Ex director del Ente Regulador de Electricidad, Marcos Rebasa integra el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y dirige el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Después de la maratón de audiencias públicas de gas y luz, que terminó el viernes, Rebasa dijo que no hubo respeto a la separación de poderes.

–Fue una parodia. Lo vi al ministro Juan José Aranguren que hacía el papel de estar ahí sentado, como para demostrar que él está firme en la audiencia. 

–¿Hizo mal Aranguren?

–En estar, no. En la forma en que organizó las audiencias, sí. 

–¿Por qué hizo mal?

–Las audiencias de toda la semana en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y otras ciudades de la Argentina fueron solo reuniones informativas. No fueron audiencias públicas. En una reunión te informan, por ejemplo, las cifras del precio mayorista de la electricidad. Y sin datos previos. Entonces no puede haber un debate. Yo me puedo preparar, pero si no tengo la información de base solo puedo sentar una posición de principios. Es imposible evaluar si lo que dice cada uno tiene algún fundamento. Si las decisiones las toman antes y además las ocultan, ¿de qué audiencia estamos hablando? 

–Para el área metropolitana, ¿el criterio fue el mismo el miércoles con el gas que el viernes en las dos audiencias sobre luz?

–Sí. La primera reunión informativa la presidió el ministro Aranguren. La segunda, inmediatamente después de la primera, el directorio del Ente Regulador de Electricidad, el ENRE. En la primera el Gobierno habló de un precio mayorista. En la segunda, el ENRE asumió como cierto ese precio mayorista. Y después el ENRE se dedicó al masomenismo. El que use 300 kilowats al mes pagará más o menos tanto, el que use más pagara tal suma y el que use menos pagará más o menos tal otra. Después de la exhibición de masomenismo, ya cerca del cierre, que fue a las seis de la tarde, aparecieron Edenor y Edesur haciendo publicidad y propaganda. Un show. 

–La primera audiencia del viernes, de luz, trataba sobre el precio mayorista.

–Un dato básico, porque primero ese valor necesita ser definido y luego el Estado debe fijar cuánto de ese valor es trasladado a los usuarios. Es decir, cuál será el nivel de subsidios. Se nota que con la quita de subsidios quieren guardar las formas. Tal vez les da miedo o les preocupa y por eso hicieron una parodia de audiencia. Informaron. Si el día de mañana alguien reclama que no hubo la correspondiente audiencia, ellos dirán que sí la hicieron. 

–Quedará la discusión del cómo.

–Para mí a esta altura ya no hay discusión posible. Lo dije allí. No hay respeto por los poderes del Estado y por la separación de poderes. No hay espíritu republicano. La Corte Suprema había fijado no solo cómo debía ser una audiencia pública sino el papel de cada poder. El de la Corte era poner los límites. Bien: el Poder Judicial no fue respetado. 

–¿Qué límite quedó violado?

–Hay una cuestión de fondo. ¿Es excesiva o no la quita de subsidios, o sea el aumento de transmisión del precio mayorista a la gente? Por lo que conocemos hasta ahora, con cifras probables que llegan al 70 por ciento cuando desde que asumió Mauricio Macri se alcanzaron aumentos del 1700 por ciento, lo excesivo es la marca indudable. Los aumentos son excesivos porque no respetan la razonabilidad, la gradualidad y el sentido no confiscatorio de los ingresos. Hasta el Instituto Mosconi, ligado a la Unión Cívica Radical, partido que integra Cambiemos, y FIEL, de pensamiento neoliberal, recordaron que antes, con el gobierno anterior, cuando la gente tenía mayor capacidad de pago, la reducción de subsidios no debía llevar menos de cinco años. Con la capacidad de pago que tienen hoy los ciudadanos, el plazo se estiraría a no menos de siete u ocho años. ¿Eso es gradualidad?

–¿En cuánto quedará la tarifa?

–El Observatorio de la UMET estudiará las cifras oficiales cuando sean conocidas sin masomenismo y hará un cálculo preciso. Después lo difundirá de inmediato. Yo dije en la audiencia que el promedio del combo del VAD, el Valor Agregado de Distribución cobrado por las empresas a los usuarios, más lo que decidieron transferir, equivaldría a un aumento final del 50 por ciento en la tarifa. En la categoría alta, entonces, el que ya sufrió un aumento del 1700 por ciento llegará a un aumento total del 2550 por ciento. Y el que padeció un aumento del 600 por ciento llegará al 900 por ciento. Es un agravio a los usuarios. Y una peligrosa ayuda al deterioro de la economía de las pequeñas empresas, de los clubes de barrio y de muchas instituciones de la sociedad. No van a soportar el shock y tendrán que despedir gente. La UIA y la asociación de grandes usuarios, Aguera, fueron muy duras sobre cómo impactaría esta tarifa en las pymes. La ironía del caso es que los incrementos están convirtiendo a la Argentina en poco competitiva. 

–¿Por qué?

–Los aumentos incrementarán la inflación, que a su vez incrementará los costos energéticos, que a su vez incrementarán la inflación. La energía es un insumo básico para subir o bajar la competitividad. Todo empeora si sumamos las subas en agua y en gas. En gas hay algo peor: si en electricidad sin duda las tarifas estaban atrasadas en 2015, en gas no. Pagábamos ya un valor real. Es decir que en gas los aumentos no solo no son graduales: son abusivos. Implican una tremenda transferencia de los usuarios. Las tarifas eléctricas debían ser actualizadas, aunque razonablemente. Pero en gas estábamos pagando casi el valor real, de modo que en gas los aumentos son abusivos porque implican una transferencia tremenda de los usuarios a las empresas. Un miembro de una asociación de usuarios dijo que la audiencia era nula. Pero en términos jurídicos, para decidir si algo es nulo primero hay que hacer un planteo judicial y ganarlo. De todos modos, está claro que el Gobierno montó una parodia. Un jurista muy famoso, Santiago Barberis, experto en Derecho Internacional, decía: “El Derecho es lo que es, no lo que se dice que es”. 

–El ministro Aranguren dijo que tomaría nota de lo escuchado en las audiencias.

–Eso prueba que no fueron deliberativas. Debieron haber dicho: “Señores, queremos aumentar la tarifa de producción eléctrica en un 50 por ciento por tal y tal cosa. Queremos quitar los subsidios por tal razón”. Una vez discutidos esos temas y una vez que el Ministerio de Energía hubo tomado una decisión, el ENRE debió haber hecho una propuesta de cómo transmitiría el nivel de quita a Edenor y Edesur. Es grave haber actuado sin espíritu republicano, sin los debidos actos administrativos y sin una transición gradual. 

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