La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina se crea en noviembre de 2012 a partir de lo establecido en el artículo 19 de la aún vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N. 26.522 del 2009. Este organismo, ejemplar a nivel regional e internacional, tiene como objetivo recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias de las audiencias de los servicios audiovisuales, crear ámbitos participativos vinculados a la comunicación y sugerir modificaciones sobre políticas de comunicación a partir de consultas públicas. Es decir, la Defensoría no es un organismo de control, recibe demandas de la ciudadanía y las acerca en formato de recomendaciones a medios y órganos de contralor en materia de comunicación. Es única en su tipo y no hay otros organismos que puedan cumplir sus funciones. La Defensoría trabaja sobre el principio de respeto y pluralidad informativa.

Parece descabellado tener que citar una ley vigente, pero en tiempos donde la libertad de prensa vuelve a equipararse con la libertad de empresa, las funciones de la Defensoría están siendo cuestionadas. A fines de 2023, la diputada nacional por el radicalismo Silvana Giudice junto con otros legisladores de su bloque, presentaron un proyecto para disolverla y mes a mes no se cansan de insistir mediáticamente en ello.

¿Con qué argumentos?

La libertad de expresión es un derecho supremo con rango constitucional reconocido a nivel internacionalcomo la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros tratados incluidos en el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna. Pero este derecho, recordemos, tiene un aspecto individual y otro colectivo. Por un lado, nos abre la posibilidad de producir y difundir libremente nuestras ideas. Por el otro, nos recuerda que eso conlleva responsabilidades sociales e individuales. Y si bien, esto no implica regular las conversaciones en el ámbito público, constitucionalmente indica que, para convivir y dialogar, lo primero que tenemos que hacer es respetar. Ese es el sentido de la Defensoría: acerca, promueve y trabaja por el respeto, al menos, en los medios audiovisuales.

Pero, además, todas esas normativas internacionales indican que los Estados tienen obligaciones en materia de derecho a la libertad de expresión en términos positivos, es decir, deben tomar acciones que eviten la restricción de la expresión por vías indirectas, por ejemplo, no poder acceder y participar de medios de comunicación. Es aquí, donde la convocatoria a audiencias públicas por parte de la Defensoría del Público se vuelve esencial en Argentina. Niños, niñas, jóvenes, miembros de comunidades originarias, estudiantes, docentes, adultos mayores, colectivos de diversidad y migrantes, trabajadores de prensa, participaron de ellas desde el año 2013 para expresar ante el organismo cómo se ven afectados sus derechos a la expresión, información y comunicación. La ciudadanía acerca sugerencias que la Defensoría toma y formula para que otros organismos o medios las atiendan. Y si bien tiene potestad para actuar de oficio (art. 19 inc. A de la Ley SCA), sólo se ha dedicado a mediar y sugerir.

¿Por qué entonces insisten con su desmantelamiento?

En agosto de este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel , designaron de manera irregular a la legisladora cordobesa Soher El Sukaria como autoridad a cargo del organismo. Como denunció hace semanas el diputado Pablo Carro , en ningún momento las autoridades legislativas convocaron a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, responsable del nombramiento del defensor. ¿Qué ha hecho desde entonces la nueva titular? Pedir informes, controlar y fiscalizar los casi doce años de trabajo de un organismo central para el ejercicio del derecho a la comunicación en Argentina. ¿Con qué objetivos?

En todos estos años la Defensoría convocó a audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía en materia de comunicación: realizó relevamientos y estudios cuyos resultados derivaron en guías y recomendaciones sobre el tratamiento informativo basados en el respeto a los derechos humanos; brindó capacitaciones en todo el sistema educativo y en comunidades del país en relación a la protección de derechos en el sistema infocomunicacional; y ofreció charlas en ámbitos laborales mediáticos y no mediáticos. Todo esto está detallado en los informes que cada año presentó la Defensoría a la Bicameral y que están disponibles públicamente en su página web .

En un contexto donde las regulaciones estatales caminan hacia el déficit cero y favorecen la libertad de empresa, no podemos esperar que la mano invisible del mercado defienda los derechos de las audiencias. Mucho menos que considere a la información como un bien público en vez de una mercancía. Le guste o no a este gobierno, la democracia sigue siendo un espacio de disputa y construcción de lo colectivo también en términos informativos.

* Magister en Política y Planificación Social, becaria de CONICET UNSJ-UNCUYO