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Comenzarán este jueves las audiencias de debate en el proceso judicial que se les sigue a siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, a partir de la denuncia de la Administración de Parques Nacionales por la presunta usurpación de terrenos en la zona de Villa Mascardi a fines de 2017.
Se trata del territorio donde, en noviembre del mismo año, un escuadrón del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel.
El debate –que solo podrá seguirse vía internet– se realizará este jueves 26, viernes 27 y el lunes 30 de este mes en sede del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, en San Carlos de Bariloche, sin presencia de público y bajo un fuerte operativo de seguridad.
Los representantes legales de la comunidad anticiparon que el juicio “será una farsa” y denunciaron que la sentencia condenatoria “ya está redactada y firmada”.
La instancia oral y pública adviene luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal admitiera a mediados de agosto los recursos de la fiscalía y de la Asociación Vecinal Lago Mascardi y dejara sin efecto la resolución del juez Hugo Greca, quien había homologado el acuerdo conciliatorio firmado entre el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Alejandro Marmoni, en junio de 2023.
Mismo recorrido inició la Administración de Parques Nacionales (APN), la cual, tras la llegada de una nueva gestión con el Gobierno de Javier Milei, informó sobre la Resolución dictada el 26 de abril de 2024 anulando aquella precedente, del 9 de junio de 2023, que avalaba el acuerdo.
“Es vocación de la APN”, definió el Directorio de la entidad, “no renunciar a los cursos de acción y las querellas penales que se iniciaran en el año 2017 como consecuencia de los sucesos ocurridos en el Parque Nacional Nahuel Huapi”.
Por cuanto requirió que se “revoque la resolución de homologación y se prosiga con el trámite de esta causa, encomendando al Tribunal Oral la celebración del correspondiente debate oral y público a fin de enjuiciar los hechos investigados”, cuestión que se definirá durante el juicio que comienza esta semana.
Las imputadas en este caso son Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y la machi Betiana Colhuan.
El acuerdo que no se cumple
Resultado de las conversaciones entre representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y funcionarios del Ejecutivo nacional durante el Gobierno de Alberto Fernández las partes habían alcanzado un acuerdo de partes, luego homologado por el entonces juez de la causa, Hugo Greca.
El entendimiento anunciado por el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla preveía el compromiso del Estado a “reconocer el rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin de que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales".
"Se construirán”, incluía el texto, “tres rucas (casas) para la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan Nahuel, una para los pacientes y los elementos de la medicina tradicional mapuche, otra para los colaboradores de la machi y la tercera para que viva ella y su familia, con permiso de uso en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi".
Las partes dejaron además "expresa constancia que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu sería reubicada en otro terreno”. En ese contexto Parques Nacionales había accedido a ceder siete hectáreas, más otras 10 en el cercano lago Guillelmo, relocalizando a la comunidad.
Los tiempos de la Justicia, más allá de la decisión de Casación, que admitió los recursos presentados por la fiscalía y la Asociación Vecinal Lago Mascardi (representada por abogados de la comisión legal de Consensos Patagónicos), se aceleraron visiblemente con el nuevo escenario político nacional y el regreso de Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad, misma cartera que ocupaba cuando durante el desalojo ordenado en 2017 contra la comunidad, Prefectura Naval mató por la espalda al joven Rafael Nahuel.
La premura judicial evitó así la prescripción de la causa que operaba este octubre.
En otras palabras, la resolución de anular el fallo que homologaba el acuerdo y la posterior decisión de fijar el juicio para septiembre, llegaron a tiempo para cumplir con el objetivo de imponer una pena, aunque siempre contrarias a una solución de fondo que contemple los intereses de la comunidad originaria.
Una sentencia "redactada y firmada"
Así lo aseguraron desde la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, defensa de las mujeres imputadas por la presunta usurpación en Mascardi.
“Obviamente ya todo está absolutamente cocinado”, anticipan los letrados en un comunicado de prensa emitido cuando se dieron a conocer las fechas del juicio oral. “El Tribunal dispuso que el juicio se lleve a cabo en aislamiento total dentro del Cuartel de Gendarmería de Bariloche”, describen.
“Los lugares para presenciar el juicio”, advierten, “serán muy escasos. Insignificantes. Además darán lugares a gente de Parques Nacionales y a vecinos racistas de Bariloche”.
El juicio, para la prensa y el público en general será transmitido por la plataforma digital Youtube.
“No es la primera vez que obligan a los defensores de la Gremial ir a un juicio dentro de cuarteles o cárceles”, continúa el comunicado, “pero así son las reglas que nos imponen”. Y concluyen: “será una verdadera farsa”.
