Cada vez que una persona es privada de la libertad en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se le abre un Legajo Federal Único (LFU), donde figuran las razones de su detención, sus datos personales, la ficha dactiloscópica, la evaluación médica, si requiere tratamientos, datos que surgen una entrevista psicológica y notificaciones judiciales. Sin embargo, para quienes terminaron detenidos/as en la cárcel de Ezeiza en el contexto de la movilización contra la Ley Bases en junio hubo un tratamiento particular. La información, al menos en algunos casos, consignaba algo más: que pertenecían a "organizaciones criminales". Esa conclusión surgía de un interrogatorio al que habían sido sometidos/as que incluía preguntas en tono de hostigamiento para que dijeran si integraban alguna fuerza política u organización social y por qué habían participado de la protesta. "Ese tipo de descripción ni siquiera se la ponen a un preso común en el legajo", se escandalizó un funcionario judicial que ve con frecuencia los LFU de ese centro de detención federal. 

Este dato fue consignado en un dictamen del fiscal Franco Picardi, quien abrió una investigación sobre los abusos de las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y le SPF) así como de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la represión y las detenciones efectuadas en la protesta del 12 de junio último en la Plaza de los dos Congresos y sus alrededores. Por eso pidió información detallada tanto al Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, como al de Ciudad, que encabeza Waldo Wolff, sobre los operativos desplegados, los agentes, su formas de identificación, las órdenes impartidas, hasta las armas de todo tipo que llevaron. Las situaciones de violencia y golpizas en el momento de las detenciones y en los lugares de alojamiento carcelario aparecen reflejadas en relatos de las personas apresadas y informes de organismos de derechos humanos. La equiparación de manifestantes con delincuentes que pertenecen a "organizaciones criminales" pertenece al repertorio que utiliza el gobierno de Javier Milei, alimentado por Bullrich. Luego un penitenciario lo asienta con total normalidad en un legajo. 

Picardi dejó en claro que busca discernir todas las responsabilidades, lo que incluye a las "máximas autoridades". Su dictamen fue firmado en una semana llena de mensajes de los que deberían tomar nota tanto el gobierno nacional como porteño por las prácticas habilitadas o indicadas a sus fuerzas de seguridad ante la protesta social. Los límites y el castigo para manifestantes fueron anunciados con la llegada de Javier Milei. El gobierno se muestra dispuesto a llevar este método para aplicar el ajuste al extremo. El fallo de la Corte Suprema que derivó en las ordenes de detención para que cumplan su condena efectiva los responsables los asesinatos en las protestas de diciembre de 2001 es toda una señal. No solo le tocó a quien era el jefe de la Federal del gobierno de Fernando de la Rúa, Rubén Santos, sino a Enrique Mathov, que era superior político como secretario de Seguridad. 

En el campo judicial hubo otros hitos (ver más abajo) y hasta hizo una advertencia política el Papa Francisco tras el ataque a la marcha de los jubilados donde incluso fue gaseada una niña. Señaló que el gobierno en "en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta". Reivindicó a los movimientos sociales y llamó a no amilanarse: “Si el pueblo pobre no se resigna, se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas van a cambiar para bien”. 

"Criminales"

El dato sobre los legajos personales y la descripción de una pertenencia a supuestas "organizaciones criminales" por el hecho de estar protestando está asentada en tres páginas entregadas al juzgado de María Servini por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CNPT) creado en 2017 para garantizar su prohibición establecida en al Constitución y de acuerdo a la convención internacional incorporada a ella. De por sí fue una anomalía que enviaran a cárceles federales a los manifestantes y quienes estaban en la zona haciendo venta ambulante o que pasaban por casualidad. 

Bullrich suele decir que no hay lugar en los penales federales, pero hubo para los 33 detenidos ese día, mientras la Oficina del Presidente tuiteaba que quienes protestan son terroristas y golpistas, lo que fue recogido por el fiscal Carlos Stornelli que, como es conocido, les imputó delitos gravísimos incluidos el de terrorismo y atentados contra el orden constitucional. La magistrada suavizó las imputaciones aunque todavía no sobreseyó a nadie. También abrió un expediente sobre sobre la represión. En función de esto, el fiscal Picardi advirtió que es una obligación estatal investigar violaciones a los derechos humanos en el escenario de la protesta. 

Los miembros del CNPT fueron a verificar las condiciones en las que se encontraban las y los detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz los días 14 y 15 de junio. 

*El informe entregado al juzgado y al que accedió Página/12, que ahora analiza Picardi, dice que se relevaron "situaciones que podrían constituir hechos de tortura y malos tratos (...) tuvieron lugar en la vía pública al momento de la detención por parte de funcionarios de la Policía Federal y de la Ciudad". Describe personas heridas con balas de goma, con lesiones por golpes con bastones policiales y "maniobras lesivas" al momento del arresto. El uso del gas pimienta elegido por este gobierno que provoca lesiones en la piel, la vista y problemas respiratorios, también es marcado por Picardi como posible instrumento de tortura. 

*El Comité se refiere luego a "prácticas de hostigamiento por razones políticas" y el "registro irregular de información sensible". Señala que todas las fuerzas que intervinieron el 12 de junio "realizaron reiteradas preguntas a las personas privadas de la libertad respecto a su afiliación a alguna organización política, junto con comentarios despreciativos acerca del motivo de la manifestación pública". Esa descripción se repite, dice el documento, en los testimonios que fueron recogiendo de los detenidos/as quienes, además, contaron que todo iba acompañado por agresiones de los agentes como "te pasa por kirchnerista" o "sucia de mierda". Esta y otras escenas fueron relatadas por Camila Juárez, Nora Longo y Nicolás Mayorga ante la Comisión Bicameral de control y fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. La recopilación de datos sobre opiniones políticas o pertenencia a organizaciones (políticas, partidarias, sociales, culturales, sindicales, religiosas...) se consideran prohibidas tanto la Ley de Inteligencia como la de Protección de Datos Personales. 

*El primer día que miembros del Comité fueron al penal de Ezeiza pudieron ver los Legajos Personales Unicos de los primeros detenidos "donde se consigna que se consulta su filiación política y luego se asienta que pertenecen a 'organizaciones criminales'", dice el reporte que cita Picardi. El segundo día ya no les dejaron mirar los legajos, pese a que el Comité está autorizado a relevar por la ley 26.827 (que crea el sistema de prevención del a tortura....). Señalan que se labró un acta al respecto. Esto, aclaran, no les ocurrió en Marcos Paz. 

*En el Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza), un grupo de detenidos les relató que  cuando llegaron "de madrugada" personal penitenciario (que tenía sus rostros cubiertos con pasamontañas) empezó a cantar 'La patria no se vende, la patria no se vende' a modo de burla, gritando a su vez 'acá están, llegaron los tira-piedras, los kirchneristas' y 'Viva Milei' mientras les preguntaban nuevamente por su militancia, si eran kirchneristas, y si pertenecían a alguna organización". "A continuación --sigue el informe-- les indicaron que debían colocarse mirando hacia una pared y seguidamente arrojaron gas pimienta en aerosol en el ambiente, tratándose de un espacio cerrado. De acuerdo a las entrevistas realizadas por este Comité, luego no recibieron asistencia médica". Los vio un médico delante de los propios agresores, por ende no expresaron lo ocurrido. Parte de estos sucesos fueron relatados a este diario por Matías Ramírez, un vendedor de choripanes y gaseosas que formó parte del grupo de 33 detenidos. 

*El texto del  CNPT agrega que "se recibieron alegaciones de la realización de requisas de carácter vejatorio por personal de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, y del Servicio Penitenciario Federal (...) algunas requisas que implicaban la desnudez de las personas detenidas se realizaron en espacios que no garantizaban la privacidad y, en algunos casos, intervino personal de distinto género que la persona requisada". 

Por los sucesos dentro de los penales de Marcos Paz y Ezeiza hay dos causas penales en trámite, una en Morón y otra en Lomas de Zamora. El fiscal Picardi pidió información a los juzgados y fiscalías que intervienen. En el segundo caso, la causa está delegada en la fiscalía de Sergio Mola. Cuando pidió las cámaras de la cárcel, del lugar donde fueron recibidos los detenidos y --según los relatos-- sometidos a geses y golpes, les dijeron que no hay imágenes de ese lugar, según pudo reconstruir este diario. Esta semana, de acuerdo a lo requerido desde Comodoro Py, la fiscalía de Lomas pediría los legajos a los que alude la CNPT que hablan de "organizaciones criminales" y los que les fueron ocultados. Una de los interrogantes que deberían responder estas causas es también por qué quienes participaban de una protesta terminaron en esas cárceles federales. El último detenido recuperó la libertad hace poco más de dos semanas.

La causa de Picardi señala que si bien hay relatos individuales sobre la represión, las detenciones arbitrarias y los interrogatorios sobre pertenencia política o ideológica, analizar el "entramado" que tiene "patrones en común" como "diversas violencias físicas que habrían sufrido civiles, en función del desempeño de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires". Además de testimonios de víctimas (detenidos a pedido de Stornelli) estudia los informes no solo del CNPT sino de la Comisión Provincial por la Memoria y le Centro de Estudios Legales y Sociales. 

Contexto y mensajes

Mientras el gobierno insiste con atacar a quienes se manifiestan con al excusa de aplicar el "protocolo antipiquetes" que convirtió el derecho a la protesa en un delito en flagrancia con la excusa de los cortes de calle (que hacen las propias fuerzas de seguridad), esta última semana no fue una más. Hubo advertencias sobre las consecuencias de la represión institucionalizada y los abusos policiales, lo que incluye la decisión del a Corte sobre Mathov y Santos y las palabras del Papa Francisco, pero se sumaron otras decisiones relevantes que pasaron menos advertidas y marcan límites. 

En Chubut, un jurado popular declaró "no culpables" a cuatro personas que habían sido acusadas con pruebas truchas de haber participado en el incendio del diario El Chubut en protestas masivas de 2021 en contra de la zonificación minera. Marcos Willipan, militante barrial del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), había estado una semana detenido y llevaba más de tres años con el peso de la acusación. Le dijo a Página/12 que siente alivio pero que "ahora hay que sacarse la estigmatización como ciudadano" ya que fue atacado políticamente y desde los medios. "El jurado popular entendió como nos había difamado también la justicia", celebró. 

Además, un tribunal oral condenó a tres policías de la Ciudad --a uno de ellos a perpetua-- por el asesinato del remisero Claudio Romano, un caso de gatillo fácil. Según los jueces, no actuaron en legítima defensa. Empezó el segundo juicio vinculado con homicidio de Lucas González: es contra el efectivo acusado de plantar un arma para encubrir el crimen. En la Cámara de Casación Federal, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la familia de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en 2017 con la gestión de Bullrich, pidieron agravar a prisión perpetua por homicidio calificado la condena a los cinco prefectos ya sentenciados por a penas de hasta cinco años por homicidio en exceso de la legítima defensa. Son decisiones claves frente a una ministra que habilitó la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para disparar balas de plomo y que considera que los agentes no tienen responsabilidad por matar.