"Una vez más las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad exigen una urgente transformación de la política criminal", rezaba la convocatoria a la presentación del informe anual 2024 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), denominado El sistema de la crueldad XVIII. "Es la misma política que fue sostenida por todos los gobiernos provinciales desde hace 25 años", completó la CPM al difundir los resultados de su labor de control y monitoreo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en el período 2023. "Hubo una mejora en la atención pública de la atención a la salud mental, y hay menos personas detenidas en comisarías, aunque aumentó la letalidad policial", advirtió Dora Barrancos, co-presidenta. "Hay una crisis de valores por un gobierno que no respeta los derechos humanos, que anhela la dictadura y no es garante de la democracia; buscan bajar la edad de imputabilidad pero los niños no son un peligro, están en peligro porque los maltrata, se acuestan sin comer", expresó Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente.
La primera mirada sobre la actual administración de Javier Milei motiva este diagnóstico de la CPM: "Desde el Estado nacional se desplegó un dispositivo represivo orientado a la criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales y políticas que articulan programas sociales en los territorios más precarios, incluso mediante causas judiciales armadas". A su criterio el nuevo escenario plantea "desafíos y replanteos" porque "se trata de un proceso profundamente regresivo en materia de derechos económicos y sociales, los derechos políticos o las garantías individuales".
Para el organismo, "tal regresión está acompañada de una discursividad virulenta, agresiva, sin tapujos ni matices, principalmente contra lo identificado como progresismo, donde se inscribe la agenda general de derechos humanos y memoria, la de los feminismos, las cuestiones ambientales, del trabajo, de los pueblos originarios, las luchas contra la desigualdad, la violencia estatal, la salud, la educación, las discapacidades". En definitiva, es "una violencia que se expande a quienes difieren o se oponen a iniciativas del oficialismo en el despliegue de su política".
El gobierno de La Libertad Avanza incrementó los índices de pobreza e indigencia, los despidos por el desguace del Estado y suspendió programas destinados a los sectores más vulnerables. A partir de la puesta en marcha del protocolo antipiquetes, la CPM monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. "La represión a la protesta ha sido sistemática, principalmente a las organizaciones sociales. La aplicación de este protocolo no busca garantizar la libre circulación sino restringir y reprimir las manifestaciones opositoras a las medidas del gobierno y desalentar la asistencia". En este sentido, señala que las más violentas, por cantidad de heridos y detenidos, fueron las represiones en la Plaza del Congreso cuando estaban bajo tratamiento legislativo las llamadas 'ley ómnibus' y la 'ley bases'.
Párrafo aparte tiene la represión a la manifestación del 12 de junio: "A los hechos graves de vandalismo iniciados por personas extrañas a la protesta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, siguió una cruenta represión y un comunicado inmediato del gobierno nacional declarando que se trataba de un intento de grupos de terroristas para derrocarlo". El informe destaca que "la discursividad del gobierno nacional abreva en gran medida en la última dictadura militar no sólo al poner en juego la nominación de 'terroristas' a quienes se oponen a sus medidas, sino en otras dimensiones microcapilares como amenazar con una ley que sancione el 'adoctrinamiento' en las escuelas convocando a padres y alumnos a denunciarlo, como ya lo enunciaba el conocido documento La subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo de 1977".
Criminalización de la pobreza
La CPM viene reiterando que "la exacerbación punitivista, retomada ahora con ferocidad, no es nueva ni remite solo a fuerzas políticas de derecha sino que es una constante de todos los gobiernos desde fines de la década del 90. Esa política criminal se consolidó como una política de gobierno de las poblaciones más pobres, excluidas del acceso a muchos de sus derechos y sometidas a la precariedad y la escasez, un rasgo que se expresa de manera contundente en la extracción social de las personas a las que capta el sistema penal: la inmensa mayoría es pobre".
Ya abocada al territorio bonaerense, la CPM destaca que "el resultado más visible de esta política es el crecimiento sostenido de la población encarcelada y de la tasa de prisionización, índice que en la provincia de Buenos Aires es el más alto del país". En tal sentido, apunta que "este sistema de la crueldad que describe el Informe Anual se sostiene por la responsabilidad de los tres poderes del Estado", pero "el poder judicial" tiene un enorme protagonismo.
"La venta y el tráfico de drogas se han vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga es del 31,3% en 2023", en particular en asentamientos de emergencia y complejos de viviendas sociales monobloques, diagnostica la CPM. "La criminalización y control de los pobres se manifiesta a través de prácticas de hostigamiento, torturas, detenciones arbitrarias y el uso de figuras legales vagas como averiguación de ilícito o averiguación de identidad, que justifican intervenciones policiales sin una base legal sólida", agrega.
Torturas cotidianas en datos
* A razón de ese despliegue policial, durante el 2023 registraron 1.323 hechos de violencia policial con 630 víctimas en su mayoría por agresión física.
* Durante 2023 se registraron 15 muertes de personas alojadas en comisarías bonaerenses, una baja significativa en relación a 2022 cuando murieron 25 personas. Una de esas muertes fue una mujer trans que se encontraba alojada en una comisaría destinada al alojamiento de varones.
* En cuanto a la letalidad policial, creció de los 98 casos de 2022 a 114 casos registrados en 2023, de los cuales 7 eran mujeres y 19 menores de 18 años.
* Durante 2023, la CPM participó como particular damnificado en 6 juicios orales contra 26 agentes de policía y un penitenciario por la comisión de diversos delitos que afectaron a 39 víctimas. De este grupo, fueron condenados 19 agentes y 8 fueron absueltos. Uno de los más destacados fue el juicio por la Masacre de Monte.
* La ocupación siempre supera la capacidad. Está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, al contrario, eleva el piso de encarcelamiento, sostienen.
* La CPM realizó 3 inspecciones, 160 comunicaciones, 23 entrevistas presenciales y 123 presentaciones o denuncias individuales cada día hábil del 2023. En esta tarea se destaca el enorme esfuerzo realizado por las 11 organizaciones de familiares y ex detenidos que integran el programa Punto Denuncia Tortura, y reciben y tramitan cotidianamente cientos de denuncias y solicitudes.
* Los equipos de la CPM realizaron 852 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental, comunidades terapéuticas.
* El sistema de promoción y protección intervino en 73.200 casos de niños/as y jóvenes, suben el 61% de los casos por maltrato físico o psicológico y “negligencia”, criterio que cuestionaron "por su imprecisión conceptual e interpretativa donde se cuela el paradigma tutelar y sus componentes de clase, y que representa el 30 % de los ingresos al sistema. Le siguen las razones de abuso sexual en el 13% de los casos y la ausencia de adulto responsable en el 10%".
* En el Servicio Penitenciario Bonaerense se registraron más de 67.000 vulneraciones de derechos: torturas, malos tratos, falta de acceso a la justicia y otras restricciones. Estas vulneraciones se relevaron en la gran mayoría de los establecimientos del SPB.
* De los casos abordados por la CPM durante 2023 este Informe analiza minuciosamente una muestra intencional de 472 casos, que forman parte de la base anual del Registro Nacional de casos de Torturas y permiten individualizar 2.452 hechos.
* Mientras que la población masculina creció un 9% respecto al 2022, la de mujeres y personas trans creció un 15% con respecto a 2022.
* En cuanto a la salud mental se relevaron prácticas de torturas: sobremedicación, suministro de psicofármacos sin diagnóstico y sin control médico, muchas veces de manera forzada o el aislamiento extremo por muchos días en soledad. Mujeres aisladas sin asistencia se autolesionaron, intentaron suicidarse y a veces lo consumaron.
* La CPM también inspeccionó comunidades terapéuticas privadas donde evidenciaron muertes y abusos que exigen un control estatal más riguroso.
* Al 31 de diciembre de 2022, se encontraban privados de libertad 1.371 jóvenes: el 44% en centros del Organismo de Niñez, pero casi el 35% en unidades penales de adultos a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esto último contraría el principio de especialidad del fuero.
"Desde hace casi 10 años venimos reiterando la necesidad de poner en marcha tres leyes indispensables --que la Provincia incumple-- como herramientas para revertir esta situación", concluyó la Comisión. Y enumeró:
- La plena implementación de una policía judicial que quite la instrucción de las causas a la policía bonaerense, y mejore y agilice la investigación judicial;
- La elección del defensor general y la consagración de la autonomía de la defensa pública con igualdad de armas y recursos frente a los fiscales; y
- La implementación de fiscalías especializadas en violencia institucional que trabajen de manera adecuada en el problema estructural de las detenciones policiales arbitrarias en clave de gobierno de los sectores más pobres; la investigación de la violencia institucional o estatal sigue presentando enormes déficits.
