Con ahinco y dedicación, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se dedicó en las últimas semanas a lo que más le gusta: desregular las relaciones laborales (en favor de las patronales). Junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, reglamentaron la reforma (flexibilización) laboral que incluye la Ley Bases. El articulado define la ampliación del período de prueba, la figura del trabajador independiente que no tendrá empleados sino colaboradores y la implementación del sistema de fondo de cese laboral, similar al que tiene la Uocra, que podrá ser utilizado a partir de las nuevas contrataciones como el mecanismo que permite reemplazar las indemnizaciones.

Sturzenegger y Cordero no se olvidaron de eliminar multas y sanciones para empresarios que decidan, a partir de ahora, registrar a sus trabajadores. Es más, y para más beneficio de los patrones, en la Ley de Contrato de Trabajo se excluyen contratos de obras y de servicio como mecanismo de garantizar una relación laboral. 

Según trascendió, hay artículos de la Ley Bases que están relacionados con esta reforma laboral que no se reglamentaron, por pedido de dirigentes de la CGT. Se trata de la posibilidad de despedir con causa a los trabajadores que participen de bloqueos o tomas de establecimiento. El punto es que más allá de que no esté reglamentado, lo cierto es que el dichoso artículo 242, que para muchos tiene como objetivo el sindicato de camioneros, está vigente y generará pleitos en el fuero laboral. Lo cierto es que para algunos especialistas en derecho laboral hasta una asamblea de trabajadores puede ser considerado por la patronal como un bloqueo de la empresa.

La CGT, por ahora, no hizo comentarios al respecto pero si hubo contactos con el gobierno  con el objetivo, como confesaron algunos, de "atemperar" los artículos más críticos. No pareciera que hayan tenido mucho éxito.

La reglamentación fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Ahora los trabajadores podrán ver que a partir de ser regularizados (blanqueados) por sus empleadores solo podrán computar hasta 60 meses de aportes previsionales sin importar que hayan trabajado sin ser registrados mucho más años. 

En el gobierno sostienen que los gremios y las organizaciones patronales no están conformes con esta reglamentación. Todo indica que para los empresarios la reforma es tibia y para los gremialistas no es todo lo malo que era. En la historia reciente ninguna flexibilización laboral resultó positiva para los trabajadores. Para los empresarios sí.

Es más, en la Rosada destacan que el gran gesto que le ofrendaron a la central obrera fue el freno al proyecto de los bloques aliados, con la UCR a la cabeza, que pretendía limitar las reelecciones en los gremios y, sobre todo, eliminar el cobro de las cuotas solidarias.

Lo que más alegra a los funcionarios libertarios es la posibilidad de implementar el Fondo de Cese Laboral. Ese "nuevo" sistema que perjudica a los trabajadores deberá ser incorporado en los convenios colectivos de trabajo. Claro, debe ser acordado por las dos patas de la negociación, gremios y patrones. Habrá tres formas de ponerlo en práctica. Por un lado está lo que llaman el sistema de cancelación individual; luego viene el sistema de fondo de cese solidario y por último el sistema que más agrada en la Rosada, la participación de compañías de seguros.

En cuanto a la extensión del período de prueba, se definió que para los nuevos trabajadores será de 6 meses y se podrá extender dos meses más. Esto corre para firmas de seis a cien trabajadores. Podrá llegar hasta 1 año para empresas pequeñas de hasta cinco trabajadores. En ese período, el trabajador no gozará del preaviso del fin del trabajo y mucho menos indemnización. Ahora bien, en lo que hace al blanqueo laboral se terminaron las multas a empleadores y, sobre todo, se anularán todas las acciones judiciales que pudiesen existir y se condonarán las deudas.