asentada en la administración financiera de los excedentes líquidos”, señala el trabajo.

Y agrega que “esto se manifestaba en la existencia de una reserva colocada en activos financieros valuada en 6.400 millones de pesos, de los cuales algo más de la mitad estaban colocados en depósitos a plazo fijo en dólares”. Esa masa de recursos es equivalente, según el informe, a “cinco meses de la totalidad del gasto prestacional”.

Pero algo pasó. “A partir de la asunción del nuevo Gobierno nacional, la situación cambió drásticamente. El motivo es el apartado 1 antes descripto (caída del poder adquisitivo del salario y aumento de las prestaciones por encima de la paritaria y de la inflación). La redistribución de ingresos en favor del capital se expresa en este caso por la diferente velocidad de crecimiento entre ingresos salariales y previsionales versus gastos prestacionales”, dice el trabajo.

Curarse en salud

La Coad realizó una asamblea para tratar el tema. “Si esto sigue así, en diez meses se habrán gastado todas las reservas y no podríamos hacer frente al déficit”, explicó Gayoso.

En cuanto a la resolución del problema, señaló que “no puede ser, como se plantea desde los órganos de gobierno de la obra social, que frente al déficit bajemos prestaciones o aumentamos los aportes. Pensamos que hay que hacer otro tipo de cosas”.

¿Qué cosas? “Ver cómo se gastan los recursos, tener farmacia propia con convenios con los laboratorios estatales, firmar convenios con las facultades del área salud de la UNR”, planteó el titular de Coad.

“Hacernos cargo de esa situación ante las políticas del gobierno nacional y entender que la salida tiene que ser colectiva y solidaria”, añadió.

A la vez, Gayoso sostuvo que “por ahora las soluciones que ofrece desde la presidencia de la obra social es hacerles un quite fenomenal a los jubilados. La obra social se basa en principios solidarios y no queremos cargar todas las tintas sobre un sector”.

Otra de las alternativas planteadas por el gremio de las y los profesores es incrementar el aporte patronal, que se ubica en el 6,5%, mientras el de los trabajadores puede llegar al 12%.

Todos los actores coinciden en que, la solución de fondo, es la recomposición salarial por encima del ritmo de la inflación. No parece ser la mirada del gobierno de Milei, que ofreció un incremento de sueldos para agosto y septiembre por debajo del índice de precios.

Esta semana, los sindicatos convocaron a un paro de 48 horas para el 26 y 27 de este mes, y a una nueva marcha federal para el 2 de octubre.

Consecuencia secundaria

El rector de la UNR, Bartolacci, consideró en diálogo con este diario que la situación es “delicada”, pero en el mediano plazo.

“Es la consecuencia secundaria del no incremento salarial, la situación ahí también es muy delicada”, dijo Bartolacci sobre el diagnóstico de la OSUNR, compartido por todos los actores.

“La nuestra es una obra social que tiene espaldas suficientes para soportar lo que está pasando, porque está bien administrada, pero si no se corrigen las dificultades…”, dijo.

En la misma línea, agregó que “no tenemos problema porque el déficit un mes se soporta (por los 600 millones de pesos de agosto), porque hay espalda y hay resto en la obra social para poder contemplar esa situación durante un período de tiempo. Pero esto se tiene que revertir”.

El rector recordó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró la emergencia de todas las obras sociales, como paliativo. Y señaló que la cuestión de fondo consiste en la mejora salarial.

Bartolacci dijo que en el proyecto de Presupuesto 2025 que Milei presentó al Congreso, las partidas para universidades contemplan apenas “el 53% de lo que habíamos pedido”, mientras pesa la amenaza presidencial de vetar la ley de financiamiento aprobada en el Parlamento.

El proyecto “no prevé como incremento (de las partidas) la inflación que enuncia el propio gobierno (del 18% anual). Es como si ellos tomaran lo que vamos a gastar en diciembre de 2024 y nos replicaran mes a mes los mismos recursos para 2025”, graficó el rector.