La provincia de Salta se vio conmocionada este martes por una sucesión de hechos en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en el norte salteño por irregularidades en un trámite procesal en el que se investiga un homicidio. 

De esa sucesión de hechos, la novedad más importante fue la detención del intendente del pueblo de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, y del abogado oranense Roberto Ortega Serrano, medidas solicitadas por la Unidad Fiscal a cargo del caso y ordenadas por el juez de Garantías Raúl López. 

Además, se realizaron operativos en ocho viviendas en el norte salteño. Dos de esos allanamientos fueron en propiedades del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi, en este caso, por tratarse de un magistrado judicial, la medida fue autorizada por la Corte de Justicia de Salta. La fiscalía también solicitó la detención del juez, aunque este pedido no fue autorizado todavía. 

Por otro lado, la Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad la intervención al Poder Ejecutivo Municipal de Aguas Blancas, aunque ya el intendente había pedido una licencia de tres meses "por razones personales" y quedó a cargo de ese municipio el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Gutiérrez. Ahora seguirá en esas funciones hasta que el Senado de la provincia trate el proyecto de ley de intervención. Esta medida había sido pedida por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y el martes se sumó un pedido en similar sentido de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. 

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la Unidad Fiscal integrada por las fiscalas penales Mariana Torres y Daniela Murúa y el fiscal penal Carlos Salinas, dirigió el allanamiento del domicilio particular del juez Parisi. También se allanó otra propiedad de este magistrado. 


Simultáneamente, el juez Raúl López autorizó la detención del intendente Martínez y de Ortega Serrano. Martínez se había presentado voluntariamente ante López. Su defensor, el abogado Darío Palmier, presentó un escrito en el que había pedido que se mantuviera la libertad del jefe comunal, pero el magistrado pidió que la Policía fuera al Juzgado a concretar la detención. Además, se allanaron tres propiedades del intendente, en Aguas Blancas, distante 49 kilómetros de la ciudad de Orán.

La detención de Ortega Serrano fue después y durante este operativo se le secuestró su camioneta, un teléfono celular y 400 mil pesos en efectivo. En este caso se allanaron dos propiedades del abogado, en la ciudad de Orán. 

El juez Parisi, el intendente Martínez y el abogado Ortega Serrano fueron imputados por haber facilitado acceso a información confidencial vinculada a la investigación del homicidio agravado de César Daniel Martínez, hermano del intendente.

La fiscalía sostiene que el magistrado dio acceso indebido al abogado al expediente y comunicó al intendente de Aguas Blancas que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, y que esto frustró los resultados. 

La Unidad Fiscal imputó a Parisi por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. A Ortega Serrano y a Martínez los acusa como coautores de entorpecimiento de acto funcional y cómplices primarios en la violación de secretos.

Los hermanos Martínez tienen antecedentes que los vinculan al tráfico de drogas. César Martínez fue asesinado a tiros por sicarios, el 12 de noviembre de 2023, en la puerta de su casa en San Ramón de la Nueva Orán, donde cumplía prisión domiciliaria. Tenía antecedentes por violencia de género y hechos vinculados al tráfico de drogas ilegales.

El intendente Carlos Martínez cumplió una condena de 5 años de prisión por transporte de estupefacientes. Actualmente, está procesado por lavado de activos en una causa radicada en la Justicia Federal de Santiago del Estero.

Una circunstancia extraordinaria 

Tras la detención de Carlos Martínez, pasado el mediodía de este martes, la Cámara de Diputados trató sobre tablas un proyecto de ley de intervención del Ejecutivo municipal del municipio de Aguas Blancas. Lo presentó Germán Rallé, presidente del bloque oficialista mayoritario, Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, lo que da una idea de la posición del gobierno salteño respecto del jefe comunal, que parece haber perdido todo apoyo político. 

Rallé fundamentó la intervención en “la gravedad institucional” debido a la detención del intendente, sobre quien dijo: “La integridad personal estaba cuestionada”.


La segunda en hablar fue la presidenta del bloque también oficialista Salta Tiene Futuro, Socorro Villamayor. “Es pública y notoria la situación crítica que atraviesa el municipio de Aguas Blancas". “No cabe duda de la situación crítica que atraviesa nuestro norte”, dijo. En este marco se dan dos condiciones requeridas para este remedio constitucional, la gravedad institucional y la crisis, sostuvo. 

Villamayor destacó que el gobernador Gustavo Sáenz tomó medidas para evitar que el crimen organizado “eche raíz en nuestro norte”, y en esa línea resaltó las dos visitas de Bullrich.

La intervención es una facultad “excepcionalísima”, recordó, pero, ante la imputación del intendente, el pedido de licencia “ante un Concejo Deliberante” que “no ha actuado en pedir el juicio político cuando estas cuestiones se conocían" y ante la detención de Martínez "están dadas están dadas las condiciones para solicitar la intervención”, agregó. 

El consenso para intervenir el municipio era tal que no hubo intervenciones en contra, y el proyecto se aprobó por unanimidad, y pasó al Senado para su revisión. Es posible que se obtenga la aprobación definitiva el jueves próximo. 

Una vez concluida la votación el presidente del Cuerpo, Esteban Amat, informó que había recibido una carta de Patricia Bullrich y la hizo leer. Tras reseñar “la situación sensible” que se vive en la zona de frontera, en particular en Orán y Aguas Blancas, recordar los antecedentes del intendente Martínez, la ministra de Seguridad afirmó que todo esto "constituye una grave situación institucional que padece actualmente la intendencia de la localidad Aguas Blancas" y pidió a la Cámara que "analice y provea la conveniencia de la aplicación de los remedios constitucionales" previstos. Otra carta similar fue enviada al Senado. 

Antes de que se tratara la intervención, el concejal a cargo de la intendencia de Aguas Blancas, Fabián Gutiérrez, había dirigido un comunicado "a todo el pueblo en general" en el que calificó de "preocupante" la posibilidad de que se intervenga al Ejecutivo municipal. Es "una circunstancia extraordinaria para la joven vida política de este pueblo", lamentó. Aguas Blancas, un pueblito de unos 3 mil habitantes, separado de Bolivia solo por el río Bermejo, fue categorizado como municipio en 2012.