El fiscal federal Federico Reynares Solari pidió una pena de 5 años de prisión efectiva más el pago de 83 millones de pesos para el capo narco Esteban Lindor Alvarado, a quien acusó por lavado de activos a través de un “holding de empresas para el delito”. Según el fiscal esa organización tenía como fin darle apariencia legal a fondos obtenidos de actos ilícitos, principalmente del narcotráfico.

Reynares Solari expuso ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez Da Cruz, y sustentó su acusación en prueba valorada en otras causas en las que Alvarado resultó condenado previamente por narcotráfico, homicidio y asociación ilícita.

El fiscal acusó a Alvarado como autor penalmente responsable del delito lavado de activos de origen delictivo agravado por realizarlo como miembros de una asociación para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 2° del Código Penal de la Nación. En función de ello, reclamó para el acusado una pena de 5 años de prisión y que la multa sea equivalente a ocho veces el monto del lavado, lo que asciende a $82.936.000.

Por su parte Rosa Capuano, expareja de Alvarado, reconoció su participación en los hechos. La mujer resolvió su situación procesal a través de un procedimiento de juicio abreviado, en el que recibió una condena a tres años de prisión efectiva como partícipe secundaria, y se le impuso una multa de 62 millones de pesos.

La causa, cuyo debate continuó ayer con el alegato de la defensa, surgió como desprendimiento de otros procesos donde Alvarado acumula condenas a 15 años de prisión por ordenar el transporte de casi 500 kilos de marihuana, y a prisión perpetua por instigar un homicidio y por liderar una asociación ilícita.

Una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) presentada el 11 de mayo de 2015 advirtió sobre la posible comisión de delitos económicos por parte de Luis Medina (quien había sido asesinado el 29 de diciembre de 2013), Alvarado y personas de su entorno, entre ellas, Rosa.

La investigación patrimonial impulsada en el proceso consistió en la solicitud de informes a todas las dependencias oficiales sobre los bienes registrables de los imputados. De esa forma se detectaron maniobras que, en principio, resultaban coincidentes con el delito de lavado de activos.

La pesquisa permitió identificar ocho vehículos utilizados indistintamente en al menos cinco empresas que estaban bajo las órdenes de Alvarado y la comprobación de acreditaciones y movimientos de dinero en cuentas bancarias a nombre del acusado y de su expareja. Los vehículos identificados por el MPF objeto de la investigación fueron dos camionetas Toyota Hilux 4x4 doble cabina; un camión Sevel 150; un camión Scania 360 4x2; un utilitario Volkswagen Saveiro; un auto Ford EcoSport Titanium 2.0; un camión Ford Cargo 1517; y un tractor.

En el alegato formulado el jueves pasado, el fiscal Reynares Solari hizo un pormenorizado repaso de los “delitos precedentes” de Alvarado, donde en la mayoría -dijo- se observa un “holding de empresas para el delito” con “vasos comunicantes”, que tenían como fin darle apariencia legal a los fondos obtenidos del narcotráfico.

“En la causa seguida en la justicia provincial por asociación ilícita y lavado de activos, y la condena por organizar el tráfico de los casi 500 kilogramos de marihuana secuestrados en General Roca se ha develado una estructura económica y financiera formada por diversas empresas que, si bien no figuraban a su nombre, no quedan dudas de que el manejo de las mismas sí estaba a su exclusivo cargo”, recalcó el representante del MPF.