Luego de una investigación que arrancó por denuncias sobre presuntas vacunaciones irregulares en la provincia de Buenos Aires durante el Covid, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla las desestimó por “inexistencia de delito”. Así dice textualmente el fallo al que tuvo acceso este diario.

Las denuncias fueron presentadas, entre otros y otras, por el entonces senador bonaerense Juan Pablo Allan, la ahora senadora libertaria Florencia Arietto, el legislador porteño Yamil Santoro y la exjefa del PAMI durante el kirchnerismo y actual legisladora de la CABA Graciela Ocaña. Por razones de conexidad, las diversas denuncias iniciadas ante distintos juzgados terminaron concentradas en las oficinas de Ramos Padilla.

El resumen de Ramos Padilla indica que esas denuncias “detallan casos específicos de presuntas violaciones a la normativa vigente por incumplirse un supuesto orden de prelación previsto para la aplicación de dichas vacunas”. Agrega que “se trataba de lotes de vacunas cuya gestión y distribución ya no eran competencia del Ministerio de Salud de la Nación sino de autoridades provinciales”.

Uno de los argumentos de los denunciantes es que existió una práctica sistematizada que, cita el juez, “afectó el normal desarrollo del plan de vacunación y la salud pública en general". Ramos Padilla se propuso investigar tanto ese supuesto como la posibilidad de que fueran “irregularidades puntuales en el marco de un plan masivo e inédito”. Una de las denuncias llegó a mencionar un presunto “aprovechamiento del Estado, de modo generalizado y organizado a través de privilegios, para vinculados políticos, como pago de favores y vehiculizado por la pertenencia a sectores partidarios”.

Por ejemplo, Yamil Santoro denunció a Soledad Quereilhac, una doctora en Letras e investigadora que es, además, esposa del gobernador Axel Kicillof. La denuncia señalaba que un conocido editor de libros, Carlos Díaz, le ofreció a la ensayista Beatriz Sarlo participar en una campaña de concientización sobre la vacunación contra el Covid-19. Pero “la evidencia demostró que no hubo contacto directo entre ellas” ni hubo “un ejercicio ilegítimo de funciones de ese tenor”. O sea que, encima, ni Díaz le ofreció a Sarlo una vacunación contra las normas ni Quereilhac pudo haber participado de una maniobra, porque sencillamente ni siquiera existió. Aunque no figura en el escrito del juez, probablemente porque no es necesario jurídicamente consignarlo, la vacunación de Quereilhac fue informada por ella misma en Instagram en 2021: “Me anoté en la página VacunatePBA en diciembre 2020. Hace dos días me comunicaron el turno, y hoy, sábado 5 de junio, finalmente fui a vacunarme en el Polideportivo Municipal Los Hornos, con mi recibo de sueldo docente y mi DNI con domicilio en La Plata”.

Otra denuncia cayó sobre Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta. Pero resulta que la vacunación de funcionarios del Estado estaba contemplada en la resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, la vacunación de CFK en el hospital “Juan Domingo Perón” también fue un hecho público. No hubo ni ardid ni engaño. En cuanto a las prioridades de vacunación, las normas comenzaban por el personal de salud y seguían por lo que llamaban “personal estratégico”. Esta categoría comprendía a integrantes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, a funcionarios del Estado y, en general, “a toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para el adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”. O sea que, argumenta el escrito, “la vacunación de funcionarios estatales (como la vicepresidenta) no podría ser considerada una violación a la norma regulatoria”.

Dice el escrito de Ramos Padilla que el juzgado pidió y reunió información del Ministerio de Salud de la Provincia, del nacional, de varios municipios y de numerosos hospitales. Parte de esa información se refería al listado de personas vacunadas. Otra parte documentaba la cantidad de dosis distribuidas y aplicadas en la Provincia al 30 de marzo de 2021, ya un año después de la primera cuarentena ordenada por el Poder Ejecutivo.

El juzgado también allanó el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte, el Hospital Subzonal Materno Infantil Doctor Eduardo Oller y el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce” Doctor Néstor Kirchner. En todos se incautó documentación sobre el desarrollo de los vacunatorios.

El escrito narra las medidas de emergencia pública tomadas por el Gobierno nacional y las sucesivas ampliaciones por decreto del Poder Ejecutivo para “coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de uso médico que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia, como así también a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud”. Cuando hubo vacunas, a finales de 2020, la OMS las recomendó como la principal forma de prevención primaria y en el país el Ministerio de Salud de la Nación “diseñó el Plan Estratégico de Vacunación”. Comprendía, entre otras, a las vacunas Sputnik, AstraZeneca, Cansino, Covishield, Sinopharm, Moderna y Pfizer.

El Ministerio de Salud bonaerense aprobó en 2021 el Plan Público, Gratuito y Optativo de Vacunación “Buenos Aires Vacunate”. En la Provincia, recuerda el fallo, se distribuyeron 52.756.729 dosis. Se aplicaron como primera dosis 16.048.146 y como segunda dosis 14.756.312 para una población de 17.569.053 habitantes, aunque esta cifra consolidada es posterior porque pertenece al censo de 2022.

Recibieron dos dosis el 92,8 por ciento de los mayores de 60, el 96 por ciento de las personas con comorbilidades de entre 18 y 59 años y el 90 por ciento de las personas sin comorbilidades también de entre 18 y 59.

La Auditoría General de la Nación trabajó sobre los planes de vacunación y evaluó que cumplieron al 100 por ciento. Según la AGN, dependiente del Congreso nacional y presidida entonces por la oposición al Frente de Todos, el plan “se cumplió de acuerdo con los estándares de eficacia, eficiencia y equidad”.

Al cotejar todos los datos recabados, Ramos Padilla llegó a la conclusión de que no hay elementos de la denunciada práctica sistemática o generalizada que afectara el desarrollo normal de la vacunación.

Las denuncias representaban en 2022 a un 0,001 por ciento del total de personas vacunadas, y en 2021 a un 0,1 por ciento. Dice el escrito: “La insignificancia de los porcentajes indicados lleva a descartar de plano la posibilidad de que las supuestas vacunaciones irregulares detectadas y denunciadas hubieran formado parte de un ‘plan sistematizado’ que pudiera haber afectado el normal desarrollo del plan de acuñación”. Para el juez, no hubo ni siquiera una afectación al “bien jurídico salud pública”. Otra conclusión del escrito: “Bajo ningún concepto se observa en el presente caso que las autoridades encaradas de la implementación del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires hayan abusado de sus cargos para violentar norma legal alguna vinculada con las leyes, decretos y reglamentaciones dispuestas en el marco de la inoculación contra el coronavirus”.

Para Ramos Padilla, además las denuncias no incluían el análisis de la normativa ni documentación sino a lo sumo “publicaciones periodísticas obtenidas de portales de internet o de redes sociales”.