A través de un extenso y detallado informe, el Conicet le desaconsejó al gobierno de Mauricio Macri la implementación del sistema de voto electrónico. Una decena de investigadores de las universidades más prestigiosas del país y de distintos instituciones especializadas en informática recomendaron “no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto”.

El informe considera que en una elección nacional o incluso provincial una falla en alguno de los “nodos”, “puede ser catastrófica”, provocando demoras o llegando al punto de tener que suspender la elección. En caso de que el macrismo pretenda insistir con algún sistema de ese tipo, sugirieron “fomentar el desarrollo de recursos humanos y capacidades técnicas, e iniciar un plan de investigación que pueda aportar evidencia teórica y empírica de que los riesgos de este sistema puedan ser controlados”. El contenido de la investigación se conoció este viernes, casi 10 días después de entregada al Ministerio del Interior y luego de un ruidoso reclamo de la organizaciones sociedad civil para que se haga público. Según pudo saber PáginaI12, a pesar de este estudio, el macrismo insistirá con debatir su proyecto de reforma electoral el año próximo (ver aparte).

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) convocó especialmente a una “comisión asesora” de expertos y académicos propios y externos para la redacción del informe sobre la incorporación de tecnología en el proceso de votación. En su introducción, explican que se realizó “un análisis de factibilidad de un sistema de voto electrónico que contempla a la boleta única, a requerimiento del Ministerio del Interior”. De todas maneras, los investigadores aclaran que no se analizó una solución tecnológica puntual: “No se estudiaron en detalle las implementaciones de voto electrónico existentes en el país ni las usadas en otros países. Por el contrario, el análisis se centró en cuestiones generales sobre las ventajas, dificultades y peligros asociados al uso de tecnología informática para este tipo de sistemas. Es indudable que, si se decidiera incorporar tecnología en una solución concreta, se deberán analizar con detalle las soluciones existentes”.

En sus primeras consideraciones, el informe de 54 páginas enumera y define las “propiedades a satisfacer” que fueron planteadas por distintos actores interesados en el sistema electoral: secreto del voto, integridad, capacidad de auditoría y control, igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, universalidad, convalidación y usabilidad. Para evaluarlas, se desagregó el proceso en 4 fases secuenciales: Emisión del voto, escrutinio de mesa, generación de documentos, comunicación de resultados.

Luego de un análisis de cada etapa, el informe define cuatro “niveles de criticidad” para cada una de ellas. Ninguna califica en el nivel verde, en el que “no se identifican riesgos o compromisos al sistema”. 

  • Comunicación de resultados: “los principios fundamentales del voto no se encuentran comprometidos, aunque existen riesgos (menores) de diferencias en el resultado provisorio que luego pueden ser corregidas en el escrutinio definitivo”.
  • Generación de documentos: “los principios fundamentales del voto no se encuentran comprometidos, aunque existen riesgos (menores) de diferencias en el resultado provisorio que luego pueden ser corregidas en el escrutinio definitivo”.
  • Conteo: “existen riesgos moderados de alterar el resultado de la elección, sin que esto pueda ser detectado y/o corregido”.
  • Emisión del voto: “existe un alto riesgo de comprometer los principios fundamentales del voto y de alterar de forma indetectable el resultado de la elección”.

Sobre esta última fase, la más peligrosa, los investigadores son terminantes: “Cualquier sistema de emisión electrónica de voto que busque solucionar los problemas inherentes a garantizar integridad y secreto, necesariamente será difícil de verificar formalmente y de auditar, incluso por expertos en la disciplina. No existe evidencia en la actualidad de que sea factible utilizar un dispositivo electrónico en esta fase del proceso de votación sin comprometer requerimientos fundamentales del voto, en particular, garantizar el secreto”. Además, dado a que el sistema de emisión de voto estará expuesto a una multiplicidad de personas, el informe considera que en una elección nacional o incluso provincial una falla en alguno de los “nodos”, “puede ser catastrófica”, provocando demoras o llegando al punto de tener que suspender la elección.

En este punto, los expertos hicieron un repaso crítico de las distintas alternativas posibles, incluida una de las que se barajaban en el Congreso. “Si se utilizara un recuento automático de boletas impresas utilizando un lector QR, la integridad del sistema podría ser vulnerada haciendo que la información textual (que puede verificar una persona) difiera de la información codificada, que será finalmente la utilizada en el conteo”, ejemplificaron.

En este contexto, la comisión del Conicet agregó que “cualquier ciudadano, universidad u organización civil debe poder analizar el sistema electoral sin necesidad de ser convocado expresamente para ello”. Recomiendan, además, que “los procesos de auditorías y los resultados de las mismas deberán ser públicos, para reforzar la confianza de la ciudadanía en su sistema electoral”. Estas sugerencias chocan de lleno con la persecución policial y judicial que sufrió Joaquín Sorianello, un programador que fue detenido por la policía metropolitana (y su casa allanada) por descubrir y difundir fallas en el sistema de boleta única electrónica (BUE) utilizado en las elecciones de Capital Federal.

En sus conclusiones, además de retomar estas recomendaciones, los expertos aseguran que la incorporación de tecnología en las diferentes fases “debe realizarse en forma gradual y progresiva, mediante proyectos piloto y a menor escala, evaluando cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto piloto”. Esta afirmación también contradice la voluntad del Poder Ejecutivo, que pretendía implementar de una sola vez y en todo el país, el sistema BUE. El tema está aún en manos del Senado, que a fines de 2016 archivó el proyecto por las dudas y controversias que generó en los distintos partidos de oposición (fundamentalmente en el bloque del FpV-PJ).