Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) mantienen bloqueada este lunes la ruta más importante del país para exigir la ratificación de las condenas por el homicidio en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres y reclamar justicia por el defensor ambiental Juan López, también asesinado el pasado 7 de septiembre.
Los manifestantes, entre ellos Laura Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta Cáceres, bloquearon los dos tramos de la autopista que comunica Tegucigalpa con San Pedro Sula, una de las ciudades más importantes de Honduras.
"Desde hace mucho tiempo estamos exigiendo justicia, pero lo que ha sucedido con nuestro compañero Juan Antonio López viene a demostrar la impunidad en que estamos viviendo", dijo uno de los manifestantes.
Condenas por el crimen de Berta Cáceres
Los miembros del Copinh solicitan a la Corte Suprema de Justicia de Honduras que confirme la condena a Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), firma que pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, por ser "coautor intelectual" del asesinato de la activista.
Castillo fue condenado en junio de 2022 a 22 años y 6 meses de prisión tras ser declarado “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista.
En diciembre de 2019, cuatro de los ocho acusados fueron condenados a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros 3 fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.
Juan López, otro ambientalista asesinado
Los manifestantes también se solidarizaron con los familiares y amigos del ambientalista Juan López, quien fue asesinado el 7 de septiembre a pesar de tener también medidas cautelares de la CIDH desde 2023.
"Basta de impunidad", "Juan vive, la lucha sigue y sigue" y "Justicia para Berta Cáceres!", son algunos de los mensajes en pancartas que portaban los manifestantes, que responsabilizan al Estado y al Gobierno de Xiomara Castra del asesinato de López.
López, quien era concejal del municipio caribeño de Toca, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), había luchado en defensa del río Guapinol y contra un proyecto minero que afecta al parque nacional Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
La protesta afectó a miles de vehículos, entre particulares y transporte público, que se dirigían hacia San Pedro Sula y Tegucigalpa, y otras regiones del país centroamericano.
