Con la premisa de regirse por la gradualidad y la progresividad, la provincia de Buenos Aires presentó el nuevo esquema tarifario para el servicio de agua potable y cloacas a cargo de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Nuevas categorías, segmentación por consumo y una fórmula de actualización automática son las novedades para cumplir con la instrucción de Axel Kicillof de desarrollar la autosustentabilidad de la empresa con un único objetivo: “Perseguir el bien común”.

Esta definición es la que utiliza Mariano Lovelli, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ABSA, para sintetizar no sólo la misión de la firma que lleva agua potable a 2,6 millones de bonaerenses. También es la vara que la diferencia del Gobierno provincial del nacional. “Con el valor de la tarifa necesitamos autosostenernos, lo que lleva tiempo, y por eso lo haremos protegiendo al usuario residencial y no con un tarifazo que sólo apunta a fugar divisas como lo hizo el macrismo y se hace hoy”, subraya el funcionario a Buenos Aires/12.

Lovelli, que fue el encargado de presentar el nuevo esquema tarifario durante la última Audiencia pública celebrada en el Ministerio de Infraestructura el último 20 de septiembre, remarca que la Provincia plantea un sistema que está en las “antípodas” del nacional. “Nosotros tenemos una tarifa que es la mitad de AYSA, y los bonaerenses del conurbano ven la diferencia de lo que pagan ellos y el resto de la provincia, con una estructura de costos que es similar”, apunta.

“Mientras AYSA trajo aumentos estrafalarios y despide gente para poner la empresa a la venta, nosotros tenemos una visión distinta, corrida de la visión mercantil, donde no queremos generar rentabilidad”, señala Lovelli sobre la política de Aguas y Saneamiento Argentino, AySA, la firma de jurisdicción nacional que brinda el servicio de agua potable y cloacas en el Gran Buenos Aires y Capital Federal.

En este marco, ABSA presentó la modificación al régimen tarifario que contiene tres novedades que van de la mano de un incremento escalonado en el valor del metro cúbico desde hoy a enero y así llevarlo de los 72 pesos actuales a 163, un monto sumamente menor a los más de 600 pesos que cobra AYSA. 

Las autoridades de la empresa que tiene a Hubo Obed a la cabeza esperan que entren en vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

La primera novedad es que se crea la categoría No Residencial, para diferenciar a los usuarios cuyo consumo de agua está ligado a sus condiciones básicas de vida, como higienizarse, de los que usan el agua en, por ejemplo, la torre de enfriamiento de una fábrica o una actividad comercial. De esta manera, los residenciales, es decir, los hogares, pagarán un valor por el metro cúbico de agua un 30 por ciento más bajo que los no residenciales.

A su vez, y bajo una lógica de progresividad que incentive el consumo responsable, la categoría No Residencial estará segmentada, al igual que hoy en día lo está la residencial. Esto significa que, según el volumen de consumo de agua, la tarifa será diferente. A más consumo, mayor será el valor del metro cúbico de agua que se pague.

Y el tercer anuncio presentado por Lovelli fue la fórmula polinómica para sostener una actualización automática de la boleta sin poner en riesgo la economía de los usuarios ni la sustentabilidad de la empresa. ¿De qué manera? Tomar las variables más relevantes dentro de la estructura de costos de ABSA y evitar un atraso tarifario con contextos de elevada inflación o desregulación sobre la economía.

Así, la nueva fórmula se nutre de tres valores: los salarios, la energía y los productos químicos utilizados para, entre otras cosas, la potabilización. Las tres variables son ajenas a las determinaciones de ABSA y no pueden incidir sobre sus fluctuaciones. Los sueldos dependen de la política salarial de la Provincia, y el costo de la energía o de los productos químicos están anclados en las decisiones del Gobierno nacional. El nuevo método tiene como objetivo contener estas variaciones y dejar de lado los tarifazos.

Tarifa de equilibrio

“La decisión política del gobernador es generar una tarifa de equilibrio para, precisamente, equilibrar la empresa y tener una gestión eficiente”, explica Lovelli. A su vez, está al frente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el Cepis. Resalta que el rol de ABSA no pasa por generar dividendos como cualquier otra empresa de servicios. Incluso lo que recauda a través de las boletas está únicamente destinado a la operatividad y el mantenimiento de la firma.

Si bien es una sociedad anónima, ABSA cuenta con una particular composición accionaria: el 90 por ciento pertenece al Estado provincial y el restante 10 por ciento a sus trabajadores. “ABSA no persigue otra cosa que el bien común, que es que con su tarifa se paguen sus costos, y perseguir el bien común es la garantía para que los ciudadanos tengan tarifas accesibles porque acá no hay rentabilidad”, repasa Lovelli.

ABSA brinda servicios de agua y saneamiento a más de 60 municipios en todos los puntos cardinales de la Provincia. Son más de 90 localidades. Esto es una clara diferencia respecto de AYSA. La empresa bonaerense no está concentrada en una sola área geográfica ni se provee del recurso de una única fuente como el Río de La Plata. Eso tiene varios desafíos, entre ellos, contar con fuentes para la captación de agua y su posterior potabilización en lugares que va desde General Villegas o General Lamadrid, hasta grandes urbes como La Plata o Bahía Blanca.

Esta condición, indica, conlleva el desarrollo de una estrategia para que bonaerenses de distintos puntos de la provincia tengan agua y cloacas, cuestión que no puede ir de la mano de evaluar si una planta potabilizadora debe estar ubicada en un determinado punto geográfico según su capacidad de pago y recuperación de las inversiones.

Hay que tener en cuenta que no es potestad de ABSA realizar obras estructurales en materia hídrica. Eso está en manos del Gobierno provincial y, hasta el arribo de Javier Milei, del Gobierno nacional. “Nosotros tenemos una tarifa de operación y de mantenimiento, no de expansión”, aclara Lovelli. “La obra pasa por la visión estratégica de una política pública de gobierno y y no por visión de hacer en tal o cual barrio porque la voy a poder cobrar”, compara el funcionario y pone de ejemplo la construcción de la planta potabilizadora de Punta Lara que, una vez finalizada, pasará a la órbita de ABSA para su utilización.

“Nosotros hacemos obras de mantenimiento u obras menores como perforaciones, que es una manera de obtener agua”, apunta. Esto se consiguió, explica, por el desarrollo de una gestión con proximidad hacia los intendentes con quienes ya se han firmado convenios en más de veinte municipios para tener obras. “Estamos en contexto de ahogue financiero a provincia, pero hay que mantener la red o recambiar caños”, subraya Lovelli.

“Es una visión desmercantilizada de los servicios públicos, donde Kicillof quiere un equilibrio para que la empresa sea autosustentable pero que no gane dinero”, señala. 

El Cepis cobró vuelo público cuando en 2016 consiguió frenar mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia los aumentos en la boleta de gas que proponía Mauricio Macri. Con una vasta experiencia en el rubro tarifario, Lovelli participó  de la pelea el desarrollo de la “reforma tarifaria segmentada y progresiva que permita exigir más a quienes tienen más condiciones para pagar”.

Sin tarifazo

Desde el Ejecutivo bonaerense, remarca Lovelli, la bandera que comanda la construcción de un nuevo sistema tarifario es el de "la justicia social". De esta manera, se prevé un incremento de la unidad de medida de las facturas de agua y cloacas que es el metro cúbico. Hoy está en 72 pesos, pasará a 108 pesos en noviembre y, para el 1 de enero, estará en 212.

En los más de 865 mil usuarios que tiene ABSA, esto significará una boleta promedio de 8.300 pesos para los usuarios residenciales que son, aproximadamente, el 90 por ciento del total. En Córdoba, advierte Lovelli, ese monto promedio asciende a 19 mil pesos, en Santa Fe a 20 mil y, en el caso del conurbano con AYSA, oscilan los 30 mil pesos.

Con el primer tramo de aumento en noviembre, según las estimaciones de ABSA, la factura promedio residencial será de casi 5.500 pesos, donde el 94 por ciento de los usuarios experimentarán una variación menor a los 3.500 pesos. Incluso, el casi la mitad pagará una diferencia menor a los 1.500 pesos.

Con el segundo tramo de aumento del 50 por ciento la factura promedio por los servicios de agua y cloacas residencial pasará a ser de 8.227 pesos. El 89 por ciento de los usuarios experimentarán una variación inferior a los 3 mil pesos respecto de la factura anterior, donde el 43 por ciento pagará menos de mil pesos de diferencia respecto a la última factura.

En lo que respecta al nuevo esquema de tarifas, se elimina la universalidad de los usuarios y se comienza a diferenciar a una casa de un comercio o una fábrica. Ahí es donde nace la categoría de no residenciales para todo lugar que no cumpla la función del hogar. En los casos en que se desarrolle alguna actividad considerada como no residencial en una vivienda, el usuario estará contemplado como no residencial.

A su vez, dentro de la nueva categoría, habrá una segmentación. “¿Es lo mismo la casa de un vecino que el lavadero de autos?”, se pregunta Lovelli. “No”, responde. “¿Es lo mismo el lavadero que una petrolera?”

Para comprender el esquema presentado, hay que tener en claro que la unidad de medida utilizada para el cobro del consumo de agua es el metro cúbico. Lo mismo para el servicio de cloacas. Se mide mensualmente y, en los casos que no se pueda hacer, se calcula en base a la valuación fiscal actualizada del inmueble.

Con el nuevo sistema tarifario, los usuarios no residenciales pagarán un 30 por ciento más que los residenciales. Es decir, se multiplicará el valor del metro cúbico por 1,3. Ese monto únicamente estará abonado por los usuarios no residenciales con un consumo que esté entre 1 y 149 metros cúbicos mensuales. A partir de ese número, hay una nueva escala de valores. Para quienes consuman entre 150 y 300 metros cúbicos, por ejemplo, se multiplicará el valor inicial de usuario no residencial por 1,2.

Cuando en enero el valor del metro cúbico residencial sea de 163 pesos, los no residenciales deberán pagar poco más de 212 pesos por metro cúbico. Pero ese valor será únicamente para quienes consuman menos de 150 metros cúbicos mensuales. Esos 212 pesos se multiplicarán por 1,2 para quienes estén 150 y 300, por 1,4 para quienes consuman entre 301 y 500, quien consuma entre 501 y 750 será multiplicado por 1,6; quien consuma entre 751 y 1000 será 1,8; quien consuma entre 1001 y 2000 será por 2, y por 2,2 cuando el consumo esté por encima de los 2000 metros cúbicos mensuales.

Todo lo desarrollado remite a ese valor del metro cúbico, una variable que, por medio de audiencias públicas, ABSA puede regular. Pero como los componentes de los costos de la firma tienen una vorágine más acelerada que los tiempos administrativos, el objetivo de la empresa es contar con una fórmula de actualización que evite atrasos tarifarios. En lo que respecta a aguas y cloacas bonaerenses, por ejemplo, el último incremento fue a fines de 2022.

Por eso Lovelli pone sobre la mesa un nuevo método de cálculo que se compone de los tres principales costos de la compañía y con un grado de incidencia sustentado en su relevancia. Dentro de la fórmula, el 55 por ciento de incidencia será de los salarios, un número que depende de las paritarias provinciales. Un 25 por ciento dependerá del costo de la energía mayorista determinado por el Índice de Precios Mayoristas (IPIM), y el restante 20 por ciento estará anclado a la fluctuación de los precios en químicos que también publica el IPIM. De allí se obtendrá el coeficiente que se aplicará para los aumentos. 

 

“En enero pagamos 550 millones de pesos de luz, pero en agosto fue de 2.500 millones”, retrató la situación Lovelli. Será una fórmula con actualización cuatrimestral y no alterará el alcance de los subsidios a escuelas, clubes y usuarios amparados en el decreto 3148/08.