La Unidad Fiscal integrada por las fiscalas Mariana Torres y Alda Daniela Murúa y el fiscal Carlos Salinas solicitó ayer la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez y del abogado Roberto Ortega Serrano. 

El Ministerio Públicio Fiscal de Salta informó que el pedido, elevado al juez de Garantías Raúl López, se fundamenta en que las acciones de estos hombres entorpecieron la investigación. La fiscalía sostiene que el magistrado dio acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicó al intendente de Aguas Blancas, a través de mensajes de WhatsApp, que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.

La Unidad fiscal también requirió que se solicite autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de "secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación".

Según explicó el MPF, la intervención de la Corte es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, que está imputado por "violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional". Hasta anoche no había resolución sobre los pedidos. 

Por otro lado, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, envió notas a los presidentes de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y de la Cámara de Senadores de la provincia, Antonio Marocco, informando al Poder Legislativo sobre la situación institucional del municipio de Aguas Blancas, cuyo intendente es Carlos Martínez.

El procurador informó a la Legislatura que el 6 de septiembre, Martínez fue imputado por "entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos". Debía declarar el 12 de septiembre, y el jefe comunal optó por hacerlo ante el juez de Garantías. En la misma casusa están imputados el juez de Garantías Claudio Parisi y el abogado Ortega Serrano. 

Asimismo, García Castiella señaló que “resulta aún más llamativo” que los allanamientos solicitados a los domicilios del intendente estaban relacionados con la investigación del asesinato a tiros de su hermano César Daniel Martínez, quien estaba cumpliendo arresto domiciliariol. Además, el jefe comunal está siendo investigado por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado por el homicidio de su hermano, cometido el 12 de noviembre de 2023, y se allanaron sus domicilios los días 12 de abril y 5 de junio de 2024.

También informó que Carlos Martínez tiene entre sus antecedentes penales una condena de 5 años de prisión por transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. También está imputado por lavado de activos, con procesamiento dictado por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán.

"Mediante esta comunicación, el Procurador General pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en el Municipio de Aguas Blancas", sostuvo el Ministerio Público Fiscal.

En las notas el jefe de las fiscalías destacó: “corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal”. Hasta ahora no se conoce que algunas de las cámaras haya decidido tratar la situación institucional de Aguas Blancas.