El médico veterinario, ex presidente de la Sociedad Rural Salteña, ex candidato a diputado provincial por el PRO, y socio de la Inmobiliaria MDay, Ignacio Lupión, fue designado este lunes en la presidencia del directorio de la Sociedad Anónima Salta Forestal, empresa pública que administra tierras del Estado en el departamento Anta.

El nuevo director viene a cubrir la vacancia que se generó tras el fallecimiento, el 29 de agosto último, de Marcelino Sierra, el anterior titular en Salta Forestal.

La empresa fue creada en 1974, en el gobierno de Miguel Ragone (desaparecido por el terrorismo de Estado el 11 de marzo de 1976), con el objetivo llevar a cabo un manejo integral de bosques de parte del Estado salteño, pero finalmente quedó en manos de privados que apostaron al monocultivo y al desmonte.

Actualmente, y pese a la existencia de la ley 7623, que en 2010 dispuso la obligatoriedad del pago de un canon a la provincia, dado que son tierras fiscales, se pudo saber que Olmedo Agropecuaria, uno de los grupos económicos que explotó las más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal, se retiró con un presunto doble beneficio: nunca pagó canon alguno y vendió sus derechos de concesión de las tierras.

“Es de mi papá”, es siempre la excusa del ex diputado nacional y militante mileista Alfredo Olmedo cada vez que se le recuerda la vinculación de las tierras con el crecimiento de la empresa Ecodesarrollo encabezada por Alfredo Olmedo padre. 

A Olmedo hijo se lo toma como símbolo político de La Libertad Avanza por sus discursos respecto del trabajo. “Fue la chispa que encendió el movimiento”, dijo el viernes último la diputada libertaria Lilia Lemoine al elogiarlo en la inauguración de la Casa de la Libertad en la capital salteña. Sin “este señor que dijo agarrá la pala y probaron trabajando, no habría empezado todo esto”, trató de ensalzarlo Lemoine. 

Historia de una entrega

Salta Forestal fue creada en 1974, manejada por la Nación y la provincia con el objetivo de realizar un aprovechamiento “integral” y “racional” de los bosques y suministrar carbón, durmientes y postes a empresas del Estado. En 1982 la provincia se quedó a cargo de las 338.331 hectáreas que están en el departamento Anta, en el sur provincial. En 1993, durante el gobierno de Augusto Ulloa (que fuera antes interventor federal de la dictadura militar), se promulgó la Ley Nº 6.727, que declaró a Salta Forestal SA “sujeta a privatización”. 

Fue el gobierno del actual senador nacional Juan Carlos Romero el que adjudicó la concesión de las tierras (que tenía y tiene aún a pequeños productores viviendo y produciendo adentro) a la empresa Ecodesarrollo SA (constituida por Olmedo Agropecuaria SA y Cervera Agropecuaria SA, hoy Cresud SACIF).

En 2010 se sancionó finalmente la ley 7623, que establece el cobro de los cánones a todas empresas que exploten inmuebles del Estado provincial.

Tras una seguidilla de litigios, la provincia logró recuperar 81.819 hectáreas en 2017 pero en calidad de cobro de cánones nunca pagados. Además, recuperó otras 30 mil hectáreas.

La familia Olmedo decidió abrirse del grupo y vender sus derechos de concesión a Anta del Plata. En la transacción original, la concesión de las tierras fue por 64 años.

Aunque se conoce que hubo algún pago por parte del grupo que quedó en manos de Cresud, no existen informes oficiales que indiquen la cantidad de dinero que ingresó a la provincia desde la sanción de la ley, que establece que se debe pagar el 10 por ciento de la totalidad de la cosecha.

Sin canon para privados, sin tierras para el campesinado

Pese a las especificaciones de la norma, los desacuerdos existen. Eso se puede interpretar del decreto 133, de diciembre de 2023, que rechazó una vez más un recurso jerárquico presentado por Cresud.

La controversia fue por la diferencia del pago de la producción de 2.046.320 kilos de maíz pisingallo, en 522 hectáreas, cosechada en 2021. La empresa pagó 4.749.050 pesos de canon. Pero en sus actas de septiembre de 2021 el directorio había establecido que el monto total a pagar era de 6.153.274 pesos. Solo calculando sobre esa superficie, la empresa pagó un canon de un poco más de 9 mil pesos por hectárea en esa campaña, cuando la provincia pedía un pago de 11.787 pesos por hectárea por campaña.

Desde ese momento y hasta la publicación del decreto de diciembre, continuaban los recursos jerárquicos en contra del cobro de la diferencia. En el decreto se indica que en la campaña 2020/2021 se transfirieron 164.934.047 de pesos por la producción de soja, maíz, garbanzo, sésamo, sorgo, chía, poroto mug, poroto negro, trigo y ganadería.

Según indicó el gobernador Gustavo Sáenz al recordar a su amigo Marcelino Sierra tras su fallecimiento, “se sumó a la gestión desinteresadamente y como presidente de Salta Forestal trabajó honradamente, recaudando el canon que permitió la redistribución con los municipios y estableciendo el orden como pauta fundamental de su tarea”. Ahora se espera conocer cuál será el destino con Lupión al frente de la empresa.

Mientras, sigue sin regularizarse la ocupación de pequeños productores que residen desde hace años dentro del amplio predio de Salta Forestal, donde hay al menos 93 puestos en los que se registran 179 familias y 680 personas.